Pese a negativa oficial, militares y policías concurrieron al juzgado

Militares, policías y civiles comparecieron como «testigos» durante los últimos dos años ante el Juzgado en lo Penal de 10º Turno, en el marco de las actuaciones que prosigue el juez Rolando Vomero para investigar las circunstancias que rodearon el asesinato, el 17 de abril de 1972, de ocho militantes de la Seccional 20ª del Partido Comunista, pese a una anterior negativa del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a habilitar la comparecencia, en carácter de «indagados», de más de una treintena de efectivos del Ejército Nacional y del Instituto Policial.

La investigación de Vomero se había visto obstaculizada a fines de 2002 cuando el MDN argumentó, sin base legal alguna, que los efectivos citados por el magistrado en carácter de «indagados» estaban comprendidos por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como Ley de Impunidad.

La negativa de la Secretaría de Estado a permitir la comparecencia de los citados por Vomero en 2002 careció de sustento legal en tanto que los hechos investigados ocurrieron en 1972, año anterior al período comprendido por la etapa histórica contemplada por la Ley de Impunidad para evitar que la Justicia comenzara con los interrogatorios a quienes incurrieron en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura civil y militar.

La postura del MDN fue explicitada en su momento a los medios de comunicación por el entonces subsecretario de la cartera Roberto Yavarone, actual secretario general de la Intendencia Municipal de Canelones, quien expresó la posición asumida por el Poder Ejecutivo.

La treintena de militares y policía que Vomero quiso citar como «indagados» a fines de 2002 figuran en el expediente de la causa por la masacre aún impune como los autores materiales de los asesinatos de los militantes comunistas.

Su responsabilidad en los hechos luctuosos había sido corroborada a principios del mismo año por militares y vecinos de la seccional comunista, y por los propios sobrevivientes del trágico operativo represivo, quienes prestaron declaración a pedido de los denunciantes que iniciaron la causa.

No obstante, pudo saber LA REPUBLICA, el juez Vomero prosiguió durante 2003 y 2004 con las actuaciones que había emprendido en 2002 y procedió a librar nuevas citaciones en carácter de «testigos». Los citados comparecieron ante el Juzgado penal y brindaron su testimonio de los violentos episodios cuyo nuevo aniversario se conmemoró ayer en un acto público.

En la misma causa judicial ya compareció en 2002 el ex dictador Juan María Bordaberry, además de militares y policías que aceptaron prestar declaraciones para esclarecer los pormenores del operativo represivo.

Por otra parte, una autopsia histórica realizada por el médico forense judicial Hugo Rodríguez demostró a comienzos de 2003 que todas las balas que impactaron en los militantes comunistas e incluso en militares que participaron del operativo habían partido de las armas que estaban en posesión de los efectivos militares y policiales.

Ninguna de las escasas armas en poder de los militantes comunistas ocasionó las heridas de muerte que signaron el trágico episodio del 17 de abril de 1972, según comprobó el doctor Rodríguez.

Días antes del dictamen del forense Rodríguez, Vomero alcanzó a diligenciar, el 18 de febrero de 2003, una reconstrucción del operativo represivo en el mismo lugar donde al retornar la democracia volvió a funcionar la Seccional 20 del Partido Comunista. *