Vázquez tendrá en cuenta elementos jurídicos para decidir sobre asilo de García

Vázquez fue consultado por la prensa este lunes, por el pedido de asilo que realizó García ante la embajada de Uruguay en Lima el pasado sábado 17 de noviembre, luego de que la Justicia le prohibiera salir de su país por 18 meses debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

El 20 de noviembre, el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú entregó a las autoridades uruguayas documentación sobre la situación del ex presidente incaico.

En el escrito se manifiesta que “en Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Poco después, la cancillería uruguaya manifestó que decidirá sobre el pedido de “asilo diplomático” que solicitó García, pero remarcó que la Convención suscrita en la X Conferencia Interamericana de Caracas del año 1954, no establece ningún plazo específico para el pronunciamiento.

Elementos jurídicos

Este lunes el presidente Vázquez se pronunció sobre el tema, y aseguró haber recibido toda la información del gobierno peruano, “incluso con lo que se está realizando a nivel judicial».

“Asimismo, hemos recibido la correspondencia que me ha enviado el señor Alan García y sus abogados, y la estamos estudiando”, dijo el mandatario.

Agregó que el gobierno uruguayo actuará de acuerdo a lo que corresponda, según la Convención suscrita en la X Conferencia Interamericana de Caracas del año 1954.

“Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, y que no está estipulado, para que el país que recibe a un refugiado político se expida. Es información que estamos estudiando”, aclaró el mandatario.

Al ser consultado si la decisión del gobierno será jurídica o política, Vázquez respondió que Eduardo Jiménez de Arechaga en el Tomo Segundo de su libro “Derecho internacional público y privado”, al analizar el tratado de Caracas establece que “la  resolución la toma el presidente del país donde la persona busca asilo, y lo debe hacer en acuerdo con el canciller y teniendo en cuenta los elementos jurídicos”.