Amnistía internacional

Satisfacción con Uruguay por llevar a la Justicia a responsables de crímenes de lesa humanidad

Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por la aceptación de parte de Uruguay de que los crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos cometidos en dictadura militar (1973 y 1985) no prescriben, y por tomar medidas para llevar ante la Justicia a los responsables de dichos actos.

Dictadura

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso sostenido de Uruguay en la aceptación de todas las recomendaciones recibidas durante su tercer Examen Periódico Universal.

La organización expresa “satisfacción” por la aceptación de Uruguay de las recomendaciones para “garantizar que los crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985 no estén sujetos a prescripción, y por tomar medidas para llevar ante la Justicia a los responsables de estos crímenes, así como a los responsables de las recientes amenazas a funcionarios judiciales y defensores de derechos humanos”.

Remarca, asimismo, que en la actualidad “el 97% de las personas detenidas desaparecidas aún no han sido encontradas, y en el 91% de las causas judiciales de violaciones de derechos humanos aún no se ha solicitado procesamientos”.

Por otro lado, Amnistía manifiesta “satisfacción” por la interpretación de Uruguay de la recomendación sobre “la protección de la familia, en línea con los estándares más altos de derechos humanos, como incluyente de las familias formadas por parejas del mismo sexo, y la recomendación sobre los derechos de los padres en términos de la subordinación de estos a los derechos y bienestar de los niños, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Recomendaciones

En otro orden, Amnistía insta a Uruguay a “implementar con urgencia las recomendaciones para mejorar las malas condiciones de vida de las personas privadas de libertad, así como sus oportunidades de rehabilitación e integración”.

También solicita “implementar y financiar de manera efectiva las medidas establecidas en la Ley de Violencia basada en género contra las mujeres”.

Recuerda en 2018, “el 30% de las personas privadas de libertad vivían en condiciones que equivalían a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y solo el 26% tenía oportunidades de rehabilitación”.

“Seguimos preocupados por la prevalencia del femicidio y la reciente afirmación de la Suprema Corte de Justicia de que su presupuesto para implementar la Ley de Violencia de género es insuficiente”, expresa Amnistía en su informe sobre Uruguay.

La organización “saluda la aceptación, por parte de Uruguay, de recomendaciones para investigar todos los actos de violencia contra personas LGBTI” y de llevar a los responsables ante la Justicia.

A la vez, alienta al Gobierno a “implementar recomendaciones para mejorar la protección de los derechos de las personas migrantes”.

En tal sentido asegura que hasta la fecha, “Uruguay carece de un plan de acción para cumplir con los objetivos de su Ley de Migración y, como resultado, los migrantes vulnerables a menudo carecen de la protección de sus derechos al empleo decente, la vivienda y la educación”.

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