DELITOS

Fiscalía crea consejo de expertos para auditar estadísticas sobre seguridad

El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, resolvió crear un “Consejo Honorario de Transparencia” el cual deberá producir y publicar información estadística y asesorar a la Fiscalía sobre políticas públicas de seguridad.

Fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Fiscal de Corte, Jorge Díaz.

De acuerdo a la resolución, el Consejo estará integrado por el fiscal de Corte y por especialistas en sociología, economía, criminología y otras disciplinas.

Los integrantes del consejo son: la magíster en sociología Ana Vigna, el doctor en economía Carlos Díaz, el doctor en criminología Nicolás Trajtenberg, el doctor en gobierno Fabrizio Scrollini y el magíster en sociología Henry Trujillo.

Dicho grupo interdisciplinario podrá estar integrado hasta por siete miembros, que no sean funcionarios de Fiscalía.

Participación no remunerada

Su participación no es remunerada, actuarán a título personal y deben tener probada formación en actividades y áreas de conocimiento relevantes para el logro de los objetivos generales del consejo, informó la Fiscalía.

La creación de la Comisión se sustenta en “la necesidad de garantizar los máximos niveles de transparencia y calidad de la información estadística producida por la Fiscalía General de la Nación, así como de favorecer la generación de conocimiento científico aplicado a la mejora de las políticas públicas en el ámbito de su competencia”.

“Desde la aplicación del nuevo proceso penal de carácter acusatorio la Fiscalía determinó digitalizar el registro de los procesos de trabajo, por lo que cuenta con información estructurada y digitalizada sobre todas las noticias criminales registradas en el país y sobre las investigaciones penales generadas a partir de ellas”, se asegura.

Políticas de seguridad

De acuerdo a la Fiscalía, ello “representa un enorme potencial para generar conocimiento acerca de la eficacia, eficiencia, calidad e impacto de las políticas de seguridad pública y administración de Justicia”.

La institución remarca que el acceso a la información pública es “un derecho humano reconocido por normas internacionales y regulado en el orden jurídico interno”.

Por ello se asegura que “las buenas prácticas internacionales en materia de gestión de la información pública resaltan la conveniencia de integrar en su producción a referentes de la academia y la sociedad civil con intereses y/o conocimientos específicos en la materia de que se trate, a fin de asegurar que los datos publicados respondan en tiempo y forma a las interrogantes más relevantes para la ciudadanía y resulten confiables”.

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