Manini Ríos es el único indagado por omitir informar las declaraciones de Gavazzo

Morosoli emitió este martes 24 de setiembre un dictamen en el que establece que “corresponde dar por terminada la investigación preliminar iniciada respecto de los funcionarios jerarcas de Presidencia de la República, jerarcas civiles del Ministerio de Defensa Nacional, los tres generales integrantes del Tribunal Especial de Honor y los tres generales integrantes del Tribunal de Honor de Alzada”.

Ello al amparo de lo establecido por el artículo 98.1 del Código del Proceso Penal en la hipótesis de “inexistencia” de delito a su respecto, y sin perjuicio de lo establecido por el artículo 99 del Código del Proceso Penal.

Sin embargo, continuará con las indagatorias respecto al entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

La investigación fiscal pretende determinar si existieron omisiones y demoras al informar a la Justicia sobre los fallos del Tribunal de Honor militar que indagó, a solicitud del entonces ministro de Defensa Nacional, el extinto Jorge Menéndez, la conducta de los oficiales involucrados en causas penales por violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura militar (1973 y 1985).

La causa

De acuerdo a las actas del Tribunal de Honor, el teniente coronel en situación de retiro José Gavazzo reconoció haber tenido en el Grupo de Artillería Nº1, donde era el segundo al mando, al preso político, Roberto Gomensoro en marzo de 1973.

El militar relató que de madrugada lo dejó esposado en una silla y al amanecer lo encontraron en la misma silla… pero muerto.

Gavazzo informó lo ocurrido al jefe del Grupo de Artillería 1, el entonces coronel Alfredo Rubio, y ambos informaron al jefe de la División Ejército 1, el general Esteban Cristi.

“Cristi ordenó desaparecer el cuerpo. Quien tuvo que hacer eso fui yo”, expresó Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar.

También dijo que “por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel”.

Por su parte, el coronel en situación de retiro Jorge Silveira acusó a Gavazzo, ante el mismo Tribunal, de ser el responsable de la muerte de Gomensoro, y de otro detenido en el batallón: Eduardo Pérez Silveira.

A la vez responsabilizó a Gavazzo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.

Responsabilidad de Manini Ríos

Los generales que integraron el Tribunal de Honor indicaron al fiscal que las declaraciones de Gavazzo fueron “sorprendentes, graves y novedosas, por lo que debían ser puestas en conocimiento del sistema judicial”.

Entendieron que debían comunicar los dichos de Gavazzo a su superior, el entonces comandante del Ejército, general Guido Manini Ríos, expresa el fiscal Morosoli en su informe.

También se indica que el 11 de abril de 2018 los tres generales se reunieron con Guido Manini Ríos, y le comunicaron las declaraciones con “apariencia delictiva” de Gavazzo.

Luego de recibir ese informe “in voce”, Manini Ríos “acusó recibo del mismo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación”.

Recién a fines de abril, Manini Ríos ordenó continuar con las actuaciones del tribunal “fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones, y en que, a su juicio, lo declarado por Gavazzo era una ‘chicana’ para dilatar la decisión”.

En el escrito del fiscal se expresa que “tampoco consta que se haya efectuado denuncia penal alguna en ese momento por parte del comandante en Jefe del Ejército, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de Gavazzo a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa”.

“No surge además que el comandante en Jefe del Ejército haya siquiera exigido a sus subordinados la documentación necesaria para remitirla  los órganos competentes del sistema de Justicia Penal”, remarca Morosoli.

Cumplieron con su mandato

Por otro lado, Morosoli asegura que los funcionarios de Presidencia de la República, “cumplieron con su mandato presidencial sobre los asuntos”.

Las actuaciones permanecieron en dicha oficina solamente durante un plazo de 21 días corridos (15 días hábiles) entre el 20 de febrero y el 12 de marzo.

Indica que: “En ese lapso se proyectaron las resoluciones administrativas relativas a los fallos de los Tribunales de Honor, y se realizaron las evaluaciones y estudios necesarios en conjunto con el Ministerio de Defensa para poner en conocimiento del sistema de Justicia Penal los hechos objeto de las declaraciones de Gavazzo y Silveira”.

La misma resolución comprende a los jerarcas y funcionarios del Ministerio de Defensa. En cuyo caso Morosoli manifiesta que “todas sus actividades convergieron hacia una efectiva puesta en conocimiento a las autoridades competentes de los hechos narrados por los represores”.

En el mismo sentido, el fiscal asegura que los integrantes del Tribunal Especial de Honor Nº 1 “no merecen solicitud de reproche penal por parte de la Fiscalía, porque no quisieron omitir poner en conocimiento de la Justicia los dichos de Gavazzo y Silveira que contenían información sobre hechos gravísimos de naturaleza delictiva”.

Asegura que “también advirtieron que la información obtenida era inédita, y unánimemente concluyeron que dichos insumos debían remitirse a las autoridades competentes del sistema de Justicia penal”.

A la misma conclusión llegó en cuanto a los integrantes del Tribunal del Alzada.