Un juez chileno pidió la detención y extradición de 4 militares uruguayos

En el escrito de casi 100 hojas  que fue presentado en la víspera a la Corte Suprema  se solicita al máximo tribunal que pida la extradición del teniente coronel de Ejército uruguayo Eduardo Radaelli, de los coroneles (r) de Ejército Tomás Casella y Wellington Sarli, y del policía retirado Ramón Rivas.

Todos fueron encausados en diciembre pasado por haber estado a cargo «los tres primeros» de mantener a Berríos bajo control en Uruguay, mientras que Rivas era el jefe policial de Canelones cuando el ex agente denunció estar secuestrado.

Berríos fue sacado por militares chilenos a fines de 1991 para evitar que declarara ante la Justicia por los crímenes del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976, y de un diplomático español, muerto en julio de 1976 en Santiago de Chile.

La decisión de alejarlo de dichos procesos fue adoptada por el entonces director de Inteligencia del Ejército, Hernán Ramírez Rurange, hoy encausado por asociación ilícita y obstrucción a la Justicia.

En 1992 el ex agente, considerado un experto en gas sarín, se comunicó con el consulado de Chile en Montevideo, para pedir un salvoconducto y regresar a Santiago.

Días más tarde se produjo un confuso incidente en un cuartel policial del balneario de Parque del Plata. Hasta ese lugar llegó Berríos, denunciando estar secuestrado. Momentos más tarde Cassella llegó hasta el lugar y Berríos se retractó de sus dichos. Esa fue la última vez que fue visto con vida hasta que su cadáver apareció en una playa cercana a Montevideo, en febrero de 1995.

La solicitud de extradición, luego de ingresar al máximo tribunal, deberá pasar a manos de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, para que elabore un informe, recomendado dar o no curso a la solicitud.

Una vez evacuado el informe, los antecedentes pasarán a la Sala Penal del máximo tribunal, que podría llegar a solicitar la detención provisoria de Cassella, Radaelli, Sarli y Rivas mientras estudia el caso. Finalizado el estudio, la sala dictará una resolución, a favor o en contra.

Si los ministros de la Suprema estiman que corresponde pedir la extradición, se oficiará a la Cancillería para que realice las gestiones necesarias ante Uruguay.

Las autoridades uruguayas adelantaron que no se opondrían a una eventual extradición por cuanto el caso no está incluido en la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de Uruguay, y que la decisión quedaría sólo en manos de los tribunales.

En Chile, una docena de personas se encuentran procesadas por el homicidio de Berríos, entre ellas el mayor de Ejército (r) Arturo Silva, procesado por secuestro y homicidio; el ex director del DINE Hernán Ramírez, encausado por asociación ilícita y secuestro; Eugenio Covarrubias, ex director del DINE, sometido a proceso por asociación ilícita.

Otros procesados son el mayor de Ejército (r) Jaime Torres, por el delito de secuestro. También el capitán (r) Pablo Rodríguez, encausado por asociación ilícita y secuestro; el comandante (r) Manuel Pérez, por asociación ilícita y secuestro y el civil Raúl Lillo Gutiérrez, por asociación ilícita y secuestro. *