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El Estado debe seguir en la búsqueda y esclarecimiento de la situación de los desaparecidos

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia presentó este miércoles 6 de noviembre un informe de su actuación, en el cual expresa que “el Estado debe seguir en la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos, y hacer un seguimiento de la jurisprudencia nacional e internacional en crímenes de lesa humanidad”.

desaparecidos

El Grupo fue creado en 2015 con el cometido de colaborar a esclarecer los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco del terrorismo de Estado entre los años 1968 y 1985.

Logros

En el documento se destacan como logros: “la confección de la lista de detenidos desaparecidos, el avance en la consolidación de una lista provisoria de asesinadas y asesinados políticos y fallecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.

Asimismo, se destaca la creación del informe sobre reparación, la respuesta a aproximadamente más de 50 oficios judiciales, la exploración con georradar en tres construcciones del Servicio de Material y Armamento, los 89.598 metros cuadrados excavados en: Batallón 13, Batallón 14, chacra Pajas Blancas, la Montañesa y Neptunia”.

Otros de los aspectos que se resalta son las “intervenciones edilicias en el Batallón 14, tres exteriores con retroexcavadora y seis interiores realizadas manualmente”.

Asimismo, se remarca la importancia de la obtención de una “muestra ósea procedente de Canelones que por pedido judicial fue llevada a Buenos Aires para su identificación a través del análisis genético”.

“El hallazgo de una persona enterrada en el predio militar ex Batallón N°13, identificado luego como Eduardo Bleier Horovitz, dos víctimas del Plan Cóndor, detenidas desaparecidas, esclareciendo la participación de las fuerzas represivas uruguayas. (Fittipaldi y Potenza)”, son dos mojones que se resaltan en el informe.

Asimismo, se hace mención a la colaboración estrecha con los abogados del Estado uruguayo en el juicio Plan Cóndor en Roma, las múltiples respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores, el ingreso a los archivos de FUSNA, Prefectura, rollos del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Archivo del Ejército, legajos, boletines administrativos”.

También se destaca en el informe el desarrollo de programa informático para la lectura y comparación de acervos documentales.

La digitalización de 250.000 imágenes en archivos internos y externos, la indexación de 692.761 imágenes del archivo Berrutti y la realización de una Guía de Lugares de Memoria del Pasado Reciente de Uruguay.

Desafíos

Entre los desafíos, se hace mención a que “el Estado debe seguir en la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos, y hacer un seguimiento de la jurisprudencia nacional e internacional en crímenes de lesa humanidad”.

También se expresa que los acervos documentales “deben continuar siendo digitalizados y garantizar el mayor acceso de los mismos”.

El debe

El coordinador del Grupo Memoria, Verdad y Justicia, Felipe Michelini, dijo que “a partir del año 1985 hubo distintas iniciativas de esclarecimiento pero que la sanción, aplicación e interpretación de la Ley de Caducidad impidió el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad”.

“Hubo un cambio sustantivo en la política a partir del 1º de marzo de 2005 cuando asumió Tabaré Vázquez, tomando el antecedente de la Comisión para la Paz de Jorge Batlle, pero nos enfrentamos a dos problemas: el transcurso del tiempo ya que la investigación se hace más compleja luego de 25 años, y el pacto mafioso de silencio de los perpetradores que han sido muy valientes en el momento de matar, torturar y violar a personas indefensas pero han sido altamente cobardes en el momento de reconocer sus crímenes”, dijo.

Remarcó que el Poder Legislativo levantó los obstáculos que presentaba la Ley de Caducidad y el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de búsqueda y esclarecimiento, pero “lo impresentable es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que aplica la legislación como si fuera el siglo XIX”.

El documento fue distribuido a: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a la Asociación de ex presos políticos CRYSOL, al PIT-CNT y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

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