Plantearán juicio político a la Corte Electoral por incumplir Constitución

Los funcionarios electorales consideraron ayer, reunidos en asamblea, que las autoridades de la Corte Electoral deberían abandonar voluntariamente sus cargos. También hubo denuncias de «acomodo» que señalan a los propios ministros de la Corte Electoral como responsables de gestionar el trámite a decenas de simpatizantes de sus respectivos partidos políticos.

El viernes a la hora 0 caducó el plazo constitucional fijado para tramitar la credencial cívica. Desde las primeras horas del jueves, último día previsto para obtener la documentación, cientos de jóvenes llegaron hasta la oficina electoral de la Ciudad Vieja. Por varios minutos, la situación escapó al control de las autoridades cuando se anunció la suspensión de la entrega de números. A partir de las 22.40 horas se produjeron incidentes entre jóvenes y fuerzas de choque de la Policía, que determinó el fin abrupto de la inscripción. Como saldo, la refriega policial dejó adolescentes heridos por golpes y funcionarios electorales afectados por gases lacrimógenos. A nivel parlamentario, la bancada del Encuentro Progresista analizará la posibilidad de impulsar un juicio político a las autoridades de la Corte Electoral. La iniciativa será promovida por el diputado Martín Ponce de León. Pese al reclamo de la Junta Electoral de Montevideo y de los propios funcionarios electorales, la Corte Electoral rechazó, por mayoría, adoptar a último momento medidas extraordinarias para flexibilizar el trámite de inscripción.

Los ministros partidarios de facilitar el trámite fueron Walter Pesqueira (FA), Washington Salvo (FA), Alberto Maschwitz, (neutral PN) y Martínez Zimarioff (PC). Los otros cinco, incluido su presidente Carlos Urruty, se opusieron.

La actitud del organismo también fue cuestionada por la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU). A entender del gremio, los incidentes deberían precipitar la renovación de las autoridades de la Corte Electoral. No obstante, aclararon que, por lo sucedido, «debieran ellos mismos renunciar».

El diputado Martín Ponce De León (VA) también consideró necesario a esta altura un cambio de ministros, a pocas semanas de las elecciones internas. «Esta Corte no nos genera confianza», agregó.

Mientras tanto, la Junta Electoral de Montevideo emitió un comunicado deslindando responsabilidades por el cierre anticipado del período inscripcional. Su presidente en ejercicio, Wilfredo Jiménez, sostuvo que la medida adoptada por la Corte es «inaudita en la historia cívica del país».

«¿Acomodos?»

Otra denuncia de la AFEU fue un presunto «acomodo» de unas 200 personas que ingresaron sin hacer la cola en la Junta Electoral, munidas de una tarjeta entregada por ministros «de todos los partidos políticos». Según informaron, se formó una fila de los «apadrinados» por la calle Ituzaingó que ingresaron hasta las 21 horas del jueves. Uno de ellos, entrevistado por TVEO, reconoció que iba de parte del ministro Edgardo Martínez Zimarioff. El ministro, a su vez, desmintió este hecho, y replicó que fueron los propios funcionarios quienes dejaban pasar a sus amigos. La AFEU informó que, en efecto, se permitió el ingreso de unas 15 personas pero por ser «discapacitados o embarazadas».

Por su parte, el ministro interino, Walter Pesqueira, reconoció que cada uno de los 9 integrantes del cuerpo, tienen 5 cupos para permitir el ingreso, y que en su caso, los utilizó para excepciones, como ser mujeres en estado de gravidez.

El jerarca, que desde 1990 integra la Junta Electoral y que sustituye a Wilfredo Penco en la Corte Electoral, recordó que en 1994, el período de inscripción se cerró el 15 de mayo. Ese día, a las 23.30 horas, la cola de personas daba dos vueltas a la manzana. Se hizo entrar a toda la gente al garaje y se la atendió tomándosele los datos filiatorios, y algunos días después se terminó el trámite.

En 1999, se utilizó otro método que consistió en que varios días antes del cierre se le agendaba día al interesado. Igualmente con este sistema, el último día se logró una inscripción de 3.000 personas. «(En ese año) hubo mucha más gente (el doble) que la concurrencia del pasado 15 de abril», dijo Pesqueira, quien aclaró que no hubo ningún tipo de problemas ni incidentes.

Pesqueira aclaró que si el organismo, a través de un comunicado, informó que el acto de inscribirse es un acto unitario y que por lo tanto se debe hacer por primera vez; entonces, «esta misma Corte hace cinco años cómo permitió que hicieran otra cosa, sin hacerle un sumario a todo el personal.»

Mayor inscripción

Según informó Martínez Zimarioff, en Montevideo quedaron más de 1.500 personas sin inscribirse y faltaron 2.550 en Canelones, mientras que en el resto del país se estima que la cifra llega al millar.

La noche del jueves, unas 1.000 personas no fueron inscriptas, algunas de las cuales se cansaron de esperar a tener un número y otras se retiraron luego de los incidentes.

A pesar de los incidentes del pasado jueves en la Junta Electoral de Montevideo y de Pando, que impidió a cerca de un millar de ciudadanos inscribirse en el Registro Cívico Electoral, el porcentaje de inscripción a nivel nacional fue mayor al estimado por las autoridades en el año 2000.

Según explicó Pesqueira, hubo en todo el país unas 255.812 nuevas inscripciones. Esta cifra superó en 6.222, las inscripciones que fueron estimadas a nivel nacional en el año 2000. En Montevideo, se previó una inscripción de 96 mil personas, pero finalmente lo hicieron 94.120, es decir que 1.880 ciudadanos no podrán votar en las próximas elecciones nacionales y departamentales, y a su vez, pueden tener problemas a la hora de obtener el pasaporte o ingresar a la Universidad.

A pesar del número importante de uruguayos que emigraron, en el presente período hubo 3.200 avecinamientos, que corresponden a ciudadanos hijos de padres o madres uruguayos nacidos en el extranjero que consiguieron demostrar que están viviendo en el país.

En los últimos días, la Junta Electoral montevideana recibió en cada jornada un número de inscripciones (1.400) que normalmente se atendería en un mes.

Pesqueira recordó que en los últimos meses en todos los medios en que estuvo, enfatizó en la importancia de inscribirse, y recalcó que todos aquellos que cumplan 18 años el 8 de mayo de 2005 se debían inscribir, porque no se abre una nueva inscripción hasta julio del año próximo.

Juicio político

El diputado Martín Ponce de León (Vertiente Artiguista) anunció ayer que planteará a la bancada de diputados de la coalición de izquierda iniciar «un juicio político a los ministros de la Corte Electoral», porque considera que los hechos de ayer son de «una enorme gravedad institucional».

«Vamos a plantear la posibilidad de un juicio político, lo cual implica el deslinde de qué ministros tuvieron responsabilidades, porque por supuesto que hubo integrantes del organismo que pelearon para que esto no sucediera», aclaró el legislador.

Agregó que en algún momento «hay que poder decir basta», porque considera que el organismo rector de las elecciones es «reincidente».

En tal sentido, ejemplificó con la decisión de la mayoría de sus miembros de validar las papeletas por «SI a la marihuana» en el referéndum por las empresas públicas.

Si bien el parlamentario encuentrista reconoció que en el último día de inscripción se registró una afluencia de personas mayor de lo normal, de todas maneras es «similar a la que sucede todos los años».

«Ayer se trató de jóvenes que se presentaron ante la Corte Electoral varias horas antes de que caduca
ra el plazo constitucional para la inscripción. Por lo que el organismo podía haber repetido el procedimiento que cada cinco años ha seguido, es decir, proceder a la inscripción preliminar rápida que consiste en iniciar los trámites y terminarlos en días subsiguientes», señaló.

Añadió que el órgano electoral «no realizó ninguna de las medidas prácticas posibles y no fue capaz de resolver uno de los mecanismos más importantes que tiene que resolver». Cuestionó que si la Corte Electoral «no es capaz de cumplir sus cometidos, entonces sus miembros tienen que irse para su casa». Sostuvo que ante este hecho de gravedad surgió otro de igual magnitud que se refiere a la generación de una cola paralela a la oficial que ingresaba por una puerta lateral y que la componían personas «conocidas o amigas de ciertos ministros y que se constituyó en una increíble burla a quienes estaban haciendo la cola desde la noche anterior».

El artículo 93 de la Constitución de la República otorga a la Cámara de Representantes el derecho «exclusivo» de acusar ante la Cámara de Senadores a, entre otros, los miembros de la Corte Electoral por «violación a la Constitución y otros delitos graves».

«Una barbaridad»

Por su parte, el diputado Walter Vener (Foro Batllista) expresó que la iniciativa de juicio político es «una barbaridad porque implica cuestionar a las autoridades de la Corte Electoral a menos de 60 días de las elecciones internas y de los cercanos comicios nacionales, el posible balotaje y las departamentales».

«Cuestionar a la Corte Electoral con tal magnitud de procedimiento que puede llegar a su destitución o condena, es poner en peligro el sistema democrático sin necesidad y por hechos de menor relevancia», sostuvo Vener.

El legislador forista ironizó con que «no es momento para ver gigantes donde sólo hay molinos de viento. No es momento para las quijotadas».

En tanto, la diputada Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista) subrayó que «hay algunos aspectos a considerar, como por ejemplo la propia idiosincrasia uruguaya que si bien es cierto que espera a último momento para realizar trámites, también es cierto que existe el derecho a ejercer la ciudadanía. La Corte Electoral debió haber previsto estas cosas».

«La falta de previsión de las autoridades fue la nota, lo que contrastó con la gran celeridad con la que trabajaron los funcionarios electorales», comparó la legisladora nacionalista.

Sostuvo que debieron planificarse medidas alternativas, como por ejemplo, «otorgar nuevos número al menos para tramitar la credencial luego de las elecciones y que muchos jóvenes que pretenden ingresar a la Universidad puedan hacerlo».

También cuestionó que la corporación «no estimuló a los jóvenes a que tramitaran el documento con antelación, para evitar estos hechos». *