Un solo Uruguay reclama al gobierno rescindir el contrato con UPM por nueva planta de celulosa

En relación a la reciente discusión sobre el contrato que firmaron el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa, el movimiento Un solo Uruguay aclara que “bajo ningún modo se opone a la generación de empleo, a la inversión y al desarrollo del interior del país”.

Sí considera que el contrato que brinda una parte del gobierno a una sola empresa extranjera “no presenta igualdad de condiciones con respecto al resto de los sectores y es desfavorable para nuestra economía”.

El contrato “es inconstitucional, esa razón ya es más que suficiente para reclamar que el mismo no se lleve a cabo”.

Un solo Uruguay expresa que la Constitución de la República expresa claramente que “Uruguay puede celebrar acuerdos comerciales de diferentes clases, pero para esto establece como mecanismo que los mismos sean aprobados o no por el Poder Legislativo (Artículo 85, inciso 7)”.

Aseguran que el proceso entre el gobierno y UPM “se ha dado de forma confidencial y únicamente ha sido manejado por un sector del Poder Ejecutivo”.

“Ni siquiera debería titularse ‘contrato’ ya que sólo Uruguay se compromete a realizar cuantiosas inversiones, cercanas a los 2 mil millones de dólares, para que luego de realizadas las mismas la empresa resuelva si sigue adelante o no”, denuncian los productores.

Rescindir el acuerdo

Expresan que “la expropiación de más de 600 padrones, la construcción de una nueva vía férrea, el dragado del puerto de Montevideo, la construcción de un viaducto, otorgar zona franca al emprendimiento industrial, la compra por parte de UTE del excedente de energía que genere la misma a un precio ya fijado y por 20 años, el comprometerse a que el río Negro correrá siempre” son algunas de las razones por la que se oponen al acuerdo entre las partes.

Un solo Uruguay  presentará el próximo 24 de agosto en Torre Ejecutiva, junto con otros grupos sociales, “la primera tanda de firmas con la petición para que se rescinda el acuerdo”.

“Esta sinergia surge a partir de que existen diversos actores que consideran que el contrato impactará de forma desfavorable, en la pérdida de soberanía, desde la perspectiva económica como a nivel ambiental”, aseguran.