Gobierno crea grupo especializado para impedir intermediación lucrativa en la salud
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, creó un grupo especial de labor que tendrá como objetivo diseñar iniciativas que impidan la intermediación lucrativa en la movilidad de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Días pasados el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que se postergará por un año el “período de movilidad regulada entre prestadores de servicios de salud”, conocido como “apertura del corralito mutual”.
El secretario de Estado también dijo que dicha decisión se tomó porque aún “no están dadas las condiciones para eliminar la intermediación lucrativa”.
Mientras que en las últimas horas el presidente de la República, Tabaré Vázquez, actuando en Consejo de Ministros, resolvió crear un grupo de trabajo para el diseño de un “sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica, que impida la realización de prácticas nocivas como la intermediación lucrativa en la movilidad de usuarios amparados en el Sistema Nacional Integrado de Salud”.
Dicho grupo de trabajo estará integrado por representantes de: Presidencia de la República, de los ministerios de Salud Pública e Interior, así como también de la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
Tendrá el cometido de “realizar propuestas y revisar el marco jurídico del delito de intermediación lucrativa, extendiéndolo a todos quienes participen en la cadena del proceder delictivo”.
El texto
En la resolución de Presidencia se expresa que el decreto 382/018 del 16 de noviembre de 2018 estableció la “suspensión de la apertura del período de movilidad regulada comprendido entre el 1º y el 28 de febrero de 2019, aunque mantiene la movilidad en todo momento por causas justificadas, amparando a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud”.
Asimismo, se indica que “ante la persistencia de prácticas prohibidas relativas a la intermediación lucrativa, la repuesta de la administración no puede ser otra que el diseño de un sistema técnica y jurídicamente confiable, que fortalezca la respuesta punitiva penal, extendiéndola a todos quienes intervienen en la cadena de responsabilidad”.
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