Parlamento respondió a la SCJ sobre el recurso de "inconstitucionalidad" tramitado por el poeta Juan Gelman

El Poder Legislativo se pronunció a última hora del lunes, al filo del plazo legal, acerca de la «solicitud de inconstitucionalidad», que Juan Gelman había presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el artículo 3º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ayer, la SCJ remitió el escrito del Parlamento al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

Se ignora el contenido de la repuesta dada por los abogados del Parlamento, pero fuentes allegadas al caso estiman que sería coherente con la posición asumida hasta el momento por el Gobierno Nacional en defensa de la aplicabilidad de la Ley de Impunidad.

El poeta argentino había solicitado a la SCJ que se pronunciara respecto a la presunta «inconstitucionalidad» de la norma de la llamada Ley de Impunidad que le había impedido investigar las circunstancias que rodearon la desaparición de su nuera María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, ex esposa de su hijo Marcelo, secuestrado y asesinado en 1976, y cuyo cuerpo fue recuperado e identificado varios años después.

El trágico hecho estaba siendo investigado por el juez en lo penal de 2º Turno, doctor Gustavo Mirabal, quien se vio imposibilitado de continuar con el juicio porque el Poder Ejecutivo se amparó en la Ley de Impunidad para impedir que militares y policías se presentaran a declarar ante su Juzgado.

La SCJ, que dio entrada al escrito de Gelman hace más de tres semanas, notificó de su contenido a las partes involucradas: al Poder Legislativo que aprobó la llamada Ley de Impunidad, al Poder Ejecutivo que se amparó en ella para archivar la causa por la desaparición de la nuera de Gelman, y al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

El Legislativo había sido notificado el 30 de marzo, el Ejecutivo el 12 de abril, y el fiscal de Corte el 13 de abril. Aún falta que se pronuncie el Ejecutivo y el Fiscal de Corte, que cuentan para ello con los mismos plazos legales que corrieron para los demás actores.

Luego que todas las partes respondan por escrito, la SCJ podría pedirle a cada una que realice un alegato verbal para resaltar los argumentos esgrimidos respecto a la denunciada «inconstitucionalidad» de la ley, en forma similar a como ocurre en los juicios ordinarios.

Por último, la SCJ se concentraría en el análisis de la aplicabilidad o no de la ley, contando con la posición de cada una de las partes involucradas. *