Brasil negaría asilo político
Un eventual pedido de asilo político del militar retirado paraguayo Lino Oviedo, detenido en Brasilia, será rechazado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, consideraron fuentes de la cancillería brasileña citadas por la agencia Ansa.
No obstante, ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), que juzgarán la extradición, aún no presentada por Asunción, sostienen que el asilo necesariamente no anula el proceso que se definirá en el plenario de la más alta corte de justicia brasileña.
Pero para alcanzar tal instancia, según reconocidos juristas, las pruebas que acompañen el pedido de extradición, en especial las relacionadas con la acusación de autoría intelectual del asesinato en marzo de 1999 del vicepresidente Luis María Argaña, deberán «ser consistentes para el inicio del proceso». En tanto, el ministro Mauricio Correia del STF, que emitió la orden de prisión preventiva contra Oviedo, analiza un posible traslado del general retirado a una celda privada en la Policía Federal –donde actualmente está alojado– o a la Policía Militar, siempre en Brasilia.
El ministro de Justicia, José Gregori, reiteró ayer su rechazo a que estuviese «presionado por el gobierno paraguayo», mientras se espera en Brasilia el arribo de 12 legisladores guaraníes que acompañarán las diligencias para la extradición del militar.
Por otra parte, los diputados de la Comisión investigadora del Narcotráfico (CPI) abrirán nuevo proceso contra el militar paraguayo si su abogado, Luis Eduardo Roriz, no permite una entrevista para que aclare supuestas vinculaciones.
Oviedo es acusado por la CPI de haber recibido documentación, copias de cheques y extractos bancarios que, se cree, pueden tener conexión con el narcotráfico, contrabando de armas y lavado de dinero. Según trascendió, la principal acusación contra el ex militar se basa en declaraciones de un testigo secreto que dijo «haber escuchado que el traficante de Río de Janeiro, prófugo en Paraguay, Fernandinho Beira-Mar, se refugió en una de las estancias del general Oviedo».
Al conocer la denuncia, la esposa de Oviedo, Raquel Marín, se indignó: «Qué establecimiento ni qué estancia. Mi esposo es el único de los militares paraguayos que no tiene ningún establecimiento de campo», afirmó la mujer.
En cambio, los diputados presuponen por sus informes que «Oviedo tiene una propiedad rural en el estado de Paraná» y que la relación entre el militar y Fernandinho Beira-Mar era conocida por una alta autoridad policial de ese estado, ubicado en la región limítrofe con Paraguay.
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