Estados Unidos solicitó a Uruguay alojar a personal norteamericano destinado en Irak

Personal de la Embajada estadounidense se entrevistó, a fines de 2003, con funcionarios de la Cancillería uruguaya. En dicho encuentro, que tuvo lugar en la propia sede ministerial, fue planteada, «de palabra», la posibilidad de que Uruguay acepte el ingreso a su territorio nacional de «alrededor de una decena de ciudadanos norteamercanos». Las fuentes consultadas aseguraron que la solicitud original «provino de la autoridad provisional en Irak», que aún controla, militar y políticamente Estados Unidos.

Durante la audiencia, los funcionarios norteamericanos exhibieron un listado «conteniendo no más de diez nombres, con sus respectivos números de pasaportes», en el cual no constaban firmas ni sellos. Tampoco se incluía referencia alguna sobre si, por ejemplo, se trataba de personal civil o militar. La acreditación diplomática para personal de rango inferior al de embajador, cónsul o agregado militar, no requiere de consentimiento gubernamental: alcanza con comunicar su nombre al Estado receptor.

En julio de 2003, el gobierno norteamericano suspendió toda ayuda militar a Uruguay por no suscribir un acuerdo bilateral de inmunidad que impidiera que militares estadounidenses pudieran ser juzgados por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Si bien no hay elementos que relacionen una cosa con otra, las fuentes consultadas especularon con que tampoco debería descartarse un «vínculo muy estrecho».

Hasta el momento no se conoce cuál fue el destino final del planteo norteamericano, pero los informantes insistieron con que el tema recorrió varias oficinas de la Cancillería. LA REPUBLICA intentó, sin éxito, recabar información en la propia Embajada estadounidense.

En una reciente entrevista con El Observador, el jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EEUU en Uruguay, Vincent Lambert, entre otras cosas, confirmó que la reanudación de la ayuda militar dependía de la aprobación del acuerdo de inmunidad.

El monto total, congelado, alcanza casi los cinco millones de dólares, según reconoció el diplomático: un millón de dólares, correspondiente a 2003 y 3,9 millones de dólares, para el año en curso. En el reportaje, Lambert también se refirió a las necesidades de las Fuerzas Armadas uruguayas y recordó que, hace dos años, cuando el Comando Sur ofreció a los militares uruguayos que pidieran sin límites «recibimos una lista muy grande».

El Estatuto de Roma estableció una serie de normas para perseguir en todo el mundo los crímenes de guerra y contra la humanidad.

Los países firmantes del Estatuto se obligan a extraditar a los denunciados por esos delitos para que sean juzgados por una Corte Penal Internacional con sede en La Haya.

Estados Unidos, que en principio había firmado el convenio internacional, retiró su apoyo al tratado, e inició una ofensiva diplomática a nivel mundial para firmar acuerdos bilaterales de inmunidad que protegieran a todos los ciudadanos norteamericanos de cualquier acusación ante el Tribunal.

En Uruguay, desde el Parlamento se rechazó la ofensiva diplomática y se reclamó al Poder Ejecutivo rechazar toda propuesta norteamericana de un acuerdo bilateral de inmunidad. *