Velocidad y ligereza

En la noche del viernes 9, horas después de que Brecha revelara las causas del cese del inspector Rivero, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) dio a conocer una declaración muy breve, pero más improcedente que breve, cuyo texto se reproduce a continuación:

«La Mesa de Conducción de la APU, ante la amenaza recibida por el periodista Danilo Arbilla por parte del ex director nacional de Policía Roberto Rivero, y la práctica de terrorismo de Estado realizada contra Arbilla, revelada por el ministro del Interior, declara:

1) Su rechazo a estas prácticas contrarias al estado de Derecho y a la democracia.

2) Su reclamo de investigación sobre estos hechos graves y el discernimiento de las responsabilidades del caso.

3) Su solidaridad con el colega Danilo Arbilla».

Lo único compartible del texto es que las amenazas y el terrorismo de Estado son prácticas contrarias al estado de Derecho y a la democracia, que deben ser investigadas para identificar (y sancionar) a sus responsables. Todo lo demás fue un despropósito.

La APU afirmó que hubo amenaza y terrorismo de Estado contra Arbilla. Para llegar a una conclusión tan grave, en el marco de una historia intrincada y turbia, sólo se basó en la «revelación» del ministro Guillermo Stirling.

La aceptación automática del relato de los hechos desde el poder es desaconsejable en general, y con más razón para quienes se dedican al periodismo, pero además la credibilidad del ministro en este asunto acababa de quedar cuestionada, ya que Stirling ocultó durante ocho días los motivos de la destitución de Rivero, y sólo el mismo viernes 9, después de que Brecha diera a conocer esos motivos, empezó a dar explicaciones –muy poco convincentes– sobre el caso (véase el artículo «Mentiras piadosas», en la página 6).

Por criterios elementales de responsabilidad y prudencia, la APU no debería haber avalado en forma tan apresurada la versión de una de las partes en este conflicto, sobre el cual existen apreciaciones encontradas entre los afiliados a la asociación.

El segundo error fue la declaración de solidaridad. Aún si lo «revelado» por Stirling fuera una verdad clara e indiscutible –cosa que la APU estaba muy lejos de poder evaluar–, quedaría por verse que las presuntas prácticas de amenaza y terrorismo de Estado contra Arbilla tuvieran algo que ver con su actuación como periodista.

Ese extremo sólo ha sido planteado por el propio Arbilla, quien afirma que personas afectadas por notas del semanario Búsqueda organizaron una «conspiración» en su contra, sin identificar en forma clara o verosímil a los supuestos conspiradores (entre los cuales dice que hubo otros periodistas, a quienes la APU no debería condenar sin proceso ni prueba). Stirling con un tino que le faltó en la mayor parte de esta historia, no ha avalado esa hipótesis.

Una persona que ejerce el periodismo puede recibir amenazas por razones muy diversas, vinculadas o no con su práctica profesional. La solidaridad de la APU corresponde en algunas ocasiones y no en otras, ya que la institución no fue creada para respaldar a cualquier periodista en cualquier circunstancia. En este caso, es por lo menos discutible que Arbilla haya sido amenazado, y si lo fue, no hay fundamento para afirmar que la causa se vinculara con el ejercicio de la profesión, la libertad de prensa o alguna otra cuestión que justifique un compromiso público de la asociación.

La Mesa de Conducción de la APU es un organismo formado para responder con celeridad ante cualquier acontecimiento vinculado con los intereses que defiende la asociación de periodistas.

En este caso, su actuación me hizo recordar un viejo chiste.

Dos vaqueros asisten a un velorio y uno de ellos comenta a propósito del finado: «Era la pistola más rápida del Oeste. Lástima que tuviera tan mala puntería».

*Periodista de Brecha

(Artículo publicado en la edición de ayer del semanario).