Amnistía: “Gobiernos de la región deben brindar protección a quienes huyen de Venezuela”
Los gobiernos América Latina y el Caribe “deben asumir su responsabilidad colectiva de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela", manifestó Amnistía Internacional, a través de una carta abierta a los gobiernos de la región asistentes a una cumbre de urgencia que se celebra en Quito, Ecuador.
“Millones de personas han sido obligadas a dejar todo atrás y caminar durante días para escapar de las violaciones de derechos humanos cometidas en gran escala en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación del derecho a la alimentación y a la salud”, señaló Erika Guevar Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La situación requiere liderazgo y cooperación internacionales. “Los países vecinos deben mostrar solidaridad y comprometerse a proteger a las personas de Venezuela en los momentos de necesidad. No deben dar la espalda a quienes no hacen más que buscar un lugar donde rehacer su vida en condiciones de seguridad”, se indicó en un comunicado.
También se recuerda que más de 2.3 millones de personas “han abandonado Venezuela desde 2015, el equivalente a más del 7% de la población, según cifras de la ONU. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú”.
Protección
Dada la magnitud de la crisis de refugiados, Amnistía Internacional solicita a los gobiernos de la región que “permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela”.
“Los países receptores deben aplicar de inmediato medidas efectivas de protección de esas personas y garantizar que no son devueltas. Los Estados deben garantizar el acceso a los derechos humanos tanto a las comunidades receptoras como a quienes necesitan protección internacional, incluidos los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la libertad de circulación”, manifiesta Amnistía Internacional.
También indica que los gobiernos regionales y las agencias internacionales especializadas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Regional (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “deben determinar su responsabilidad compartida de prestar apoyo económico y logístico para garantizar los derechos y la protección de todas las personas que llegan de Venezuela”.
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