PROBLEMAS

Miranda: Designación de Alfie como perito de Aratirí es un problema ético y político

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, cuestionó la designación del futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, porque fue contratado como perito por Aratirí en un juicio contra el Estado uruguayo, y ello es un “problema ético y político”.

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Alfie declara en Washington a favor de la minera Aratirí en el juicio civil que la empresa entabló contra el Estado uruguayo por su “conducta arbitraria y no transparente, contraria a las legítimas expectativas de los inversores en el proyecto Valentines”. La demanda es por 3.536 millones de dólares.

Conjunción del interés público y privado

Tras la reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, Javier Miranda dijo que la designación de Alfie estuvo en la conversación política de la reunión, “por la alta preocupación que genera una clara situación de conjunción del interés público y privado”.

Cuestionó que “alguien que está designado como futuro director de OPP aparece ahora como perito, para decirlo en términos cotidianos, en un juicio internacional de demanda a Uruguay, pero contratado por el demandante al Estado Uruguayo, quien paga sus honorarios”.

Para el presidente del FA, ello se trata de un “problema ético y político”.

Dijo que el problema no es que Alfie haya participado en el peritaje, “sino que haya sido designado como director de la OPP alguien que está participando de un lado, en un juicio por el cual está comprometido el Estado uruguayo”.

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Por su parte, el domingo 26, el futuro gobierno emitió un comunicado a través del cual manifestó que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, “fue informado desde un primer momento por parte de Alfie a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”.

“Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia”, manifestó el gobierno electo.

Indicó que el objetivo del trabajo fue “elaborar un informe técnico sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay”.

También se expresó que “el documento fue entregado en junio de 2019 y no aborda ni tiene como objeto lo inherente al litigio entre la empresa y el Estado uruguayo”.

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