MERCOSUR CONTRA LAVADO

Los ministros del Interior del Mercosur, Bolivia y Chile suscribieron ayer en Buenos Aires una serie de acuerdos, entre los que se destacan los relacionados con delitos transnacionales como el lavado de dinero y el tráfico de niños.

El encuentro nucleó a los ministros del Interior de Argentina, Federico Storani, del Paraguay, Walter Bower, de Uruguay, Guillermo Stirling, el ministro de Justicia de Brasil, José Gregori, el viceministro de Régimen Interior, Policía y Seguridad Ciudadana de Bolivia, Antonio Vera Corvera, y el subsecretario de Interior de Chile, Jorge Burgos Varela.

En materia de lavado de dinero, se sostiene que a raíz del carácter transnacional del delito de lavado de dinero «no es posible encarar una lucha efectiva sin tener en cuenta a los países vecinos» El acuerdo instrumenta la creación de un sistema de intercambio de información permanente de carácter policial, específico y técnico en materia de estos delitos.

La suscripción del acuerdo, agrega el documento, «va de la mano de los esfuerzos ligados a la implementación de la ley, ya que por la condición de delito transfronterizo no es posible una verdadera lucha contra él ajena a la coordinación con los otros países». Se establece la «obligación» de las partes de suministrar información económico-financiera sustancial y relevante en la investigación de actividades que impliquen lavado de dinero, estafa o defraudación. A su vez, se establece que la cooperación será prestada «aun cuando los hechos que motiven la investigación no constituyen delito en el Estado requerido». También se instrumenta un mecanismo de coordinación del accionar de las fuerzas de seguridad en la región.

La nómina de documentos suscritos abarca: un acuerdo de cooperación y coordinación recíproca en materia de tráfico de menores entre los estados parte del Mercosur; acuerdo sobre complementación, cooperación y coordinación recíproca para la seguridad regional en materia de delitos económico financieros entre los estados parte del Mercosur; acuerdo en materia de ilícitos ambientales, sobre tráfico ilícito de material nuclear y/o radiactivo, entre otros asuntos.