EL URUGUAY DEL FUTURO

Programa del FA vs Compromiso por el país (PN, PC, CA, PG y PI)

El documento programático del Frente Amplio: “Logros. Hacerlo Mejor” está compuesto por 14 puntos clave, y el “Compromiso por el país” de los cinco partidos opositores (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente) se compone de 13 áreas temáticas. A continuación las dos propuestas íntegras.

Foto: https://flickr.com/photos/squeakymarmot/142104436/
Foto: https://flickr.com/photos/squeakymarmot/142104436/

El documento programático del Frente Amplio: “Logros. Hacerlo Mejor” hace mención a 14 áreas prioritarias, ellas son: Economía; Transformación productiva sustentable; Ciencia, tecnología e innovación; Trabajo y seguridad social; Sector agropecuario; Educación; Ambiente; Seguridad; Agenda de derechos; Igualdad de Género; Salud; Vivienda y Hábitat; Desarrollo humano y Transformación del Estado”.

Por su parte, el documento base del acuerdo multicolor: “Compromiso por el país”, se refiere a 13 puntos: “Un gobierno con las cuentas en orden; Un Estado inteligente y transparente;   Empresas públicas al servicio de la gente; Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad; Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas; Una Policía respetada, una sociedad pacífica; Una política de defensa adecuada al siglo XXI; Transformar la educación; Proteger a los más débiles; Agenda de derechos; Proteger el mundo del trabajo;  Cuidar la salud de los uruguayos; Medio ambiente y bienestar animal.

Frente Amplio: “Logros. Hacerlo Mejor”

ECONOMÍA

15 años de crecimiento ininterrumpido, con 61% de crecimiento del salario real.

Transformamos a Uruguay en el país más igualitario de América Latina y el Caribe mediante el incremento del empleo, los consejos de salarios, el aumento de las pasividades y una reforma tributaria redistributiva.

Las personas que viven en situación de pobreza pasaron de ser el 39,9% de la población en 2004 al 8,6% en 2018.

La inversión pública y el gasto social aumentaron un 136% en 13 años, aumento que fue sustentado en una reforma tributaria redistributiva y en el crecimiento económico.

El gasto público social aumentó 136% en términos reales en el período 2005-2018, disgregado por sector: – Educación: en 2005 se invirtieron 547 millones de dólares, en 2018 fueron 3.063 millones. – Salud: en 2005 era 4,0% del PIB, en 2018 representó el 6,8% del PIB. – Asistencia y seguridad social: de 11,4% del PIB en 2005 a 14,1% del PIB en 2018. • Por primera vez en su historia, Uruguay se desacopló de la región. El PIB de Uruguay creció 19% desde 2011, mientras que el PIB de Argentina y Brasil está estancado en el mismo nivel que tenían en 2011.

El país logró bajar la deuda en relación a su PIB. Hoy toda la deuda es soberana y no condicionada a organismos internacionales como el FMI. La deuda neta pasó del 78% del PIB en 2004 al 41% en 2018.

En 2012 logramos recuperar el grado inversor que habíamos perdido por el desorden generado por los gobiernos blancos y colorados.

Generamos confianza: desarrollamos las condiciones que permitieron la radicación de emprendimientos que nunca antes habían llegado a Uruguay.

Seguiremos garantizándole a Uruguay la estabilidad económica que sólo el Frente Amplio puede lograr: grado inversor, bajo riesgo país, alta solidez financiera, previsibilidad y baja conflictividad.

La solidez macroeconómica nos permitirá seguir evitando que la crisis económica que afecta la región impacte en nuestro país.

Bajaremos el déficit fiscal a un 2% en el próximo período, sin afectar las políticas sociales.

Potenciaremos el crecimiento inclusivo retomando tasas mayores de crecimiento y repartiendo aún mejor la riqueza. Con la llegada de UPM, además del paquete de obras públicas previstas, entre 2020 y 2021 se invertirán 5.000 millones de dólares y se crearán 15.000 puestos de trabajo.

Generaremos más y mejores empleos mediante la transformación de la matriz productiva.

Estimularemos a las pymes y el emprendedurismo, mediante un paquete de medidas focalizadas. Exoneraremos de IRAE y de aportes patronales a medianas y pequeñas empresas en su primer año de vida. ¡Sólo el Frente Amplio da certezas ante un mundo inestable!

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SUSTENTABLE

Estructuramos un sistema de exoneraciones tributarias para fomentar que las empresas inviertan en infraestructura y tecnología.

Realizamos un exitoso proceso de cambio de la matriz energética, avanzando hacia el uso de energías renovables, generando 5 mil millones de dólares de inversión y reduciendo los costos en 500 millones de dólares anuales.

Desplegamos la fibra óptica en todo el territorio nacional y somos pioneros en la introducción de la tecnología 5G, lo que posibilitará una nueva revolución productiva.

Hicimos de Uruguay un país líder en Latinoamérica en el desarrollo de las tecnologías de la información (TIC).

Creamos parques tecnológicos y parques industriales y fomentamos los conglomerados a lo largo de las cadenas de valor de base agrícolas en las que participa el país.

Diseñamos la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050, a partir de un proceso que combinó una fuerte elaboración técnica con mecanismos participativos.

Daremos un salto cualitativo en nuestra matriz productiva, para insertar a Uruguay en el complejo y desafiante panorama mundial, reduciendo fuertemente la dependencia de nuestra economía en la exportación de materias primas.

Avanzaremos en la producción de bienes diferenciados con alto valor agregado y bajo impacto ambiental, que nos permitan ingresar a mercados más exigentes, así como insertarnos en cadenas de valor regionales o globales.

Focalizaremos los esfuerzos estatales para impulsar los sectores productivos con mayor potencial para generar empleos de calidad e insertar productos de alto valor en el mercado internacional:

Producción de alimentos con alto valor agregado, con baja huella ambiental y fuerte trazabilidad.

Productos de ingeniería de la madera, especialmente para su uso en la construcción.

Desarrollo de biorefinerías a partir de biomasa forestal, para sustituir a plásticos y otros productos que hoy se generan con petróleo.

Cadenas de las energías renovables. • Ciencias de la vida.

TICs.

Industrias creativas.

Servicios globales y turismo sustentable. Hacerlo mejor. ¡Vamos por más inversiones verdes, como ya lo hicimos con la energía eólica!

Generaremos un paquete de incentivos para las PYMES: simplificando 600 trámites públicos, impulsando la transformación tecnológica, entre otros.

Crearemos un Sistema Integrado para la Negociación Internacional, con el objetivo de potenciar la generación de acuerdos internacionales que permitan ingresar en más mercados y con los menores aranceles posibles.

Crearemos un Fondo para apoyar esta Transformación Productiva Sustentable, que en 2020 tendrá 120 millones de dólares, generado a partir de las utilidades del BROU y de parte de los presupuestos de las agencias públicas para promover el desarrollo. ¡Vamos a hacer de la ciencia, la tecnología y la investigación los motores del crecimiento futuro!

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Creamos el primer Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la historia de nuestro país, que estuvo acompañado del diseño de programas y políticas específicas.

Generamos un fuerte incremento de la inversión en el sector.

Creamos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que permitió una transformación radical del impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Consolidamos una comunidad académica nacional, con amplio reconocimiento internacional en varios sectores y que se encuentra generando conocimiento del más alto nivel.

Logramos democratizar el acceso a la tecnología mediante la cobertura de fibra óptica, la conectividad internacional con cable submarino y el acceso a computadoras personales y tablets a través del Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá.

Logramos que Uruguay sea un ejemplo mundial en materia de Gobierno Electrónico, lo que nos permitió estar en el selecto grupo de los 9 gobiernos digitalmente más avanzados del mundo.

Generaremos un nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio de la estrategia de desarrollo productivo y humano del país.

Vamos a consolidar nuestro sistema nacional de generación de conocimiento.

Conformaremos un sistema nacional de innovación hacia todos los sectores de la sociedad, particularmente para las PYMES.

Vamos a impulsar la creatividad y la cultura emprendedora en todos los niveles.

Instalaremos ocho Estaciones del Futuro en distintos puntos del país con el objetivo de crear enclaves tecnológicos que atraigan empresas innovadoras y fomenten el desarrollo local trabajo y seguridad social

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Se volvieron a convocar los Consejos de Salarios, lo que ha permitido una mejoría sustantiva en las remuneraciones y en la calidad del empleo.

Los salarios crecieron en promedio 61% más que lo que lo hicieron los precios al consumo entre 2004 y 2018.

El salario mínimo nacional aumentó 300% entre 2004 y 2019.

Uruguay es uno de los países en donde se registró la mayor caída de la desigualdad salarial en la región.

Las jubilaciones y pensiones crecieron 65% por encima de la inflación.

La jubilación mínima se triplicó en términos reales.

La pobreza en los mayores de 65 años disminuyó hasta solamente el 1,4%.

Se creó la ley que regula el trabajo doméstico y se legisló para que los trabajadores rurales que trabajen más de 8 horas cobren horas extras.

Se aprobó la Ley de responsabilidad empresarial sobre la seguridad de los trabajadores.

Se crearon más de 500.000 nuevos puestos cotizantes al BPS, con particular atención en colectivos específicos tradicionalmente excluidos, como son el servicio doméstico y el empleo rural. 4 Hacerlo mejor.

Vamos a crear el Sistema Nacional de Capacitación para la Transición Justa, para recapacitar a trabajadores frente a los requerimientos de la nueva matriz productiva.

Este Sistema alcanzará no sólo a personas desocupadas, sino a las que están en riesgo de perder su trabajo o aspiran a acceder a mejores oportunidades laborales.

El Sistema Nacional de Capacitación para la Transición Justa nos permitirá capacitar a 400.000 trabajadores a lo largo del período, reasignando fondos existentes.

Se crearán incentivos para generar empleos protegidos en áreas geográficas de baja empleabilidad, o para ciertos colectivos específicos, como jóvenes y mujeres.

Mantendremos el modelo de negociación colectiva con el objetivo de proteger y mejorar el empleo, los salarios y las condiciones laborales.

Impulsaremos un amplio diálogo social para modificar nuestro sistema de seguridad social, garantizando su sostenibilidad financiera, manteniendo los altos niveles de cobertura y protección que hoy cuenta e incluyendo las nuevas modalidades laborales. ¡Planteamos soluciones de empleo para ahora, mientras capacitamos trabajadores para los empleo del futuro!

SECTOR AGROPECUARIO

Tras 20 años, logramos que el Mercosur firmara el acuerdo con la Unión Europea y el espacio EFTA con impacto superior a 90 millones de dólares en exoneración de aranceles.

Se habilitaron las exportaciones de carne ovina con hueso a Estados Unidos y bovina sin hueso a Japón.

Consolidamos la política de cuidado del suelo, mediante Planes de Uso y Manejo de Suelos: 1.582.834 hectáreas de cultivos, 652 planes de uso de suelos y nutrientes para lechería en la cuenca del Río Santa Lucía y 424 proyectos de infraestructura en economía circular.

Implementamos el sistema de monitoreo en línea para aplicación de agroquímicos cubriendo 100.000 hectáreas en esta primera etapa, generando confianza entre vecinos.

Desarrollamos el control integrado de plagas en la horti – fruticultura, promoviendo el uso de control biológico y capacitación en buenas prácticas.

Apoyamos a 7.069 productores, 39 millones de dólares, para mejorar gestión de recursos naturales, adaptación al cambio climático e inserción competitiva.

Aprobamos 329 propuestas de organizaciones y estrategias asociativas, por 17 millones de dólares.

Otorgamos 15.502 créditos, por 10 millones de dólares, a población rural sin acceso a otras vías.

Promovimos los seguros climáticos: 80% de cobertura en fruticultura, 60% en horticultura, el 70% agricultura y pilotos en ganadería.

Implementamos el Sistema de Compras Públicas para la producción familiar y pesca artesanal.

Aprobamos electrificación rural a 2.300 familias, por 6 millones de dólares.

Incorporamos más de 120.000 hectáreas al Instituto Nacional de Colonización, más de 3.000 familias, invirtiendo 300 millones de dólares.

Creamos la Dirección de Inocuidad Alimentaria.

Realizamos 25.000 castraciones caninas gratuitas. • Creamos el Instituto Nacional de la Leche, referente en información y políticas.

Constituimos el Fondo de Garantía Lechero, con 36 millones de dólares.

Descontamos el IVA del gasoil a ganaderos, arroceros, lecheros, apicultores y granjeros que tributan IMEBA y bajamos la tarifa eléctrica un 15% a 3.600 productores lecheros, 350 usuarios de riego y a empresas procesadoras de arroz.

En el marco del Sistema Integrado para la Negociación Internacional, crearemos más agregadurías agrícolas y continuaremos la apertura de mercados para productos con mayor valor agregado.

Consolidaremos el Sistema Nacional de Información Agropecuaria como bien público para toma de decisiones y para promover la identificación de productos sostenibles con el ambiente.

Profundizaremos un Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología, público – privado, dirigido a un mínimo de 8.000 productores.

Realizaremos al menos 10.000 capacitaciones por año a profesionales, productores, trabajadores y proveedores.

Avanzaremos hacia planes de gestión predial, integrando suelos, agua, nutrientes, biodiversidad, gestión de fitosanitarios y control sanitario animal.

Profundizaremos la política de inocuidad, a partir de la trazabilidad de los principales alimentos y materiales y protocolización de buenas prácticas.

Implementaremos un plan de agroecología, con promoción y financiamiento específico.

Para viabilizar estas transformaciones, desarrollaremos una estrategia integral de financiamiento, mediante créditos, garantías, seguros, con apoyos a los más vulnerables. Dirigiremos 10 millones de dólares hacia emprendedores jóvenes, estrategias asociativas y territoriales que generen competitividad.

Continuaremos impulsando el desarrollo rural, abordando renovación generacional y equidad de género.

Profundizaremos la política de tierras para productores familiares, sus hijos y trabajadores, en base a capacidades demostradas.

En paralelo, potenciaremos el rol de los organismos regulatorios y de defensa de la competencia para reducir los costos internos y definiremos tarifas públicas que reflejen únicamente los costos de empresa eficiente. ¡La compleja situación actual del sector será una oportunidad para dar un salto en calidad apostando a un nuevo paradigma!

EDUCACIÓN

Pasamos de 543 a 3.063 millones de dólares anuales en educación entre 2005 y 2018.

Duplicamos en términos reales el salario docente.

Aumentamos la cantidad de docentes en todos los niveles.

Mejoramos las condiciones edilicias de todo el sistema educativo (150 centros nuevos y 450 ampliaciones).

Universalizamos la asistencia a centros educativos de todas las niñas y todos los niños de 4 y 5 años y del 85% de los de 3 años.

Aumentamos la cantidad de escuelas y centros con tiempo extendido.

Implementamos el Programa de Maestros comunitarios.

Creamos el Plan Ceibal como primer paso en la democratización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Nunca tanta gente estuvo asistiendo a centros de estudio al mismo tiempo en Uruguay como en nuestros días.

Logramos disminuir a cero el abandono escolar en el pasaje de primaria a secundaria.

50 mil nuevos estudiantes cursan educación media.

Garantizamos el boleto gratuito a todos los estudiantes de enseñanza media.

Expandimos la educación universitaria al interior del país mediante la instalación de Centros Universitarios Regionales.

Creamos la Universidad Tecnológica con sedes en varios Departamentos.

El 54% de la matrícula de la Universidad de la República y el 90% de la UTEC corresponde a estudiantes de primera generación que acceden a la educación terciaria. 6 Hacerlo mejor.

Universalizaremos la enseñanza media, permitiendo que todos los jóvenes puedan ingresar a la formación terciaria.

Mejoraremos los aprendizajes para que todos los estudiantes alcancen el perfil de egreso de la enseñanza media superior.

Transformaremos los centros de enseñanza media en espacios innovadores, generando comunidades educativas estables.

Promoveremos la innovación pedagógica, extendiendo a todos los centros educativos la Red Global de Aprendizajes de ANEP y el Plan Ceibal, la enseñanza por proyectos comunitarios, el trabajo colaborativo y la resolución creativa de desafíos.

Universalizaremos la enseñanza del pensamiento computacional en 5° y 6° de escuela, para la resolución de problemas complejos.

Extenderemos el Plan Ceibal a la enseñanza media superior y formaremos a los jóvenes de la educación básica en ciudadanía digital: huella digital, cyberbulling, reconocimiento de noticias falsas, etc.

Fortaleceremos el Uruguay plurilingüe con la universalización de la enseñanza de inglés, logrando que los jóvenes que egresan de la educación media superior alcancen al menos un nivel intermedio.

Crearemos 5 polos lingüísticos regionales, incorporando el chino como una de las lenguas.

Actualizaremos la estructura curricular, particularmente de la enseñanza media superior, habilitando nuevos trayectos educativos menos rígidos adaptados a las vocaciones de los estudiantes.

Favoreceremos el desarrollo de experiencias de transición educativa integral como los Centros Educativos Asociados (CEA).

Extenderemos a 7 horas el tiempo pedagógico en la totalidad de las escuelas urbanas que lo ameriten, incorporando arte, tecnología y deportes en una propuesta integral.

Buscaremos la transición hacia cargos docentes que combinen docencia directa e indirecta para el acompañamiento de los estudiantes y para promover prácticas pedagógicas innovadoras.

Impulsaremos la formación docente con carácter universitario, promoviendo la investigación para la mejora de la educación.

Profundizaremos el seguimiento personalizado de los educandos en los centros de educación media, especialmente en los de contextos más vulnerables, para acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes y reducir la desvinculación.

Generaremos un Plan de Reconocimiento de Trayectorias Educativas en vinculación con el mercado laboral, dirigido a personas que no culminaron la educación media para que puedan completar ciclos y, eventualmente, continuar su trayectoria educativa, además de acceder a mejores oportunidades laborales.

En consonancia con las políticas de seguridad, generaremos planes de formación específicos para personas privadas de libertad.

Construiremos nueva infraestructura para 200 centros educativos, buscando mejorar el nivel de atención a niños, niñas y jóvenes. Para que todas y todos podamos seguir aprendiendo cada vez mejor, al más alto nivel y a lo largo de toda la vida.

AMBIENTE

Creamos el Gabinete Nacional Ambiental y el Sistema Nacional Ambiental, Elaboramos el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible con metas al 2030.

Aumentamos la capacidad inspectiva y de monitoreo ambiental. Pasamos de controlar 500 emprendimientos a 7.000 en los últimos 10 años.

Incorporamos tecnología para el monitoreo en línea de las empresas más grandes.

Fortalecimos los espacios de participación pública para el diseño, implementación y seguimiento de las políticas ambientales.

Implementamos mecanismos de acceso a la información y de realización de denuncias ambientales en línea.

Creamos el Observatorio Ambiental Nacional, plataforma de libre acceso con más de 2.500.000 datos abiertos.

Se aprobó la Ley para el fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, a partir del impulso y trabajo de organizaciones sociales, de productores, académicos y consumidores junto al Poder Ejecutivo.

Iniciamos procesos de restauración de bosques nativos y ecosistemas de dunas en las playas.

Plantamos más de 3.000 ejemplares de especies nativas en la cuenca del río Santa Lucía.

Realizamos acciones de restauración en 50 playas de los 6 departamentos costeros.

Aprobamos la Ley de Bolsas plásticas y en los primeros meses de su implementación logramos reducir en un 80% su uso.

Aprobamos la Ley General de Residuos, que fue elaborada a través de un amplio proceso de participación ciudadana.

Creamos y fortalecimos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, compuesta de 16 zonas en todo el territorio nacional.

Elaboramos y estamos ejecutando la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

Aumentaremos el control sobre todos los productos químicos incorporando la evaluación de riesgo en ambiente y salud.

Promoveremos alternativas tecnológicas y productivas que disminuyan fuertemente el impacto de los agroquímicos sobre los cursos de agua, los ecosistemas y la biodiversidad.

Desarrollaremos un Programa Nacional de Conservación de Polinizadores, con foco en establecimiento de zonas para su protección.

Promoveremos la diferenciación de la producción agropecuaria nacional, con valor agregado ambiental y social. Esto se hará a través de la incorporación de tecnología, mayores controles, reducción de uso de agroquímicos, estímulo a la producción agroecológica, orgánica y familiar y garantías para el trabajo de las mujeres y jóvenes rurales.

Promoveremos procesos de certificación que nos permitan ser competitivos una vez que entre en vigor el acuerdo con la Unión Europea (UE).

Reduciremos al 2030 en un 40% el ingreso de nutrientes a los cursos de agua a través de la implementación de planes prediales de gestión y el diseño de planes de acción por cuenca.

Incrementaremos en un 50% la cobertura de los planes de monitoreo actuales mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de un Programa Nacional de Monitoreo de Cuencas Hídricas.

Todos los datos sobre calidad del agua estarán disponibles para ser consultados por cualquier ciudadano en tiempo real a través del Observatorio Ambiental Nacional.

Impulsaremos fuertemente la economía circular y el consumo responsable, promoviendo el desarrollo de modelos de producción y de servicios circulares, el reciclaje de productos y los clubes de reparación a través de políticas activas de compras públicas y fondos semilla de alto riesgo. ¡Haremos de Uruguay un líder en sustentabilidad ambiental y en la lucha contra el cambio climático!

Reduciremos en 40% el uso de plásticos de un solo uso a través de la aplicación de la Ley General de Residuos. Al final del quinquenio el país tendrá una tasa de 45% de recuperación de materiales reciclables presentes en los residuos.

Incorporaremos energías renovables en la flota de transporte, especialmente público; llegaremos a un 100% de cobertura de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las principales rutas nacionales.

Consolidaremos una política de restauración de ecosistemas. En este marco, se restaurarán 200.000 hectáreas de ecosistemas naturales.

Crearemos un Instituto de Investigación para atender la demanda de conocimiento para la gestión ambiental del territorio, que trabajará en estrecha coordinación con el Sistema Nacional Ambiental.

Elaboraremos una Ley de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas.

Reorganizaremos, profundizaremos y ampliaremos las oportunidades de participación en el diseño y la implementación de las políticas ambientales, ordenando y simplificando las diversas instancias y aumentando los recursos humanos y económicos dedicados a ellas.

SEGURIDAD

Profesionalizamos la Policía mediante un importante aumento presupuestal. Mejoramos salarios y aumentamos y actualizamos el armamento.

Aumentamos la cantidad de vehículos y la capacidad de patrullaje en todo el territorio a través de la creación del sistema PADO.

Incorporamos tecnología para georreferenciar delitos, priorizando las tareas disuasivas en los puntos más necesarios. Pusimos en funcionamiento 7.000 cámaras de videovigilancia en todo el Uruguay.

Creamos la Guardia Republicana con 2.000 efectivos y jurisdicción nacional e instalamos dos bases regionales en el interior del país. Desarrollamos la vigilancia aérea a través de aviones, helicópteros y drones.

Instalamos 700 tobilleras electrónicas para la protección de víctimas de violencia de género y creamos 56 unidades de atención especializada en todo el país.

Abordamos la violencia en el deporte a partir de la instalación de cámaras de identificación facial, venta controlada de entradas y derecho de admisión en espectáculos deportivos.

Iniciamos la estrategia por la vida y la convivencia generando políticas interinstitucionales que comienzan a abordar el problema de la seguridad de manera integral.

Destinaremos el 30% de los funcionarios que ingresan para fortalecer el funcionamiento de las Comisarías y la Policía Comunitaria.

Haremos más y mejor patrullaje intensivo en los barrios.

Ampliaremos y mejoraremos el PADO con sistemas móviles de videovigilancia de apoyo y rotación sistemática de los lugares que se patrullan para evitar que sea predecible.

Ampliaremos los operativos Mirador en los barrios del área metropolitana y en todos los departamentos del interior del país, buscando desmantelar estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Realizaremos una persecución sistemática a las bocas de venta de drogas en los barrios.

Extenderemos a 10.000 cámaras el sistema de videovigilancia en todo el país.

Fortaleceremos el combate al abigeato con más personal y vehículos 4×4, equipos de visión nocturna y drones para patrullar áreas extensas donde hay faenas clandestinas.

Aumentaremos a 1.500 la cantidad de tobilleras para la atención a las víctimas de violencia basada de género.

Seguiremos instalando en todo el país Unidades de Violencia Doméstica, alcanzado a 70 oficinas especializadas en 2025.

Cambiaremos la política carcelaria, poniendo énfasis en la rehabilitación de los presos: al menos el 70% de las 11.000 personas privadas de libertad estudiarán o trabajarán.

Apoyaremos la reinserción laboral y social del excarcelado, fomentando programas de capacitación con Inefop y la creación de un sistema de seguimiento.

Fortaleceremos los controles institucionales para evitar la corrupción policial.

Introduciremos tecnología en todas las fases del trabajo policial para respaldo de las actuaciones.

Promoveremos que la Junta de Transparencia tenga una mayor capacidad de auditoría real del patrimonio y bienes de los niveles jerárquicos del personal del Ministerio del Interior.

Fortaleceremos la Dirección de Asuntos Internos en tanto área de investigación de procedimientos policiales con personal especializado.

Impulsaremos el programa “Más barrio” con el objetivo de desplegar un shock de ciudad en al menos 25 zonas vulnerables en las que hoy viven 80.000 personas. “Más barrio” implicará un conjunto integral de acciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos barrios, brindar otras oportunidades a los jóvenes y desarticular grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. ¡Seguridad y convivencia: una mejor calidad de vida para todas y todos!

AGENDA DE DERECHOS

Aprobamos la Ley de Concubinato, que otorga a las personas que viven en pareja derechos que tenían solamente las personas casadas.

Extendimos la licencia por maternidad y paternidad.

Aprobamos la ley que regula la producción, distribución y venta del cannabis, trazando un camino alternativo para enfrentar el narcotráfico y regular el consumo de sustancias.

Aprobamos el matrimonio igualitario.

Aprobamos la Ley de Atención integral para personas trans, asegurando el derecho a este colectivo a una vida libre de discriminación y estigmatización.

Aprobamos la Ley de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas.

Aprobamos la Ley de Acciones Afirmativas para personas Afrodescendientes.

Seremos activos defensores de los avances en materia de derechos, para lo que será determinante elegir un Parlamento sin mayorías conservadoras.

Mejoraremos la acogida de personas migrantes y su inserción en nuestra sociedad.

Profundizaremos en la implementación de la Ley 19.122 de acciones afirmativas para las personas afrodescendientes.

Pondremos especial atención a las personas en situación de discapacidad, mediante políticas que garanticen su inserción educativa y promuevan su autonomía económica. ¡Sin una sociedad integrada no seríamos Uruguay!

IGUALDAD DE GÉNERO

Se consagró el derecho a la identidad de género.

Se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Se aprobó la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres basada en Género.

Fortalecimos el Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género con 27 servicios en todo el territorio nacional, 19 dispositivos de articulación territorial y 6 equipos de atención a varones agresores.

Se aprobó la Ley de Cuotas, con la que una de cada tres integrantes del Parlamento, intendencias, juntas departamentales, municipios y juntas electorales tiene que ser mujer.

Lucharemos incansablemente contra la violencia basada en género y su manifestación más extrema, que es el femicidio, garantizando la aplicación de la Ley Integral y mejorando el sistema de respuestas.

Profundizaremos en la promoción de la corresponsabilidad social en relación a las tareas de cuidados de las personas dependientes.

Fortaleceremos la implementación de las políticas de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Fortaleceremos las políticas para promover la autonomía económica de las mujeres y para luchar contra la brecha salarial por razones de género.

Promoveremos la participación de las mujeres en los altos cargos de decisión, en igualdad de condiciones con sus pares varones, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad democrática de nuestro país. ¡Asumimos el compromiso de que el próximo gabinete será paritario!

SALUD

¡Los jóvenes de entre 18 y 23 años, pasarán a tener FONASA por el aporte de sus padres!

Creamos el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que garantiza la cobertura y acceso universal de toda la población.

Integramos al FONASA a 2.535.598 personas con afiliación al 2017. Antes de la reforma solo 700.000 usuarios tenían DISSE, y el resto debía pagar una cuota independiente de sus ingresos.

Incorporamos los medicamentos de alto precio en las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos.

Desde 2004 Uruguay registra una fuerte caída de la tasa de mortalidad infantil que se redujo más de un 50%.

Multiplicamos por cuatro las inversiones edilicias y de equipamiento en ASSE.

Construimos un nuevo hospital en Colonia y el hospital Libertad de atención traumatología.

Refaccionamos los hospitales Maciel y Pasteur, ambos centros galardonados por el Instituto Nacional de Calidad.

A través del Hospital de Ojos se realizaron 90.000 intervenciones en los últimos 11 años.

Redujimos el tiempo de espera para concretar trasplantes, gracias a que desde 2013 los uruguayos somos donantes de órganos por ley.

Aumentaremos la eficacia y la eficiencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, fortaleciendo las capacidades de control de la calidad.

Incorporaremos la atención a la salud bucal, la salud mental, el tratamiento de las adicciones y la rehabilitación, formulando un Plan Nacional de Rehabilitación.

Construiremos la ruta de la cobertura universal a través del Seguro Nacional de Salud financiado por el Fonasa, evitando la superposición de cobertura con fondos públicos.

Fortaleceremos la promoción de una alimentación saludable, consolidando la estrategia de etiquetado frontal de alimentos, regulando la publicidad de productos y utilizando instrumentos económicos para favorecer conductas alimentarias saludables.

VIVIENDA Y HÁBITAT

Realizamos 7.495 realojos de hogares que se encontraban en zonas inundables o contaminadas.

Construimos 39.204 viviendas nuevas en estos 15 años y hay 10.200 en construcción.

Urbanizamos 425 hectáreas, incluyendo 11.000 hogares en 91 asentamientos, que fueron transformados mediante cobertura de saneamiento, agua potable, calles, alumbrado y equipamientos sociales y comunitarios.

Recuperamos de la quiebra al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que hoy es líder en el mercado inmobiliario y lleva otorgado 16.000 préstamos desde el 2008 a la fecha.

Creamos la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que pasó a gestionar 54.176 créditos de la cartera social del BHU, 44% de los cuales ya fueron pagos.

Recuperamos viviendas vacías y edificios inconclusos, adjudicando 3.118 nuevas viviendas.

Creamos la cartera de tierra e inmuebles que permitió la construcción de vivienda social en todo el país.

Duplicamos la inversión pública en vivienda en relación al PBI, pasando del 0,3% en 2005 al 0,6% en la actualidad.

Consolidamos un sistema normativo que da soporte a las políticas de vivienda y ciudad: Ordenamiento Territorial, Inmuebles vacíos y degradados, Subsidios, Garantías, Viviendas promovidas y Estrategia Nacional de uso del suelo.

Construimos 10.135 viviendas con Mevir mejorando la calidad de vida de las familias del medio rural y construimos 170 locales para equipamiento comunitario.

Otorgamos la propiedad a 5.238 familias en el medio rural.

Terminaremos con la situación de precariedad habitacional de 20 mil hogares que se encuentran en asentamientos irregulares. Esto incluirá la construcción de nuevas viviendas, rehabilitación de existentes, infraestructura y equipamiento urbano.

Articularemos la política de vivienda en clave socio-territorial, en conjunto con las políticas ambientales, educativas, de empleo, de salud y de seguridad.

Aumentaremos los préstamos y subsidios para refacción, ampliación y mejora de viviendas, canastas de materiales y asistencia técnica.

Crearemos el subsidio parcial para alquiler; habilitaremos préstamos flexibles y bonificados para refacción de viviendas con destino al alquiler e incrementaremos la producción pública de viviendas para alquiler social.

Promoveremos un mayor acceso al crédito para compra de vivienda usada y refacciones, disminuyendo el ahorro previo solicitado y mejorando la relación cuota/ingreso.

Incentivaremos una mayor inversión privada en vivienda, articulada con la inversión pública. Combinaremos financiamientos mixtos, mediante reglas claras, transparentes y previamente establecidas.

Apoyaremos al sistema cooperativo de viviendas en todo el país. Estimularemos los proyectos cuya localización favorezca la integración socio territorial, la construcción en áreas consolidadas y la innovación constructiva y de gestión.

Reestructuraremos la cartera de inmuebles para la vivienda social y la dotaremos de fondos especiales para adquirir suelo y crear las infraestructuras básicas.

Estimularemos la incorporación de tecnologías para la construcción de vivienda social. Haremos énfasis en aquellos sistemas o materiales que agreguen valor en cadenas productivas (madera), generando empleo, disminuyendo costos y plazos.

Ampliaremos la oferta y el acceso a viviendas para jóvenes en todo el país, vinculado a la regionalización educativa.

Promoveremos nuevas modalidades de vivienda, residencias estudiantiles con Intendencias y becas de alojamiento para jóvenes a partir de la descentralización de la UTEC y la UDELAR.

Aumentaremos la construcción de viviendas en el medio rural. Incorporaremos localidades intermedias al programa MEVIR y aumentaremos la construcción en predios rurales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores.

DESARROLLO HUMANO

Redujimos la pobreza infantil a la cuarta parte y ampliamos los servicios de cuidados, salud y educación, desarrollando programas de atención a las familias para la integración social de toda la población. • Creamos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados con 5.000 personas que tienen derecho a asistentes personales y más de 1.000 personas mayores al servicio de teleasistencia en casa.

Extendimos la cobertura de centros de educación y cuidado en primera infancia, alcanzando a más de 77.000 niñas y niños.

Realizamos más de 200 mil visitas desde 2012 para la implementación y control de los programas de Asignaciones Familiares y Tarjeta Uruguay Social.

Implementamos programas de promoción de las capacidades laborales y sociales que brindaron oportunidades de empleo, formación y asistencia a más de 30 mil personas.

Logramos cobertura universal de Seguridad Social y de Salud para Adultos Mayores, reduciendo la pobreza en mayores de 65 años de 18% en 2004 a 1,4% en 2018.

Nos comprometemos en la construcción de una sociedad que iguale oportunidades desde el punto de partida, centrada en la mejora de la calidad de vida de todas y todos, priorizando la infancia y la adolescencia, desde una perspectiva de derechos humanos.

Impulsaremos una nueva generación de políticas públicas que permita resolver de manera efectiva las necesidades de la ciudadanía, a partir de una mayor coordinación de las políticas de vivienda, trabajo, salud, educación, cultura, cuidados, entre otras.

Abriremos 125 nuevos centros de educación y de cuidado, incorporando a todos los niños y niñas de tres años, y ampliaremos el horario de atención en todas las edades.

Desarrollaremos un Programa nacional por una niñez y adolescencia libre de violencias, para la prevención y abordaje del maltrato y abuso sexual, el acceso a la justicia y al abordaje terapéutico.

Generaremos instrumentos para promover el acceso a soluciones habitacionales para poblaciones con dificultades específicas, especialmente para mujeres jefas de hogar y jóvenes.

Ampliaremos las oportunidades de empleo de calidad y los programas de trabajo protegido para personas con dificultades de integración laboral, especialmente para mujeres jefas de hogar y jóvenes.

Reordenaremos el Sistema Nacional de Becas como el pilar de apoyo económico al desempeño educativo.

Atenderemos el acoso escolar con enfoque étnico racial, de género y de diversidad sexual. Hacerlo mejor.

Avanzaremos en el Plan Nacional de Adolescencia y Juventud centrándonos en el acompañamiento para el estudio, la formación profesional, el acceso a la vivienda, a la salud y a la cultura.

Extenderemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ampliando la cobertura de los servicios para personas mayores a partir de los 75 años, personas con discapacidad mayores de 30 y personas dependientes con trastornos de salud mental.

Ampliaremos las propuestas de integración para las personas en situación de discapacidad, apoyando la culminación de los estudios y acompañando el acceso a puestos de trabajo.

Promoveremos la autonomía de las personas mayores, habilitando más espacios de encuentro y socialización; regulando y supervisando Centros de Larga Estadía y ampliando servicios de atención a situaciones de maltrato.

Implementaremos una estrategia para prevenir la situación de calle y promoveremos la integración social de las personas que se encuentran en esa situación, pasando paulatinamente del régimen de refugios a otras alternativas que incrementen su autonomía, a través de soluciones habitacionales, inserción laboral y acompañamiento social y sanitario.

Fortaleceremos el acceso al trabajo y educación de las personas privadas de libertad y sus familias, acompañando su egreso.

Promoveremos un Plan Nacional de Mujeres y Juventudes Rurales, que involucre trabajo, capacitación, acceso al crédito y generación de oportunidades, participación, servicios, asociativismo, rutas de salida a situaciones de violencia.

TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

Demostramos que un Estado presente es el mejor escudo para los más débiles, reforzando áreas sociales como salud, educación o seguridad.

Mejoramos la eficiencia de las Empresas Públicas:

– Se redujo la cantidad de funcionarios.

– Se redujeron las horas extra.

– Se racionalizaron las inversiones.

– Se estableció el concurso y el sorteo como ingreso a la función pública, a diferencia de lo que sigue pasando en algunas intendencias del interior del país.

Se creó la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo Estado.

Seguiremos construyendo el Estado del siglo XXI: eficiente, eficaz, dinámico, transparente y, fundamentalmente, al servicio de la gente.

Avanzaremos hacia una nueva generación de políticas públicas, mucho más transversales y focalizadas en la resolución efectiva de los problemas.

Definiremos el presupuesto del Estado por programas y por proyectos, en función de los objetivos de la política pública.

Introduciremos instrumentos modernos de gestión de las políticas públicas, tal como sucedió en estos años en la Intendencia de Montevideo, permitiendo aumentar la eficacia y la eficiencia de las acciones del Estado.

Potenciaremos los instrumentos de evaluación, trabajando con indicadores y metas que permitan garantizar los resultados buscados, en los tiempos y costos previstos.

Seguiremos mejorando la eficiencia de las empresas públicas.

Potenciaremos la Junta de Transparencia del Estado (JUTEP), dotándola de mayor presupuesto y realizar ajustes normativos en la tipificación de los delitos de corrupción, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.

Seguiremos construyendo un Estado inteligente que cuente con las herramientas para dar respuestas ágiles a las necesidades del país.

Coalición multicolor: “Compromiso por el País”

Las grandes líneas estratégicas sobre las que acordó la oposición son las siguientes:

UN GOBIERNO CON LAS CUENTAS EN ORDEN

Los últimos gobiernos no supieron administrar la abundancia de la que se beneficiaron. A pesar de que dispusieron de más dinero que ningún otro gobierno en la historia nacional, hoy tenemos un déficit fiscal que no para de crecer, una inflación fuera de los límites fijados por el propio gobierno y una deuda que crece a un ritmo insostenible. Las necesidades fiscales, traducidas en aumentos de impuestos y tarifas, en emisión de deuda y en atraso cambiario, han puesto contra las cuerdas al sector productivo, lo que derivó en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo. Nosotros nos comprometemos a un manejo cuidadoso y responsable del dinero de todos.

Los recursos que se vienen malgastando son aportados con esfuerzo por los uruguayos. Para cortar este ciclo nos comprometemos a impulsar medidas tales como:

  • Disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio
  • Realizar durante 2020 una auditoría de gestión, dentro del marco constitucional vigente, que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos
  • Identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social. Aspiramos a un Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables
  • Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una Regla Fiscal de Balance Estructural
  • Avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una lógica de “base cero” para todos los gastos discrecionales
  • Reducir progresivamente la flota vehicular del Estado, en consonancia con las necesidades de cada repartición
  • Analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles
  • Reducir los cargos de particular confianza, especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública
  • Reducir la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles

UN ESTADO INTELIGENTE Y TRANSPARENTE  

Durante los últimos años, el Estado se ha vuelto más ineficiente, más opaco y más burocrático. Nosotros nos comprometemos a impulsar una reforma del Estado que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

  • Crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, vinculándola con agencias ya existentes como la Auditoría Interna de la Nación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
  • Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea
  • Jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria
  • Fortalecer las capacidades del Estado en Planificación Estratégica
  • Concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos
  • Fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas
  • Firmar contratos por resultado con organizaciones que proveen servicios públicos
  • Humanizar la función pública, mejorando de las condiciones de trabajo de los funcionarios • Fortalecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas
  • Fortalecer las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva
  • Avanzar en la descentralización: fortalecer los gobiernos locales, asignándoles más competencias y recursos
  • Promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales
  • Plan de desburocratización y simplificación de trámites, con apoyo en la tecnología • Plan de aprovechamiento y evaluación del estado de conservación de inmuebles del Estado • Incorporación de un paquete de leyes anticorrupción: enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio

EMPRESAS PÚBLICAS AL SERVICIO DE LA GENTE

Las empresas públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio de las empresas públicas. Experiencias como la de ANCAP revelan cuánto nos hemos alejado de este principio básico. Para recuperar el sentido original de estos organismos que forman parte de nuestras tradiciones institucionales, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

  • Concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas
  • Aplicar a las empresas públicas las mejores prácticas de gobierno corporativo
  • Aprobar un manual general de Principios de Gestión de empresas públicas, y de protocolos para la selección de integrantes de los directorios
  • Promover la designación directorios profesionales, y establecer la obligación de coordinar con el Parlamento la presentación y seguimiento de planes estratégicos
  • Revisar los criterios de presentación de los estados económico-financieros
  • Establecer mecanismos de control estricto y eficaz de las empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión
  • Fortalecer las unidades reguladoras, ampliando sus competencias y otorgándoles más independencia y mayores recursos
  • Fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras

IMPULSO AL CRECIMIENTO: DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

A la riqueza nacional la generamos los uruguayos con nuestra creatividad, nuestra energía y nuestro esfuerzo. Por eso se necesita reactivar la economía, generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores. Es fundamental implementar medidas que mejoren las condiciones de vida de los uruguayos.

Para eso nos comprometemos a medidas tales como:

  • Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad
  • Avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas
  • Avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica • Impulsar al sector agropecuario como motor de la economía
  • Avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad
  • Fortalecer técnicas productivas y líneas de investigación que promuevan una producción ambientalmente sostenible
  • Impulso a la agroindustria. Estímulo a la formación de Clusters de Conocimiento y Experiencias agroalimentarias entre universidades, centros tecnológicos, productores y operadores del sistema alimentario doméstico e internacional. Impulso y fomento a la incorporación de I+D+i
  • Plan de mejora de la seguridad rural, particularmente en relación al abigeato
  • Reactivar sectores del agro con altos niveles de productividad y calidad, que hoy se encuentran en problemas (como la lechería, el arroz, la granja, la vitivinicultura y la apicultura) así como la producción familiar y la ruralidad
  • Promover la contratación de seguros agropecuarios en sectores que hoy cuentan con bajos niveles de cobertura
  • Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales
  • Elaborar y poner progresivamente en práctica de un programa de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con visión logística y territorial, que reduzca los costos asociados de transporte al mismo tiempo que actúe como generador de empleo
  • Modificar el régimen de PPP, con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados
  • Impulsar medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, incluyendo un régimen tributario especial
  • Fomentar la cultura emprendedora. La generación de nuevos emprendimientos crea empleo, pero además debe ser concebida como una herramienta para el desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora de las condiciones de vida
  • Promover la creación de parques industriales y mejorar la Ley de Promoción de Inversiones
  • Promover un turismo sostenible y competitivo, desestacionalizando la actividad, diversificando los públicos y mejorando la conectividad aérea, terrestre y marítima
  • Fortalecer el mercado de valores como vía para generar mejores oportunidades de financiación a las micro y pequeñas empresas
  • Modificar la Ley de Inclusión Financiera. La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del sistema de intermediación financiera. La elección debe ser del usuario

INSERCIÓN INTERNACIONAL: ABRIR MERCADOS Y HACER ALIANZAS

Tras años de una política exterior movida por las “afinidades ideológicas”, el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado del mundo. Las condiciones en las que podemos entrar a muchos mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos. Una mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo, sobre la inversión y sobre las condiciones de vida de los uruguayos. Por eso nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

  • Realinear nuestra política exterior con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho
  • Establecer un Plan Estratégico de Política exterior 2020-2025, que guarde estrecha relación con las necesidades y oportunidades del país productivo
  • Reorientar, reentrenar y redesplegar el Servicio exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial. Se impulsará una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos
  • Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros. Necesitamos un Mercosur moderno, ágil y flexible
  • Presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral
  • Hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades que presentan los acuerdos ya firmados por Uruguay, como el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC
  • Impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente con los principales países del Sudeste y Sur de Asia
  • Estimular el comercio electrónico mediante el uso de plataformas digitales
  • Programa de internacionalización de la tecnología que incluya la instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y para promover la cooperación de la industria local con industrias globales
  • Fortalecer a las entidades de fomento y desarrollo de comercio e inversiones, potenciando su impacto y eliminando duplicaciones
  • Desarrollar una política de fronteras que responda a desequilibrios de corto y mediano plazo. Hay que analizar la estructura de costos del comercio fronterizo, implementando medidas que permitan su competitividad
  • Desarrollar la diplomacia cultural

UNA POLICÍA RESPETADA, UNA SOCIEDAD PACÍFICA

El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como vehículos de rehabilitación y reinserción, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Medidas como las que se proponen en esta sección deben ir acompañadas de un trabajo de más largo aliento sobre las causas del delito, en particular la exclusión social:

  • Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República
  • Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado
  • Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias
  • Fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral. Profesionalizar los procesos de selección y valoración de competencias, desarrollar capacidades institucionales para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado
  • Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio
  • Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal
  • Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y Policía Aérea, y personal militar realizando operaciones de vigilancia de cárceles y fronteras, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza
  • Modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios
  • Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por el perfil de las personas privadas de libertad
  • Construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad
  • Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socio-educativos
  • Revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento
  • Revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas
  • Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos, preservando su confidencialidad. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)
  • Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que incorporará bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales, regionales o móviles
  • Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas, creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional
  • Fortalecer el vínculo y coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Justicia Penal. Reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas • Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones
  • Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género
  • Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y tendrá la responsabilidad de reimplantar el sistema de orden y seguridad en el sistema penitenciario
  • Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos, extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando equipos de rescatistas para emergencias

 UNA POLÍTICA DE DEFENSA ADECUADA AL SIGLO XXI

En una democracia, el diseño y ejecución de la política de defensa y de su componente esencial, la política militar, es tarea del poder civil. La conducción de la política de defensa, y de su componente esencial: la política militar, es una de las responsabilidades de todo gobierno. Hoy hace falta ajustar esa política a los desafíos de un siglo XXI que plantea nuevas realidades. En este marco, nos proponemos impulsar medidas tales como:

  • Asegurar la continuidad de la participación en Operaciones de Paz, en el marco de la organización de Naciones Unidas y en cumplimiento de acuerdos internacionales suscriptos, mediante el despliegue de contingentes militares, observadores militares, policiales e integrantes en Estados Mayores Multinacionales
  • Protección integral de la soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo el subsuelo, las reservas de agua potable, el mar territorial y el espacio aéreo
  • Desarrollar una planificación de largo plazo para la incorporación de los medios necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas, recurriendo entre otras cosas a acuerdos de Estado a Estado
  • Modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos
  • Establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos
  • Reforzar la presencia del país en el Continente Antártico

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser. Los últimos gobiernos han sido incapaces de generar mejoras significativas. Para lograrlo, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

  • Ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la atención a la primera infancia, con foco en el niño y su derecho a ser cuidado, desarrollarse y aprender
  • Fortalecimiento del rol de Ministerio de Educación y Cultura como institución responsable de la política educativa nacional, sin perjuicio de los cometidos de la ANEP, la UDELAR y la UTEC • Fortalecimiento de los centros educativos como comunidades privilegiadas para la generación de aprendizajes
  • Modificar el Estatuto Docente de ANEP, para que la antigüedad deje de ser el factor determinante para el ascenso y se valore la evaluación y formación, respetando los derechos adquiridos
  • Extensión del tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el país
  • Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP
  • Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los 18 años, y que se fundamente en la formación por competencias
  • Impulso a la formación dual y otras modalidades que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo de la producción y del trabajo
  • Desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan, iniciándolos en el aprendizaje de oficios y en la incorporación de nuevas tecnologías constructivas
  • Fortalecer el rol director del CODICEN de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes
  • Plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente, que incluya un sistema de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones formadoras
  • Profesionalizar las funciones de dirección y supervisión, mediante la formación de recursos humanos y la creación de condiciones institucionales para nuevas modalidades de liderazgo educativo
  • Impulsar al INEEd como agencia evaluadora independiente, a la que se dotará de los recursos y de una gobernanza adecuada, que cumpla el principio de que quien presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa
  • Profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación, apoyándonos en la experiencia del Plan Ceibal y de la UTU
  • Integrar a las familias al proceso educativo
  • Trabajar para lograr un cambio cultural desde una educación segregada hacia una educación inclusiva, que respete la diversidad y reconozca la riqueza y el valor que la discapacidad agrega a la sociedad
  • Fortalecer las asambleas Técnico Docentes como ámbitos de reflexión y propuesta educativa
  • Desarrollar de la UTEC del país, apostando a la creación de nuevas carreras tecnológicas en el interior del país y aumentando el número de plazas disponibles
  • Asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública

PROTEGER A LOS MÁS DÉBILES

Uno de los mayores desafíos que enfrentamos los uruguayos es recuperar la integración y la justicia social. Siempre fuimos la sociedad más integrada y con mejor distribución del ingreso en América Latina. Hoy estamos golpeados por la fractura social, la marginalidad y la vulnerabilidad económica de muchos hogares. Nosotros queremos romper los ciclos generadores de desigualdad y de exclusión. Para eso nos comprometemos, entre otras cosas, a impulsar las siguientes medidas:

  • Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES, incrementando su efectividad, reduciendo la burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los gobiernos departamentales, con las familias y con la sociedad civil
  • Dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de la formación de la persona y como momento en el que se juega buena parte de la igualdad de oportunidades. Nos proponemos asegurar una atención integral que alcance a todos los niños
  • Mejorar la eficacia de las Asignaciones Familiares y otras formas de transferencia monetaria, manteniendo el nivel de las prestaciones
  • Desarrollar políticas sociales en diálogo y articulación con las familias, como agente fundamental de protección, contención e impulso al desarrollo personal. Las políticas sociales no deben focalizarse en los individuos aislados, como si el entorno familiar no existiera, sino articular con él y tomar las precauciones necesarias para preservarlo. Esta tarea ha de ser realizada desde una actitud de diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias
  • Reorganizar y coordinar el conjunto de agencias estatales que actúan en lo social: MIDES, INAU, ANEP, INJU, programas específicos del MSP, Ministerio de Vivienda, ANV y de los gobiernos departamentales, etc.
  • Fortalecer y ampliar la cobertura de los centros CAIF
  • Profundizar las políticas de prevención a bordaje al maltrato y al abuso infantil
  • Revisar y rediseñar los mecanismos de adopción, promoviendo un acortamiento de procesos en un marco de garantías adecuadas para todas las partes
  • Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica.
  • Reformular la institucionalidad de la vivienda, y promover el acceso mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades de crédito, la reducción de costos fiscales, la incorporación de nuevos sistemas constructivos, la generación de nuevos mecanismos de alquiler y la promoción de la ayuda mutua y de la autoconstrucción
  • Fortalecimiento del programa MEVIR, complementándolo con el desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios
  • Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia
  • Promover el deporte desde un enfoque social, aprovechando sus potencialidades como instrumento de integración social, de construcción de sentido comunitario y de desarrollo personal
  • Fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol
  • Crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población
  • Estandarizar los criterios para certificar la discapacidad, eliminando la inequidad en el acceso a las ayudas extraordinarias AYEX y las pensiones otorgadas por el BPS
  • Impulsar el desarrollo de ciudades accesibles, priorizando la solución de problemas de accesibilidad a centros educativos, dependencias estatales y espacios públicos
  • Desarrollo de programas que compensen las desventajas generadas por la diabetes y la enfermedad celíaca
  • Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad
  • Reducir progresivamente las tasas de los préstamos que el BPS y el Banco República ofrecen a los pasivos
  • En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS

AGENDA DE DERECHOS

Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de fronteras. Esta tarea, tal como la concebimos, debe permear toda la acción de gobierno, incluyendo, entre otras, a las políticas sociales, la política educativa, la política carcelaria y la política exterior. En este marco, nos comprometemos entre otras cosas a impulsar las siguientes acciones:

  • Combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades
  • Fomento de políticas públicas de conciliación entre la vida laboral y la vida doméstica, como manera de disminuir la brecha de oportunidades entre géneros
  • Rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes, víctimas de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y todo otro grupo que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación
  • Mantener la legislación vigente y continuar trabajando en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico, por su orientación sexual o por otras características personales
  • Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos
  • Nos comprometemos a llevar adelante políticas públicas acordes con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico Universal al que nuestro país está sometido como parte del compromiso global de defender una vida digna para todas las personas. No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras.

PROTEGER EL MUNDO DEL TRABAJO

Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto. Al mismo tiempo hace falta dar respuesta a los cambios sustanciales que se están produciendo, de la mano de la revolución tecnológica y la rápida transformación de las formas de vida.

  • Defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos
  • Reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales
  • Creación de Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que se encargará de suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial
  • Avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores
  • Para que la política salarial sea sostenible y el salario real crezca a lo largo del tiempo, se pondrá énfasis en mejorar los niveles de productividad.
  • Levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación colectiva
  • Legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, e incorporar en la legislación mecanismos supletorios de resolución de conflictos
  • Actualización y sistematización de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo
  • Creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional Continua, que asegure permanentes oportunidades de mejora a los trabajadores, al tiempo que favorezca la innovación y la productividad
  • Mantener y profundizar el programa “Uruguay trabaja” (Ley 18.240), en el entendido que los sectores más vulnerables de la sociedad necesitan el mayor apoyo del Estado
  • Incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas, mediante reducciones de aportes patronales y mecanismos como los establecidos por la Ley 19.689 del 23 de octubre de 2018
  • Nos proponemos reformar las leyes de empleo juvenil, que claramente no han generado los efectos esperados. Crearemos a tal efecto un grupo de trabajo multipartidario con sólido apoyo técnico • Impulso al cooperativismo

CUIDAR LA SALUD DE LOS URUGUAYOS

Uruguay gasta más del 9 % del PBI en salud. Se trata de una cifra muy alta, comparable a la que gastan los países escandinavos. Con ese volumen de gasto, todos los uruguayos deberían estar accediendo a una salud de primer nivel. Pero no es eso lo que ocurre. La conclusión, una vez más, es que se está gastando mal. Los problemas del Sistema Nacional Integrado de Salud no están en los principios que lo rigen (universalización, fortalecimiento de la medicina preventiva, complementación de servicios, canasta mínima de prestaciones garantizadas, subsidio de la demanda) sino en la inmensa distancia que existe entre esos principios y el funcionamiento real del sistema. Nosotros nos proponemos reducir esa brecha. Para eso, nos comprometemos entre otras cosas a:

  • Fortalecer el peso del MSP en el funcionamiento del sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria que le daba la Ley N°9.202, y posteriormente la Ley N°18.211
  • Proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los prestadores. Es necesario superar el “corralito” mutual, buscando un nuevo equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema
  • Emprender una reforma integral de ASSE, para transformarla en un prestador eficaz y eficiente. Equiparar las obligaciones y el paquete de prestaciones de ASSE al de los demás prestadores integrales de salud, a la luz de lo definido en el Plan Integrado de Atención en Salud (PIAS). Para las prestaciones que no incluye el PIAS, se estudiará caso a caso la mejor forma de cubrirlas
  • Crear una agencia independiente de evaluación de tecnologías
  • Mejorar el sistema de información en salud, mediante la incorporación intensiva de TIC al proceso de toma de decisiones
  • Adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona
  • Reforzar los acuerdos con organismos que se ocupan del desarrollo humano (por ejemplo, SOCAT del MIDES, ANEP, INAU), así como con la comunidad organizada, para apuntalar en el Primer Nivel de Atención la coordinación y eficacia de las acciones dirigidas a los grupos de mayor riesgo de la población
  • Concretar la complementación de servicios públicos y privados en todo el país (complementariedad interinstitucional)
  • Crear un sistema de incentivos que favorezca de manera no compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior
  • Desarrollar una telemedicina de calidad y organizar rondas sanitarias periódicas en zonas rurales y pequeños centros urbanos, con móviles equipados con ecógrafo, equipo de RX, mamógrafo, electrocardiógrafo, sillón odontológico, equipamiento para extracción y conservación de muestras de laboratorio, kits de tamizaje para patologías prevalentes, etc., con uso de la telemedicina
  • Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones, y en su financiamiento
  • Poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan Nacional de Adicciones y Salud Mental, que tendrá carácter nacional (urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e intervención sicológica. Se prestará especial atención a las problemáticas de la depresión, el consumo problemático de sustancias, abuso sexual, bullying, auto y heteroagresiones, e intentos de autoeliminación. Se priorizarán las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes.

MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

Cuidar la casa común es un deber hacia nosotros mismos y hacia las generaciones futuras. Es también un problema urgente, porque en estos años hemos sufrido procesos de deterioro ambiental a los que no se ha respondido con suficiente eficacia. Por eso apuntamos a una política ambiental que sea pilar del desarrollo productivo y turístico al tiempo que asegura la protección de nuestros recursos naturales. En este marco de sensibilidad y preocupación, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

  • Crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el MVOTMA. Esta reorganización asegurará un funcionamiento más ordenado y profesional, y fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica
  • Incrementar la participación ciudadana en temas ambientales, dando especial protagonismo a las comunidades locales. Implementar políticas públicas participativas en temas ambientales
  • Desarrollar una política integrada de medidas de recuperación, monitoreo y protección de la calidad de los cursos de agua, suelos y aire, que haga posibles una actividad productiva y un desarrollo urbano que sean sostenibles y solidarios con las generaciones futuras
  • Proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando los estudios de impacto ambiental antes de autorizar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y de la minería a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies
  • Velar por el pleno cumplimiento del marco legal ambiental durante los procesos de construcción y funcionamiento de emprendimientos industriales
  • Reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fortaleciendo las medidas de fiscalización y construyendo puentes con actividades como el ecoturismo. Velar por la conservación de especies de nuestra fauna autóctona
  • Examinar el Proyecto de Ley de la creación de Delitos Ambientales de 2017 y promover su votación con los cambios necesarios
  • Promover la economía circular y la responsabilidad extendida de los productores
  • Profundizar el uso, seguimiento e interpretación de indicadores ambientales en todas las áreas
  • Crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales, y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía
  • Actualizar la normativa en materia de ruido y emisiones vehiculares a los efectos de incorporar las buenas prácticas internacionales
  • Avanzar en la creación de un Sistema nacional de Gestión de Residuos, en coordinación con los gobiernos departamentales, para lograr altos niveles de reciclaje, disminuir la necesidad de incineración y garantizar el manejo seguro de residuos tóxicos
  • Fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos y niveles de enseñanza. En particular, desarrollar programas de educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida y dirigido a personas de cualquier edad y en diversos ámbitos de la vida social, procurando un cambio de actitud de los ciudadanos en su relación con el ambiente Nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este documento. La construcción de acuerdos seguirá adelante, profundizando y especificando otras líneas de acción y nuevas medidas concretas. Lo que queda expresado aquí son los grandes rumbos estratégicos que darán un marco claro y coherente al nuevo gobierno de coalición. Este es nuestro compromiso. Aquí están nuestras certezas. Seremos un gobierno fundado en la confianza recíproca y en la cooperación.

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