Sociedades que expanden sus aparatos policiales generan efectos preocupantes

Casa Grande – Frente Amplio, sector que lidera la senadora Constanza Moreira, se opuso a la modificación del nuevo Código del Proceso Penal (aprobado en noviembre de 2017).

La mayoría del Frente Amplio y la oposición votaron en el Senado cambios a la “prisión preventiva” y al régimen de libertades anticipadas.

Ahora, dicho proyecto de ley pasó a Diputados.

 

-Su visión de la marcha del Código del Proceso Penal que se puso en funcionamiento en noviembre de 2017

Las sociedades que expanden sus aparatos policiales, y descreen de sus políticas sociales y de su sistema de justicia, generan efectos sociales preocupantes.

-La modificación del Código del Proceso Penal es una de las grandes transformaciones que el Uruguay se debía y que comenzamos a transitar. Tenemos un Código muy viejo, de corte inquisitivo, hay muchas de las instituciones que tienen que ver con la seguridad y con la justicia penal que nos exigían y nos exigen un ajuste.

El proyecto del Código del Proceso Penal es una gran novedad, que implicaba un cambio filosófico y de práctica pero también implicaba ajustes entre los distintos actores.

En el nuevo Código hay dos partes que son las protagonistas del conflicto social que están detrás del delito, que es la parte que acusa y la que defiende con un tercero imparcial, pero también con nuevos institutos que buscan la posibilidad de que nadie fuera privado de libertad sin condena, protegiendo el principio de inocencia.

El Código del Proceso Penal es un gran sinceramiento, reconocer las cosas que el viejo sistema hacia mal y poner sobre la mesa las cosas que se pueden hacer mejor y fundamentalmente algunas limitaciones que todo proceso penal tiene para poder “controlar y combatir” el delito.

Todo el sistema político apoyó la reforma. Nosotros previmos que pasado un tiempo, iban a ser necesarios algunos ajustes. Nos sorprendió la rapidez con la que se instaló que había que hacer cambios. Generó dos situaciones: primero una dificultad en la gestión, es un cambio muy grande y todos los actores tienen que adaptarse a las nuevas reglas y las instituciones son más inercia que otra cosa, ha costado y costará mucho; pero además de las dificultades de base ha habido resistencias y “pelea” a nivel de jerarcas de gobierno que ha tenido consecuencias muy negativas. Cuando la Suprema Corte de Justicia, el Ministro del Interior (Eduardo Bonomi), los parlamentarios,  el propio Fiscal de Corte (Jorge Díaz) y los operadores judiciales empiezan a tener ese nivel de discrepancia pública en un contexto en que el tema del delito es extremadamente sensible, y donde el delito crece, el resultado político de la implementación es muy malo.

Con algunos responsables más que otros, aún vemos a las autoridades del Ministerio del Interior muy sesgados en una línea crítica de responsabilizar al Código de los problemas. Esta actitud produce un sentimiento social que ya existía de enorme desconfianza y deslegitimación de la justicia. La Justicia penal tenía problemas, errores y carencias, la gente ve a la justicia como un poder del Estado que tiene una actitud benigna, que no castiga con severidad, donde los delincuentes entran y salen, la teoría de la “puerta giratoria”. Un conjunto de “fantasías sociales” donde el “99%” de la desconfianza no tiene asidero, pero en un porcentaje sí porque los sistemas como todo tienen fallas.

La deslegitimación de la actuación del Poder Judicial en un sistema democrático es un problema.  La implementación del Código ha significado que la justicia esté “arrinconada”, a la vez se crea la necesidad de expandir el aparato policial, esta idea que está muy arraigada de que la policía “hace todo y lo hace bien”. La teoría del Jefe de Policía (Mario Layera) “hacemos todo lo que podemos, pero son otros actores los que fallan”, sean las políticas sociales o el sistema de justicia. Empieza a verse una desproporción “inquietante”. Las sociedades que expanden sus “aparatos policiales” y descreen de sus políticas sociales y de su sistema de justicia, más allá de la coyuntura o de la anécdota puntual, generan efectos sociales preocupantes.

-¿Qué cambios se incorporaron a este nuevo Código?

No hay nada que demuestre que la implementación de un nuevo Código hace aumentar el delito.

-El proyecto original del Poder Ejecutivo era una “auténtica contrarreforma”, principalmente porque tocaba cuestiones que se ajustaron y que tienen que ver con el relacionamiento entre la policía y la justicia, pero sobre todo, se afectaron los artículos que tienen que ver con la “regulación de la prisión preventiva”. En el proyecto original, se les dejaba a los jueces y a los fiscales un grado de “discrecionalidad” para adaptarlo a las distintas circunstancias. Los operadores podrían aplicar bien o mal, no había un diagnóstico cierto de cómo era la aplicación de la “prisión preventiva” en este nuevo contexto, pero lo cierto es que esa “contrarreforma” suponía un retroceso muy grande ¿Cuál era la regulación? Todos los “reincidentes” de un conjunto importante de delitos que figuraban en el proyecto original del Ejecutivo, iba desde los delitos de hurto, los de homicidios, las rapiñas y los delitos vinculados con las drogas, automáticamente había que aplicar la “prisión preventiva preceptiva”, esa es la modificación más importante. Nosotros llamamos “contrarreforma” que el debate parlamentario tuvo modificaciones. Nosotros creemos que la solución que se encontró implica “prisión preventiva casi preceptiva”. Una de las virtudes que tenía el nuevo Código era que establecía que todo aquel que cometiera un delito  debía esperar su sentencia en libertad, no se aplicó y la cárcel sigue siendo una herramienta de control del delito con las consecuencias que esto tiene.

-¿Qué aspectos de este nuevo Código pueden mejorar la seguridad?

Una política de seguridad exitosa es aquella que logra bajar la población carcelaria al tiempo que logra bajar la cantidad de delitos.

-Hay un debate respecto a los nuevos Códigos de corte acusatorio, si inciden para un lado  o para el otro respecto a la seguridad. Es una relación “incierta”, no hay nada que demuestre que la implementación de los Códigos hace aumentar los delitos, tampoco se puede decir que disminuya la tasa de criminalidad.

En la medida que el Código se propone tener un mayor nivel de eficiencia, mayor certeza y  celeridad en la posibilidad de aplicar sanciones al delito y se supone  que mejoraría la calidad de la investigación criminal, podría reducir las “brechas de impunidad”. Tenemos “brechas de impunidad” en el caso del delito de homicidio. Si esos objetivos se lograran para los delitos más graves, podría cumplir un rol muy importante. En la “tasa de homicidios” cuando se “dispara” el problema es la impunidad. Un sistema penal que logra reducir esas “brechas de impunidad” puede contribuir mucho a reducir las tasas de los delitos más violentos. Incluso genera reglas de juego certeras, las personas ingresarían a prisión sabiendo la condena y el tiempo de dicha condena. No tendrían que estar en la cárcel largos periodos esperando procesos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la calidad de la justicia y la celeridad, mejoraría la percepción en torno a cómo la justicia penal responde al problema del delito. El proceso penal puede tener una relación “indirecta” en los efectos positivos y sobre todo en los delitos menos frecuentes y más graves.

A mí me preocupa y nos desafía el crecimiento de las “tasas de homicidio” y el porcentaje de esclarecimiento de los homicidios que ha disminuido. Habrá que ver esta nueva manera de trabajar policías y  fiscales, si  mejora la calidad de la investigación criminal, y que esto traiga como consecuencia un impacto positivo en la reducción de las “tasas de homicidio”. Nadie puede pensar que un Código por sí solo disminuye o aumenta el delito.

-Existe coincidencia que causó un impacto negativo en la ciudadanía que haya menos presos en las cárceles. ¿Qué lectura hace de esta situación?

La población carcelaria aumentó sin embargo el delito no disminuyó.

-Depende de la interpretación y de cómo se dice. Insisto en esta idea: una política de seguridad exitosa, es aquella que logra bajar los niveles de delito, disminuyendo también el volumen o la intensidad de los castigos. Una política de seguridad que funciona, es aquella que logra bajar la tasa de población carcelaria, al mismo tiempo que baja los delitos.

Si nosotros lo que pretendemos es aumentar la población carcelaria, para tener igual o disminuir en algo el delito, no es una ecuación beneficiosa. Cuando se dice tenemos menos presos y sin embargo, el delito no aumentó, ese es un escenario auspicioso. Desde el punto de vista de una política pública,  es un problema decir  tenemos menos presos porque  no logramos controlar el delito. Hay algo que a mí me hace “mucho ruido”.

Para hacernos una idea, desde que se empezó a implementar el nuevo Código, tenemos unos 750 reclusos menos, de cualquier manera tenemos 10.000 personas privadas de libertad, que es la misma cantidad que teníamos  en promedio en 2016. En 2016 el delito venía bajando, ahora todo el debate gira en torno a aplicar más la “prisión preventiva”, acotar las libertades anticipadas, que haya menos salidas “anticipadas” sin importar el delito o el proceso que se cumpla en prisión.

Los Partidos Tradicionales (Partido Nacional y Partido Colorado) proponían que las libertades anticipadas se negaran en todos los delitos y también las salidas transitorias. Agregaría el debate que se está dando en el país y es la necesidad de tomar la medida extrema que es “la cadena perpetua” para determinados delitos.

Si nosotros analizamos la coyuntura, vemos prisión preventiva, restricción de las libertades anticipadas y cadena perpetua, estos tres elementos lo que hacen es fortalecer el sistema penitenciario como un mecanismo “incapacitante”, un mecanismo de depósito para controlar el delito.

Es la idea de que para delitos extremos “cadena perpetua” y para aquellos que presumo van a reincidir  restringir las libertades anticipadas, para los que están esperando juicio les hago preceptiva la prisión preventiva. Todos los institutos de política pública, según el debate actual, fortalecer la cárcel, “cerrar” la cárcel porque parte de la idea de que más gente presa va a implicar más seguridad o disminución de la tasa de delitos, ese es el debate de fondo. Ese es un camino que no reduce los delitos. Hace 20 años atrás, había la cuarta parte de la población carcelaria, la población carcelaria ha ido creciendo y el delito no ha ido disminuyendo. Además introduce un camino en que en vez de los esfuerzos volcarlos en prevención, en contención, en rehabilitación, lo estamos volcando en “contención e incapacitación” del sistema penitenciario. Entonces, decir el delito crece porque hay menos presos, detrás de esa frase se admite el fracaso de una política integral en seguridad.