Proyecto que legaliza el aborto divide a los políticos y la sociedad uruguaya

Aunque podría existir una ajustada postura a favor, por los votos del EP-FA, el Nuevo Espacio y de varios parlamentarios colorados, el presidente Jorge Batlle anunció meses atrás que observaría la norma, y en ese caso no existirían las mayorías suficientes para levantar el veto. En tanto, los siete senadores del Partido Nacional se oponen a la iniciativa. A modo de dato, en lo personal, el ex presidente Luis Alberto Lacalle y el conductor del EP-FA Tabaré Vázquez dieron su posición contraria, y el mandatario Jorge Batlle expresó que si el Senado habilita esta posibilidad, él observará (vetará) la ley, y luego deberá pronunciarse la Asamblea General sobre el asunto.

Incluso la propia Iglesia Católica, por un lado, y grupos evangélicos por otro, anunciaron que promoverán un referéndum en caso de que la iniciativa se apruebe. Existirían quince votos firmes a favor del proyecto (12 del EP-FA, 1 del Nuevo Espacio, y 2 votos colorados  Julio Herrera (Foro Batllista) y Juan Adolfo Singer (Lista 15)). El voto 16 lo podría aportar el ex ministro de Economía Alejandro Atchugarry, quien en 1994, siendo diputado quincista, patrocinó con su firma un proyecto sobre interrupción voluntaria de la gestación. Sin embargo, en esta oportunidad Atchugarry no lo acompañaría al no compartir que el tema sea debatido sobre el final de la Legislatura.

«El senador entiende que este es un asunto para analizar al principio de la Legislatura y no al final, para evitar los períodos de confrontación», dijeron informantes. De cualquier modo, un sector de la Lista 15 sería partidario de convocar a un referéndum por este tema una vez que transcurra el año electoral, aseguraron fuentes quincistas, que admitieron que el tema divide a partidos e incluso a sectores políticos.

En el caso del Senado, la Comisión de Salud Pública recibió aproximadamente una veintena de organizaciones, manifestándose la mayoría de ellas con reparos al proyecto. Para quienes están a favor se protege el derecho de las mujeres a poder acceder a practicarse un aborto, cuando hoy deben hacerlo en malas condiciones sanitarias que incluso producen la muerte.

Quienes están en contra sostienen que debe hacerse prevalecer el derecho a la vida del ser en gestación. La legalización del aborto ya existió en Uruguay entre 1934 y 1938. La iniciativa se denomina de «Defensa de la Salud Reproductiva», y asistieron en los últimos meses a dar su opinión en la Cámara alta, la Comisión de Representatividad Evangélica del Uruguay, Advocates International, los abogados Horacio Cassinelli Muñoz, Héctor Gross Espiell, y Gonzalo Aguirre, el Círculo Católico, la activista Norma Mc Corvey, Centro Internacional de Investigación de la Universidad para la Paz y Enfoque a la Familia.

También comparecieron, la Ong Esalcu, los doctores Omar Franca, María Lourdes González, el profesor Medina, la Cátedra de Ginecotocología, Organización Católicas por el Derecho a Decidir, el doctor Miguel Langón, Misión Vida, los Magistrados, Departamento de Medicina Legal, el doctor Pedro Montano, ACUPS, la Facultad de Psicología, el doctor Claudio Williman.

Expusieron además diferentes organizaciones culturales y religiosas como el PIT-CNT, «Cotidiano Mujer», afroumbandistas, jóvenes, entre otros.

 

«Error jurídico y humano»

«Si bien me complazco en elogiar el proyecto de ley y la línea que sigue, con toda sinceridad debo decir que discrepo radicalmente, de una manera absoluta, con su artículo 4º. Entiendo -y lo digo con sinceridad y convicción- que constituye un profundo error jurídico y humano el hecho de señalar que la mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo», consideró el constitucionalista Héctor Gross Espiell.

Estimó que «no debemos olvidar que para considerar el tema hay que tener en cuenta la Constitución de la República. A mi juicio, el gran error en todo el análisis de este proyecto de ley, a nivel de la Cámara de Representantes, radica en que nadie citó el artículo 7º de la Carta -no lo podemos obviar- que dice que toda persona tiene derecho a la protección de su vida. O sea que la protección de la vida es un derecho de raíz constitucional que ninguna ley puede violar. Si hay vida antes del nacimiento, ninguna mujer puede violar ese derecho a la vida. Se trata de un mandato constitucional ineludible».

 

«Vidas protegidas»

En tanto, el doctor Horacio Cassinelli Muñoz valoró la iniciativa que «entiendo que habrá más vidas protegidas con la vigencia del proyecto de ley que se está tratando que con la legislación vigente que, por su misma naturaleza tipificadora de delitos, es una invitación a la clandestinidad y, por consiguiente, al embarazo y parto en condiciones de riesgo o al aborto también en condiciones de riesgo para las dos vidas que están en juego».

«Desde el punto de vista del derecho internacional, que sería el otro aspecto de legitimidad del proyecto, tampoco creo que sea ilegítimo porque el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, cuando se refiere al goce de la vida, utiliza las expresiones ‘por lo general’, ‘generalmente’ o ‘en general'».

 

Evangélicos en contra

La Comisión de Representatividad Evangélica del Uruguay (CREU), que agrupa unas 700 congregaciones, efectuó una valoración crítica del proyecto «en base a dictámenes de calificados juristas consultados por la comisión, que aun favorables a la despenalización cuestionaron el art. 4º de la iniciativa que consagra el derecho de la mujer a abortar por su sola voluntad, porque desde que aparece la vida humana en su seno ‘la mujer no tiene el derecho de extinguirla arbitrariamente'».

Sostienen que «el proyecto también atenta contra la paternidad responsable, cuyo valor social dice consagrar la ley pero luego priva de toda consulta al padre al decidir la interrupción del embarazo».

En tanto, «se formularon criticas a la objeción de conciencia en los términos que se impone a los médicos y la obligatoriedad que se impone a todas las instituciones privadas de salud de practicar los abortos, aunque se contraríe sus principios fundacionales o sus médicos legítimamente se nieguen a practicarlos.

 

«Desaparecidos»

El doctor Gustavo Ordoqui, integrante de la Comisión de Bioética del Círculo Católico, se preguntó «por qué usamos este eufemismo de la interrupción del embarazo y no decimos que tiene derecho a destruir la vida si, en definitiva, cuando hablamos de una persona que está condenada a la pena de muerte, al referirnos a ella no decimos que está condenada a que se le interrumpa la respiración sino que directamente se dice que se la va a matar».

«Así como nos hemos preocupado con justicia de los desaparecidos, éstos son otros desaparecidos, y va a llegar el momento -y Dios quiera que yo lo pueda ver si tengo que enfrentar esta ley- que todos los que han participado en el tema del aborto y lo han consentido, van a estar cometiendo un delito, más allá de que la ley ahora lo legalice, ya que también en la época del ‘führer’ se legalizaron homicidios monstruosos y después se terminó con todo eso y se revisó esa historia del país», dijo Ordoqui.

Por tanto, «vamos a acompañar esta política de declarar a este delito imprescriptible, más allá del tiempo y de los hombres».

 

El número de abortos

Por su parte, el Centro Internacional de Investigación de la Universidad para la Paz, representado por Roberto Domínguez, Rafael Sanseviero, Américo Migliónico, Rosana Rostagnol y Mónica Guchín, se mostraron favorables a la iniciativa y entregaron un detallado informe sobre una investigación realizada.

Informaron que las mujeres de escasos recursos «que no acceden a las clínicas y cuyos abortos podemos registrar de esta manera, alcanzan a 4.289 en el interior del país y a 1.718 en Montevideo, llegando a un total estimado de 6.007 abortos anuales de mujeres que los realizarían fuera del circuito de las clínicas».

Para las mujeres del sector social medio del interior del país, que cuentan con medios económicos para acceder a clínicas radicadas en sus lugares de residencia o próximas a ellos, se realizarían un total de 11.000 abortos anuales en el país.

En tanto, «para las mujeres de sector social medio y alto de Montevideo e interior, llegamos a la conclusión de que en ellas se produciría un total estimado de 16.000 abortos anuales, lo cual nos da para el año considerado, año 2000, 33.000 abortos anuales como base».

 

«Espaldarazo»

Fernando Alvarez, quien se presentó como afroumbandista, dijo apoyar «totalmente este proyecto de ley y queremos dejar la idea clara de que lo que buscamos es que el aborto no siga existiendo en forma inhumana. Lo esencial sería que no existiera el aborto, pero ‘camino se hace al andar’.

Creemos que cerrarnos en la posición del ‘no proyecto’ es una forma de no dar una esperanza a cientos de mujeres».

«Nos parece mal que personas de nuestra sociedad, muchas veces familiares, tengan que llegar a esta solución sin darle un espaldarazo o el apoyo necesario», agregó Alvarez.

 

«Mal ejemplo»

El representante de la organización Enfoque a la Familia, Olson, instó a los senadores uruguayos a no tomar el mal ejemplo de Estados Unidos hace al legalizar el aborto hace 30 años.

«El número de abortos reportados en los Estados Unidos aumentó el doble en las primeras dos décadas después de haber sido legalizado, alcanzando más de un millón de abortos al año», expresó.

Olson dijo que «hemos aprendido, después de 30 años, que cometimos un error, y Uruguay no necesita cometer los mismos errores y llegar a las mismas conclusiones que tenemos después de 30 años.

¡Por favor, no sigan nuestro mal ejemplo! ¡Por favor, sean un ejemplo para los EEUU, Europa y los restantes países del mundo!». En tanto, la Red Latinoamericana de Abogados Cristianos, que integra «Advocates International», sostuvo que «nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente». Por ello, «aprobar una ley por la que «toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez», es violatorio de los compromisos internacionales y atenta contra la especie humana.

 

«Puede mejorar»

El constitucionalista Gonzalo Aguirre estimó que «este proyecto, desde el punto de vista de las consecuencias prácticas, puede mejorar la situación actual, que con clarividencia había previsto el ilustre y eminente ciudadano José Irureta Goyena cuando no tipificó como delito el aborto en el Código, y explicó que no lo había hecho previendo las consecuencias que en la práctica se produjeron: una discriminación entre aquellas personas del sexo femenino que por su educación, medios económicos, posición familiar, pueden interrumpir un embarazo en condiciones que protegen su salud y tienen los medios económicos para hacerlo y, por el contrario, tipificando esa situación como delito, se condenaba a las personas que no están en la misma situación a interrumpir en condiciones deplorables los embarazos, con riesgo de salud, sin que la tipificación del aborto como delito conduzca a la eliminación de éste como hecho social y que se da en la realidad». Los magistrados, en tanto, expresaron dudas sobre la forma de actuar a la hora de tener que expedirse en una contienda por estos casos.

 

«Holocausto»

«Mi nombre es Norma Mc Corvey y soy el personaje detrás de Jane Roe en el famoso caso, ocurrido en los Estados Unidos, por el cual fue legalizado el aborto en 1973″, fue otra de las participantes en la Comisión de Salud Pública.

«Intenté suicidarme en tres ocasiones y tomé droga como una forma de esconderme de las pesadillas. En momentos diferentes empecé a trabajar en cuatro clínicas donde practicaban abortos», añadió.

Por tanto, «les ruego que piensen profundamente en las posibles consecuencias e implicancias de la tristeza, la destrucción y el holocausto que traería el aborto en su país. Cuando hay que recoger los restos de un bebé que ha sido abortado y no pueden hacerlo, pero le ven la cara, eso les marca la vida entera. La tristeza de esas mujeres que lo han sufrido hace que lleguen al suicidio o a la vida promiscua y se transforman en personas diferentes».

 

«Señal de barbarie»

El director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, Omar França, manifestó que «las parejas recurran a la eliminación de la existencia de un individuo en gestación, el hecho de que algunas leyes lo autoricen, es un signo de atraso de la civilización, de barbarie, de primitivismo inhumano, de inmadurez ética y cultural».

«El aborto implica volver al tiempo en que la vida humana no valía más que una apuesta y en que bastaba una falsa acusación para lapidar a una mujer, sin someterla a un régimen de Derecho. Es volver a la época en que el infanticidio era decidido por los padres, sin que nunca interviniera la sociedad, porque ellos eran los ‘propietarios’ del niño», agregó.*