Justicia investigará denuncias de Rivero

La decisión de la magistrada difiere claramente con la expresada por el ministro del Interior, que cuando recibió la documentación de manos de Rivero no autorizó que se investigara. Stirling reiteró ayer que Rivero «acusó sin pruebas» y calificó a los infomes como «irrelevantes».

Por razones de enfermedad, la magistrada estuvo ausente martes y miércoles y ayer se abocó durante toda la jornada a despachar numerosos asuntos pendientes. Desde su oficina se contestó que «la jueza no respondería a ninguna requisitoria» y se mostró una evidente molestia por lo que se calificó como «acoso periodístico».

Fuentes judiciales indicaron que «de las pruebas aportadas surgen más operaciones inmobiliarias realizadas por la empresa Sasur SA», que fue la empresa adquirente del chalé Holiday de Punta del Este, cuyo anterior propietario era el director de Búsqueda, Danilo Arbilla.

La sociedad está presidida por Nicolás Di Tulio, actuando como vicepresidenta María Beatriz Llera, la mujer que negoció con la inmobiliaria Costábile de Punta del Este la compra de la casa del periodista. Di Tulio, su hermano, el veterinario Oscar Marinone y Llera, están acusados en la República Argentina de lavar activos del Cártel de Juárez. En este caso se descuenta el inicio de una investigación judicial, también para cumplir con normas internacionales a que el país está obligado en materia de lavado de dinero.

Pero todas las empresas mencionadas en el «informe Rivero» tienen su sede en Montevideo, por lo que no se descarta que Canesa decline competencia y pase el expediente a un juzgado capitalino.

Sin embargo, fuentes judiciales capitalinas dijeron a LA REPUBLICA que «Canesa perfectamente puede actuar en este caso, porque el primer hecho irregular denunciado, la venta de una casa a personas vinculadas al Cártel de Juárez, se produjo en Maldonado».

Las fuentes indicaron que Canesa también pretende declinar competencias con el oficio que el miércoles le enviara el Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, para que investigue presuntas escuchas telefónicas a los periodistas del semanario Búsqueda.

Las fuentes a que accedió LA REPUBLICA indicaron que «esa publicación tiene sede en Montevideo, mal podría la doctora Canesa llevar adelante esa investigación. Por lo tanto es seguro que ese pedido regrese al fiscal, para lo que él crea conveniente». Sin embargo, fuentes vinculadas a la fiscalía aseguraron a LA REPUBLICA que Peri Valdez es partidario de que la fiscalía insista para que se investigue el tema de los pinchazos en primer lugar.

Canesa presentará «agravio» ante la Suprema Corte

Pero un elemento crítico se introdujo en la documentación aportada por Rivero. En un memorando dirigido a Stirling, el ex director Nacional de Policía le asegura a su superior que «el oficio entregado a la jueza el 16 de marzo se filtró a Danilo Arbilla desde el propio juzgado sin conocimiento de la señora magistrada».

Una investigación realizada por Canesa puso al descubierto que quien filtró ese documento fue un oficial de la Policía, que obviamente no se trató de Rivero, aunque no fue él quien se lo entregó a Arbilla sino otra persona que lo recibió y lo pasó.

A raíz de esa acusación la magistrada presentará sus agravios ante la Suprema Corte de Justicia, en un trámite que debe hacerse por escrito y seguramente será entregado el próximo lunes. Es altamente probable que este asunto termine otra vez en el despacho del ministro del Interior.