CIDH urge al Estado realizar investigaciones diligentes por amenazas de Comando Barneix

La CIDH “urge al Estado uruguayo a realizar investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia”.

A raíz de información pública del 13 de febrero de 2019 -a dos años de las amenazas de muerte recibidas-, un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras cuestiones, la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la presidencia de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso.

Mediante un comunicado del 1º de marzo de 2017, la Comisión condenó las amenazas.

Tales amenazas hacían mención al suicidio del general Pedro Barneix, quien se habría quitado la vida cuando la policía llegó para detenerlo por el supuesto delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974.

El Comando Barneix también afirmaba que a cada nuevo suicidio de militares y procesamientos por crímenes de la dictadura, serían asesinadas tres personas indicadas en una lista.

Entre las personas amenazadas se encontraban autoridades de gobierno, fiscales, exfiscales, abogados, personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu, y una investigadora italiana.

Gravedad de las amenazas

La CIDH manifestó “la especial gravedad de las amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay”.

Además que pueden “menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia”.

En tal sentido, la CIDH “urge al Estado desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.

Asimismo, “insta al Estado a adoptar de manera inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de este grupo de personas”.

“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación” afirmó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país y para la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia.

Además, la ausencia de investigaciones “menoscaba la confianza a las instituciones de justicia”, sentenció según así informó la CIDH en un comunicado de prensa.

Ninguna voluntad real de avanzar

El 12 de febrero pasado los peticionarios, Juan Errandonea, Jair Lima Krischke, Louis Joinet, Juan Fagúndez, Francesca Lessa, Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Mirtha Guianze, María Bernabela Herrera Sanguinetti, y el Observatorio Luz Ibarburu presentaron una petición ante la CIDH contra de la República Oriental del Uruguay.

“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de respetar los derechos, derecho a la integridad Personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, y derecho a la protección judicial”, denuncian.

Los demandantes recuerdan que el 1º de marzo de 2017, la CIDH condenó “contundentemente las amenazas de muerte y urgió al Estado a adoptar medidas diligentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia”.

Sin embargo, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”, afirman.

Por esa razón, decidieron presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso “no solo avanza con suma lentitud”, sino que no detectan  “ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.

El 29 de enero de 2018, denunciaron la “falta de avances” en una carta abierta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, pero remarcan que no recibieron ningún respuesta.

En la petición que entregaron a la CIDH vinculan la amenaza y la falta de investigación “con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en 2016, la vandalización de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”.

“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada”, aseguran los denunciantes.

Remarcan, asimismo, que dichas amenazas “tienen un impacto evidente hacia la función que ellos ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”.