SUFRAGIO

Uruguay avanza en la aprobación del voto de los uruguayos en el exterior

El Senado dio sanción definitiva, con los votos del Frente Amplio, al proyecto de Ley por el que se crea una Comisión especial para que se analicen las “alternativas jurídicas para la instrumentación del voto de los uruguayos residentes en el exterior".

SENADORES

Este martes 7 de agosto la Cámara de Senadores aprobó por 16 votos afirmativos en 28 legisladores presentes el proyecto de Ley que ya había sido aprobado por Diputados en diciembre pasado, y que establece que los uruguayos que residan en el exterior no pierden los derechos inherentes a la ciudadanía.

La iniciativa, que deberá ser reglamentada por el Ejecutivo, declara con carácter “interpretativo” del primer párrafo del artículo 77 y del artículo 81 de la Constitución de la República, que el hecho de residir fuera del país “no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”.

Crea una Comisión honoraria con el cometido de “elaborar un proyecto e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior”.

Dicha Comisión estará integrada por representantes del Poder Legislativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Electoral, el Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un representante propuesto por los Consejos Consultivos y un representante del Consejo Consultivo Asesor de Migración.

También se dispone un plazo máximo de 120 días desde la constitución de la Comisión, para efectuar la tarea encomendada por la Ley.

Debate

La senadora del Frente Amplio Constanza Moreira aclaró que a través del proyecto “no se habilita el voto en el exterior de los uruguayos, sino que se crea una Comisión en la cual están incluidos los representantes de todos los partidos, la Corte Electoral, la Cancillería, a efectos de habilitar la mejor salida jurídica a una restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en el exterior”.

Remarcó que la iniciativa es muy clara respecto a la necesidad que tiene el país de darle una salida a un problema que afecta al 16% de los uruguayos.

“Hay una discusión sobre si los uruguayos que viven en el exterior tienen derecho a votar. Ello está fuera de discusión, porque los uruguayos no pierden el derecho al voto por estar en el exterior”, expresó.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que si bien el Pacto de San José de Costa Rica, al que hizo referencia el Frente Amplio, establece que el voto en el exterior es un derecho, también dice que la Ley puede reglamentar el ejercicio de los derecho y oportunidades exclusivamente por razones de edad, nacionalidad y residencia.

“Hasta el propio Pacto de San José de Costa Rica dice que la residencia está permitida para limitar los derechos”, remarcó.

También indicó que el artículo 81 de la Constitución de la República dice que la nacionalidad oriental “no se pierde nunca y menos por el hecho de vivir en el exterior, sino que se suspenden los derechos, y si quieren cambiar esa situación hay que modificar la Carta Magna”.

A su turno, el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga cuestionó que se intenta “atropellar la Constitución, el concepto republicano y el Estado de derecho, cuando no se respeta un pronunciamiento popular”.

En tal sentido, recordó que en 2009 se impulsó un plebiscito, en el que la ciudadanía se pronunció en contra del voto en el exterior y ahora, en 2018, una Ley. “Eso es cambiar de posición en función de la ocasión y en virtud del resultado electoral”.

Mientras que el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que a pesar de la decisión negativa de la ciudadanía, de rechazo a la iniciativa de reforma constitucional, “lamentablemente el Frente Amplio ha optado por un camino oblicuo que implica afectar la Constitución. Diez años después, se plantea que como se rechazó por la vía constitucional se va por la vía legal”.

En el momento de la votación, el senador nacionalista Pablo Iturralde se retiró de Sala por considerar que el proyecto es inconstitucional y que, además, debería aprobarse con una mayoría especial de dos tercios.

 

 

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