¿Qué investigaba el inspector general Rivero?

El desarrollo de los acontecimientos derivados de la información revelada por la periodista María Urruzola, en la edición del semanario Brecha correspondiente al viernes 9 de junio, acerca de los motivos que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Stirling, para destituir al jefe de toda la Policía uruguaya, muestra que el alto oficial cometió un grave error: no valoró que con su investigación se enfrentaba a buena parte del poder económico y político del país.

La secuencia de hechos revela con meridiana claridad que ese poder no vaciló en caer con toda su fuerza sobre el que todos consideraban «un ejemplo para la Policía uruguaya». No es poca cosa en momentos en que los uniformados de azul buscan de todas maneras limpiar ante la sociedad su imagen de institución corrupta. En la trayectoria de Rivero no sólo debe incluirse su calificación profesional, que le permitió acceder por concurso al más alto cargo a que podía aspirar, sino también el ser el protagonista principal de una operación que permitió descubrir un cargamento de 200 kilos de cocaína que se pretendía introducir al país por el departamento de Rivera. A ello se debe agregar que uno de los oficiales a su cargo, Gonzalo Cozzolino, ex responsable de la Brigada Antidrogas de Maldonado, ahora también arrestado a rigor, fue uno de los responsables en el desmantelamiento de la mafia encabezada por el narcotraficante Omar Clavijo. Decenas de operativos antinarcóticos se suman en el haber de los dirigidos por Rivero. Sin embargo, con una lógica implacable, su mayor preocupación no parecía ser el pequeño comercio de estupefacientes, tarea en la que históricamente estuvo centrado el combate al tráfico de drogas, con muy escasos resultados, sino el ingreso de grandes cantidades de cocaína, marihuana y drogas de diseño y sus efectos económicos como el lavado del dinero generado por esa actividad delictiva. Justo en medio, se encontró con Amado Carrillo Fuentes (a) «El Señor de los Cielos» , jefe del Cártel mexicano de Juárez y una investigación de la DEA, llamada Operación Casablanca.

¿Quién era Amado Carrillo?

En 1997, a los 46 años de edad, Amado Carrillo, nativo de la ciudad mexicana de Juárez, se había convertido en el sucesor de los colombianos Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orijuela y se le sindicaba como el más importante narcotraficante de esta parte del mundo. Los informes de la Drug Enforcement Agency (DEA) indicaban que era el responsable de introducir el 60 por ciento de la cocaína que se consumía en los Estados Unidos y del 85 por ciento del tráfico de drogas en su país. Sus ingresos semanales se calculaban en 200 millones de dólares. El apodo de «Señor de los cielos» lo había ganado por su anterior actividad como propietario de aerotaxis, que luego fueron empleados para introducir la droga a territorio norteamericano. En sus orígenes era un típico exponente de la clase media de su ciudad, con excelentes conexiones con los sectores más acomodados. Fue el heredero de los imperios gestados por los traficantes mexicanos Miguel Angel Félix Gallardo y Juan García Abrego, y durante años se mantuvo en las sombras como gran empresario del narcotráfico, protegido por el poder. Carlos Fazio, corresponsal en México del matutino bonaerense Clarín, lo definió como «la figura paradigmática de una nueva generación de narcotraficantes». En su momento, usó el nombre de «Juan Carlos Barón» y era descrito como «mucho más profesional que los otros capos de la droga». Recogiendo un informe de la DEA, Fazio sostiene que era «sobre todo un hombre de negocios. Si mata o tortura, lo hace por conveniencia económica. Es un estratega». Se le relacionó con significativas personalidades de la policía y la política mexicana y con una endémica corrupción sostenida por el narcotráfico. Carrillo Fuentes mantuvo sólidos nexos con el general Juan Jesús Gutiérrez Rebollo, ex jefe militar en la importante base de Guadalajara, cuna del «Cártel de Guadalajara», y posteriormente designado jefe antidrogas de México.

En febrero del 97 fue capturado el general Gutiérrez Rebollo y eso puso de nuevo al «Señor de los Cielos» en la mira de los Estados Unidos. A principios de julio de ese mismo año se informó que el mayor narcotraficante de las Américas había muerto a consecuencia de una septicemia generalizada después de una cirugía plástica a la que se había sometido en su país. En ese momento había un pedido de extradición para ser juzgado en Florida y Texas.

En México se lo acusaba, además, de haber asesinado más de 1.000 personas que fueron víctimas de sus gatilleros reclutados entre los jóvenes más ricos de ciudad Juárez.

Operación «Casablanca»

Según consignaron varias publicaciones «en 1995 el gobierno estadounidense sospechaba que bancos mexicanos lavaban dinero obtenido de la venta de drogas en los EEUU. El Departamento del Tesoro y el de Justicia decidieron emprender un operativo contra el lavado de dinero. Lo llamaron Operación «Casablanca». Los 22 ejecutivos de medio nivel’ de 12 bancos mexicanos fueron arrestados por lavado de dinero en California y Las Vegas, Nevada, culminando así una operación encubierta de tres años en seis países, y que se espera resultará en unos 200 arrestos en total, unos 157 millones de dólares confiscados, 100 cuentas bancarias congeladas en Estados Unidos, tres bancos mexicanos acusados por lavado de dinero y otros más bajo investigación y posible clausura de sus sucursales en Estados Unidos por blanqueo, además de nuevas pruebas de una conjura criminal entre los cárteles de Juárez y Cali con la banca mexicana. Según importantes funcionarios del gobierno de Clinton, una parte de los 22 ejecutivos mexicanos arrestados llegó un fin de semana de mayo de 1995, a invitación de sus contactos, para discutir sus negocios ilícitos y jugar en el casino Casablanca del pueblito de Mesquite, cerca de Las Vegas. Otros fueron invitados a una reunión de negocios para discutir formas «más efectivas y seguras» de lavar dinero. Los actos fueron programados hace tiempo. Al final de ellos fueron detenidos. Sus anfitriones eran agentes federales de Estados Unidos.

El operativo se inició en noviembre de 1995 en la oficina de aduanas de la ciudad de Los Angeles. Agentes encubiertos se hicieron pasar por intermediarios de los narcotraficantes y utilizaron 30 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos para engañar a empleados y funcionarios de bancos mexicanos, haciéndoles creer que era dinero obtenido del tráfico de drogas. El dinero fue depositado en cuentas controladas en forma secreta por el Servicio de Aduanas y transferido a 12 bancos mexicanos. Los empleados sabían que el dinero provenía del narcotrafico y aceptaron una comisión, de entre 4 y 5 por ciento a cambio de su silencio. Ya lavado en esos bancos, el dinero se giraba nuevamente a Estados Unidos, donde era recibido por los agentes encubiertos. Comprobado el delito, los agentes norteamericanos tendieron una espectacular trampa a los banqueros».

La ruta del dinero El diario peruano El Comercio aseguró que «en 1994 y 1995, Carrillo Fuentes estuvo en Lima con los nombres falsos de Carlos Rodríguez y Armando Barrón. Tras la caída en 1995 de los principales cabecillas colombianos del Cártel de Cali, que lo abastecía de droga, Carrillo empezó a negociar directamente con la organización de Jorge López. Este contaba con la protección, ordenada por Amado Carrillo, de los hermanos Eduardo y René Gonzales Quirarte, que también tenían en Perú un amplio prontuario por narcotráfico. Entre 1994 y 1995, Eduardo Gonzales Quirarte estuvo a punto de comprar un casino en Miraflores. Nadie sabe por qué no fue capturado, pue
s llegó a Lima con su nombre y apellido completo y estaba requerido internacionalmente. Gonzales se estableció un tiempo en Tacna y luego en Chile, donde tampoco fue detenido.

A su vez, la importancia de Jorge López radica además en que los miembros de su organización manejaban millonarias cuentas bancarias en todo el mundo, como el Banco Germánico de la América del Sud, el Banco de Iberoamérica de Panamá, Capital Bank, el Office Kendall en Miami-Florida, el Total Bank Omni Branch, el Interbank Aruba N.V., el Republic National Bank, el Westchester Bank y el Helm Bank, entre otros.

Mientras tanto el semanario mexicano La Jornada informaba que «los bancos involucrados en operaciones de lavado de dinero para los cárteles de la droga de Juárez y Cali, de México y Colombia, respectivamente, pertenecen a los grupos financieros que encabezan las familias de los principales millonarios del país, entre los que destacan Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Eugenio Garza Lagüera y Adrián Sada González. Las autoridades en Estados Unidos y México investigaron la relación existente entre los funcionarios directamente acusados y detenidos en tres ciudades estadounidenses y sus directivos en las casas matrices de los bancos señalados en la indagación original. Según una de las tres demandas presentadas hasta ahora por las autoridades estadounidenses, los funcionarios bancarios mexicanos que participaron en actividades de lavado de dinero trabajaban para Bancomer, Banamex, Serfin, Confía, Bital, Banoro, Banpaís, Banorte, Promex, Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Bancrecer, Interacciones y Unión, así como para la casa de bolsa CBI y Vacoplus, una casa de cambio».

En 1997 el diario La Tercera informó de la presencia de Carrillo Fuentes en Chile y ubicó once valiosas propiedades adquiridas por una organización económica liderada por el narcotraficante. Informes de la DEA indicaron entonces que el «‘Señor de los Cielos’ tenía intenciones de establecerse en ese país y buscaba realizar inversiones en países cercanos».

En diciembre de 1997 fue la revista Posdata la que informó que tres integrantes del Cártel de Juárez ingresaron a Uruguay en doce oportunidades entre 1994 y 1997. «Que se sepa hasta ahora, el último de sus miembros en ingresar a nuestro país fue el médico personal del jefe del Cártel de Juárez. Ricardo Reyes Rincón, médico colombiano, arribó a Carrasco el 28 de febrero de 1997 exhibiendo el pasaporte mexiicano número 97380033705, aunque el nombre que constaba en el documento era el de Arturo Hernández Cárdenas. Era este un hombre de la más estrecha confianza del traficante mexicano que poco después fue dado por muerto. Aunque hay quienes aseguran que el «señor de los cielos» llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para colaborar y salvar su vida y el cadáver exhibido pertenece a Jorge Francisco Palacios Hernández, conocido como «El Chiquilín», de extraordinario parecido a su jefe. La Dirección Antidrogas uruguaya había informado a la Justicia que esos tres sujetos venían con intenciones de lavar dinero en nuestro país. Por esa razón se decidió reclamar la captura del trío, un colombiano y dos mexicanos, aunque nunca se pudo concretar. Citando fuentes argentinas, la publicación dice que «Carrillo Fuentes deambuló ese febrero por Uruguay, Argentina y Chile, buscando un lugar donde lavar su fortuna. En Chile hubo escándalo político y financiero; en Argentina se descubrió a sus socios en diciembre de 1999 y hay una investigación en curso; en Uruguay, después de que se revelaran sus inversiones, fue destituido el ex jefe de la Brigada Antidrogas, Roberto Rivero.

Uruguay: parada y destino obligatorio

La Brigada de Narcóticos consideraba que «Punta del Este estaba siendo utilizada para lavar dinero por un clan encabezado por Nicolás Di Tulio, vinculado al Cártel de Juárez y al ex presidente argentino Carlos Menem».

En la edición del 11 de diciembre pasado el diario argentino La Nación consignó la siguiente información: «Se presentaban como mandatarios de empresarios de Televisa, el multimedia más grande de México, que pretendían comprar campos en la provincia de Buenos Aires, pero en realidad eran los embajadores del jefe de Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, que buscaba blanquear en la Argentina parte del dinero que había ganado traficando cocaína a los Estados Unidos. El empresario inmobiliario Nicolás Di Tulio y el veterinario Oscar Marinone, que compraron propiedades en Mar del Plata, donde vivió el narcotraficante mexicano, son los mismos que en 1998 adquirieron un departamento en el centro de Bahía Blanca y tres campos en dos localidades de la zona. Fue el primer desembarco de los mexicanos en el país, según lo descubierto en la causa que investiga el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral a raíz de una denuncia de la Embajada de México en Buenos Aires». Di Tulio invirtió unos cinco millones de dólares en varios campos que totalizaban unas 3.500 hectáreas ubicadas en la zona de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y un apartamento en Mar del Plata. Eso ocurrió a principios de 1998″.

El 12 de enero pasado la Agencia Prensa Latina informaba que «la policía argentina allanó una estancia y varias oficinas de la empresa Rincón Grande SA en la ciudad de Mar del Plata por sospechas de operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Los lugares investigados por las autoridades fueron la estancia Vieja Cabaña Las Lanzas, la oficina contable de Rincón Grande SA y la escribanía Pinto. Durante los registros fueron incautados libros de contabilidad, constancias de transferencias desde Uruguay hacia Argentina por un total de tres millones 600 mil dólares, escrituras y otros documentos. La pesquisa fue realizada por sospechas de lavado de dinero perteneciente al cartel mexicano de Juárez. Las indagaciones al respecto comenzaron en diciembre pasado con la participación de funcionarios del Departamento de Justicia, la Dirección de Aduanas y de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El primer movimiento de dinero del narcotráfico se produjo con una transferencia enviada por el Bank of America a la entidad financiera argentina Mercado Abierto. Anteriormente se registró un contacto entre los hermanos argentinos Nicolás y Domingo Di Tulio, ex dueños de una firma inmobiliaria de esta capital, con jerarcas del Cártel de Juárez. El objetivo era realizar transacciones en Argentina con dinero «sucio» a través de MA Bank, el nombre que utiliza la firma Mercado Abierto en territorio norteamericano.

Se estima que entre agosto de 1997 y abril de 1998 se efectuaron varias transferencias a diversas cuentas del Bank of America y del National Bank of Florida, que más tarde fueron cobradas por los hermanos Tulio y colocadas en las arcas del MA Bank. El total se calcula en 25 millones de dólares. A partir de ahí el dinero comenzó a ser invertido, a través de Mercado Abierto, en la compra de inmuebles en Argentina.

En diciembre la Policía registro seis locales, entre ellos las oficinas de Mercado Abierto, situadas en la céntrica calle Corrientes, en el corazón bancario y comercial de Buenos Aires. La raíz mexicana del asunto fue confirmada en Washington por el jefe de la división México de Interpol, Juan Miguel Ponce, al asegurar que el ahora fallecido líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, estuvo en Argentina desde finales de 1996 hasta febrero de 1997. El llamado «Señor de los Cielos» ingresó con documentación falsa en los momentos en que México lo buscaba por los delitos de crimen organizado, narcotráfico, acopio de armas de guerra «y todo el resto del código penal», indicó Ponce, quien visitó Buenos Aires a principios de d
iciembre.

El inspector Rivero logró una pista. A fines del año pasado supo que una mujer llamada Beatriz Llera había adquirido una casa en Punta del Este a través de la Inmobiliaria Costábile.

En realidad representaba a Sasur SA, verdadera compradora de la casa, pero el alto oficial uruguayo descubrió que la mujer estaba muy ligada a Nicolás Di Tulio. Pero lo peor resultó ser que el presidente de esa sociedad anónima era Jaime Martínez Ayón, buscado en varios países por sus vínculos con el Cártel de Juárez.

Quiso el destino que Danilo Arbilla fuera el vendedor del padrón 4027, de la manzana 722 del barrio Laguno, donde está emplazado el chalet Holiday. El resto del escándalo es público.

Punta del Este ya había sido el lugar elegido en 1989 para sus operaciones por Raúl Vivas, que lavó desde Uruguay unos 500 millones de dólares y por eso cumple una condena de 505 años en una cárcel de Colorado, EEUU.

Un año y medio después cayó Ramón Puente Patiño, un panameño que oficiaba como contador del Cártel de Cali y, según su ya antológica agenda, había logrado –entre otros– el concurso de Amira Yoma, cuñada de Menem, para traer dinero a la Argentina y a Punta del Este; por esa razón ella tiene todavía una causa abierta en un Juzgado Penal de Maldonado, por un presunto delito de lavado.

En diciembre de 1999 la Justicia argentina procesó y remitió a la cárcel a Victoria Eugenia Henao Vallejo, viuda de Pablo Escobar Gaviria, y al contador Juan Carlos Zacarías, ex novio y socio en una maniobra para lavar unos 500 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

El auto de procesamiento dice que «el contador Juan Carlos Zacarías, responsable de la inmobiliaria ‘Studio Center’, sita en Yapeyú 99 de esta Ciudad, junto con el abogado doctor Lichtman, le aconsejó comprar una sociedad anónima en la República del Uruguay (con la intervención del estudio uruguayo Lublinerman, Lafite y Vignoli) y establecer una sucursal en la Argentina. El dinero de Colombia debía ser girado a esa empresa vía Nueva York».

Además se menciona a otras dos SA constituidas en Uruguay: Aurilor y Dipolar. También establece que el contador Alejandro Granado Peralta «reconoció ser el contador de Inversora Galestar SA en Argentina (con domicilio también en Yapeyú 99) y que se comunicaba con el contador de dicha entidad en Uruguay, doctor Perazzo Puppo, para confeccionar los balances que se debían presentar ante la Inspección General de Justicia de Uruguay, todo ello hasta febrero de este año (1999), momento en el cual se enteró de la verdadera identidad de María Isabel Santos Caballero (nombre falso de la viuda de Escobar) y decidió separarse de la empresa».

LA REPUBLICA publicó este fallo en enero pasado. A partir de allí la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, comandada entonces por el inspector Rivero, solicitó a la magistrada Anabella Damasco el levantamiento del secreto bancario para algunas cuentas ubicadas en el Citibank donde podría encontrarse el dinero de Escobar Gaviria girado desde Colombia, vía Nueva York, hacia Montevideo. A su vez, el juez Gerardo Peduzzi ya había recibido un exhorto de sus pares argentinos para investigar las mismas cuentas.

El elemento común de todos estos casos, además de tener a nuestro país como epicentro, es que ninguno fue descubierto por autoridades compatriotas.

Vivas fue descubierto por el FBI que investigó en EEUU a «La Mina», una organización mafiosa que él integraba; Puente Patiño cayó a pedido del juez español Baltasar Garzón y Victoria Henao Vallejo fue descubierta por la policía argentina.

Ramón Díaz

Ahora se sabe además que el abogado Ramón Díaz, ex fundador de Búsqueda, ex presidente del Banco Central del Uruguay, es actualmente presidente de Lafex SA, propietaria de una Bolsa de Valores a Futuro pronta a funcionar en Uruguay. El vicepresidente de esa empresa era Luis Gallardo, sindicado como operador financiero del Cártel de Juárez en la región. Según informaron a LA REPUBLICA fuentes de Lafex SA «Gallardo falleció después de abril», pero se negaron a decir la causa.

Pero no es esta la primera vez que el nombre de Ramón Díaz aparece vinculado al lavado de dinero.

En la edición de la revista Noticias correspondiente al 31 de julio de 1999 se consigna una entrevista al destituido jefe local de la DEA, Abel Reynoso. Según sostiene la publicación, «el agente investigaba una red que lavó 1.300 millones de dólares en coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. En su agenda figuran tres bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay y Brasil».

Asegura que «la pesquisa, de la que también participan el FBI y la US Securities and Exchanges Comisión, desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el ex presidente Luis Alberto Lacalle», en obvia referencia al estudio Posadas, Posadas y Vecino.

Pero Reynoso agregó más información: entre los nombres uruguayos considerados piezas clave por la DEA figura «el uruguayo Carlos Fedrigotti, que presidió el Citibank en su país y fue el encargado de negociar la deuda externa como acreedor de ese país durante el gobierno de Lacalle.

El negociador por el Estado fue Ramón Díaz, un abogado que había sido asesor de Fedrigotti en el Citi.

Hoy Fedrigotti es el presidente del Citi en la Argentina y de la Cámara de Comercio Norteamericana en el país».