Agencias de EEUU investigan a nueve empresas uruguayas

Las nueve empresas uruguayas son Tamilur S.A, Euro American Finance N.V., Financiera Bietasur, Sasur S.A., Idafal S.A., Financiera Estarey, Autum Invest, Urlas S.A. y Sawer Financial Service Limited.

Euro American Finance tiene los bancos de datos y los libros de las operaciones en Argentina. Sawer Financial y Autum Invest funcionan en el extranjero pero están radicadas en Uruguay.

Sobre las cinco primeras existen pedidos concretos de investigación de la Agregaduría de Aduanas de los EEUU en Uruguay y de la US Custom Service (agencia especializada en investigar el lavado de dinero del narcotráfico) y está probada su vinculación o con hombres del Cártel de Juárez o con instituciones financieras utilizadas por los narcotraficantes. Las otras cuatro están siendo investigadas en la actualidad.

Según el documento aportado por Rivero se sabe que Tamilur S.A. tiene como presidente a Jaime Martínez Ayon, hombre del Cártel de Juárez que también preside Sasur S.A. la sociedad que adquirió la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Euro American Finance es presidida por Jorge Martínez Iñiguez, ex policía mexicano al servicio del Cártel de Juárez, Idafal es presidida por Raúl Oscar Marinone, empleado de Di Tullio, esta empresa compró los cuatro campos en el departamento de Flores. Financiera Bietasur con sede en Montevideo está directamente ligada a «Mercado Abierto», la financiera argentina señalada como el centro del narcolavado en la región. Bietasur, según el documento de Rivero, está representada en Uruguay por el Estudio Elenberg y Asociados, con domicilio en Juncal 1327, piso 2, escritorio 1204.

 

Historia del «Memorando Reservado»

El documento que LA REPUBLICA reproduce hoy en forma completa y que desde el martes tiene en su poder la jueza Fany Canessa fue presentado por Rivero al ministro Guillermo Stirling el 17 de abril de 2000 para solicitarle proseguir con la investigación sobre el lavado de dinero. En él se menciona la casa de Danilo Arbilla vendida al narcolavador Di Tullio y también al escribano Javier Morassi, quien ofició de notario en todas las transacciones de los narcolavadores.

La intención de Rivero al presentar este documento era lograr que se continuara la investigación del lavado de dinero del Cártel de Juárez en nuestro país. En su pedido presentó informes, investigaciones propias e incluso aclaró que había recibido reportes de las agencias norteamericanas y estableció el contenido de los mismos (ver documento).

El escrito dice textualmente que se recibieron de la US Custom los informes 2,8.9.10,11 y 12 del agente especial senior Stephen M. Perino.

Antecedentes y pedidos desde el exterior

El documento establece que en diciembre el gobierno mexicano presentó una demanda formal ante la justicia argentina, que involucraba a Mercado Abierto.

El 14 de febrero de 2000 la Justicia de los Estados Unidos recibe la denuncia sobre el caso de lavado de dinero, la presenta ante la Corte de Los Angeles, el fiscal Alejandro Mayorkas.

El 20 de setiembre de 1999 la Gendarmería argentina requería información sobre los involucrados a la DGRTID, en particular información sobre empresas vinculadas a la actividad financiera ubicadas en Uruguay.

El 9 de febrero de 2000 la Agregaduría de Aduanas de los Estados Unidos en Uruguay solicita «asistencia con relación a diversas compañías e individuos en Uruguay que surgieron en la investigación Operación Casablanca como compañías de inversión para lavar dinero del Cártel de Juárez». En este pedido se mencionan cuatro de las nueve empresas señaladas.

El documento revela también que «dos de los agentes encubiertos en esta Operación Casablanca participaron ya en la Operación Polar Cap que entre 1989 y 1990 destruyera la organización de Raúl Vivas en Uruguay. También aquella organización operaba –en su caso para el Cártel de Medellín– compras inmobiliarias en Argentina y Uruguay, mediante sociedades anónimas que disfrazaban el origen de los fondos».

Los campos de «Las Bolas»

LA REPUBLICA informó detalladamente de la compra de la casa de Danilo Arbilla en 1997. El informe de Rivero también brinda detalles no conocidos de la compra de cuatro campos en el departamento de Flores en 1998.

En primer lugar establece que las operaciones, en las que actuó como escribano Javier Morassi, «se realizaron ante la presencia física de Nicolás Di Tullio».

Los campos totalizaban unas 4.000 héctareas y se pagó a razón de 650 a 700 dólares la héctarea.

Los campos están ubicados en la 4ª Sección de Flores, en el paraje «Las Bolas» y pertenecían según el escrito a «Etchegoymberry Hermanos, A. Pastore, P. Bialade y Hermanos Máspoli».

Uno de los campos se vendió pocos meses después y la héctarea se vendió a 200 dólares menos de lo que habían pagado en la compra.

El documento de Rivero establece también que el intermediario que actuó en la venta de los campos es el señor Eduardo Gutiérrez Larre.

El pedido de Rivero

En base a toda esta documentación y a la investigación Rivero solicitó a Stirling, para no quedar omiso ante las obligaciones legales nacionales e internacionales, investigar las empresas sospechadas, «sumar elementos» sobre Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera, Jaime Martínez Ayón, Elember Asociados, Jorge Gutfraind y el escribano Javier Morassi, «que permita deslindar responsabilidades de profesionales, operadores e intermediarios». Pidió también el seguimiento de las causas judiciales abiertas en el exterior, así como investigar a los representantes legales de Mercado Abierto en nuestro país.

El pedido de investigación fue rechazado por el Ministerio del Interior y desde el martes está en manos de la Justicia.

Solicitud para continuar con investigación de lavado de activos

Memorando reservado

Fundamentos para continuar investigación sobre inversiones del Cártel de Juárez en Uruguay.

Agencias extranjeras, abiertas (prensa Argentina) y coleccionada por la propia D.G.R.T.I.D.

I. Resumen de Situación

La prensa argentina fue dando cuenta de cómo a principios de noviembre de 1999 una delegación de la CIA llegaba a Buenos Aires y se dirigía a Mar del Plata a investigar el lavado de narcodinero proveniente del Cártel de Juárez. A fines de noviembre de 1999 llegan a la Argentina los principales representantes de la Fiscalía del Gobierno mexicano para hacer una denuncia penal sobre lavado de dinero del Cártel de Juárez. En diciembre se radica la denuncia del gobierno mexicano en manos del Juez Federal argentino Rodolfo Canícoba Corral (Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 6). El 14 de febrero de 2000 la Justicia de los Estados Unidos recibe la denuncia sobre el caso de lavado de dinero en Argentina por parte del Cártel de Juárez a través de la imputación que presenta ante la Corte de Los Angeles el Fiscal Alejandro N. Mayorkas. Cártel cuya presencia en el país era investigada por nuestra Agencia desde el año 1997.

Ya el 20 de setiembre de 1999, la Gendarmería Argentina requería información sobre los involucrados a nuestra Agencia, recibiéndose el 8 de febrero un pedido similar de parte de la Agregaduría del Servicio de Aduanas para el Cono Sur de la Embajada de los Estados Unidos con sede en nuestro país. En ambos casos, las agencias extranjeras están buscando lavado de dinero del Cártel de Juárez en Uruguay, como actividad derivada de las acciones de los narcolavadores argentinos.

Lo actuado en la Argentina fue el resultado de un operativo de magnitud que realizó el gobierno de los EEUU, conocido como «Operación Casablanca». Durante e
l mismo, agentes encubiertos se pusieron en contacto con traficantes del Cártel de Juárez y transformaron activos en su nombre. La está dirigida por la Unidad Especial de Aplicación de Leyes sobre Drogas y Crimen Organizado (OCDETF). La Unidad está integrada por agentes de USCS (Customs), del Servicio de Impuestos Internos y de la DEA. Los agentes se infiltran y convencen a los «mexicanos» del Cártel de Juárez de que ellos son confiables para colocar los fondos en los bancos y hacerlos llegar a los destinatarios de otros países donde lavar el dinero mediante compra de activos inmobiliarios. Dos de los agentes encubiertos en esta Operación participaron ya en la Operación «Polar Cap», que entre 1989 y 1990 destruyera la organización de Raúl Vivas en Uruguay. También aquella organización operaba –en su caso para el Cártel de Medellín– compras inmobiliarias en Argentina y en Uruguay, mediante sociedades anónimas que disfrazaban el origen de los fondos.

En mayo de 1997, los agentes de la Operación Encubierta Casablanca –agentes infiltrados en el Cártel de Juárez– recibieron instrucciones de hacia donde transferir el dinero blanqueado producto del narcotráfico del Cártel de Juárez.

En mayo de 1998, la Operación Encubierta Casablanca tenía ya detectado cómo era el proceso de lavado en Argentina (a la fecha, la Operación Encubierta Casablanca, había detectado 63 millones de dólares de lavado, de los cuales 12 habían sido lavados en Argentina). Ya Nicolás Di Tullio –testaferro del ex policía mexicano Jorge Iñíguez al servicio ahora del Cártel de Juárez y de su socio Jaime Martínez Ayon, encargados por el Cártel de Juárez de convertir el dinero del narcotráfico en bienes inmobiliarios argentinos– había recibido de la cuenta del Citibank de Nueva York de M.A. Casa de Cambio U$S 3.983.650 y de la cuenta del Citibank de Nueva York de M.A. Bank U$S 7.768.649. Es entonces que incauta los fondos de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York, respectivamente U$S 1.596.110 de la cuenta de M.A. Bank en Citibank y U$S 234.598 de la cuenta M.A. Casa de Cambio en el mismo Citibank de Nueva York. . Los responsables del grupo Mercado Abierto –cuyas cuentas en el Citibank de Nueva York fueran utilizadas para girar hacia la Argentina el dinero del narcotráfico– en las múltiples empresas del grupo financiero, y el destinatario final del dinero, el agente inmobiliario Nicolás Di Tullio sabían desde mayo de 1998 que estaban siendo acusados por agencias del gobierno norteamericano de lavar dinero del Cártel de Juárez en Argentina. Ya en setiembre de 1997 habían empezado a comprar en Uruguay –residencia en Punta del Este– pero en octubre de 1998, seis meses después de congeladas sus cuentas en EEUU realizaban inversiones en campos en Uruguay.

Las primeras investigaciones en Uruguay demuestran que el Cártel de Juárez ha realizado compras de viviendas y campos a través de Sasur S.A. e Idafal S.A., en cuyos Directorios figuran testaferros comprobables del sistema argentino de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

II. Antecedentes

El 20 de setiembre de 1999, la Gendarmería Nacional de la República Argentina remite oficio escrito a la D.G.R.T.I.D. dando cuenta de una investigación en curso en dicho Centro y nos solicita «por informaciones varias recibidas» información y antecedentes (filiatorios, migratorios, judiciales, laborales, relación con empresas uruguayas y argentinas y en particular con la actividad financiera) del ciudadano italiano Nicolás Antonio Di Tullio, de quien se proporciona Cédula de Identidad 4.846.270 y DNI para extranjeros 93.688.194.

El 9 de febrero de 2000, la Agregaduría de Aduanas de los Estados Unidos en Uruguay solicita «asistencia con relación a diversas compañías e individuos en Uruguay que surgieron en la investigación Operación Casablanca como compañías de inversión para lavar dinero del Cártel de Juárez». Pide luego información sobre tres sociedades y, en particular, sobre Jaime Martínez Ayon, quien controlaría dos de esas empresas y en una de ellas lo representaría Nicolás Di Tullio. Las empresas radicadas en Uruguay eventualmente sospechosas de haber sido «creadas para lavar dinero del Cártel de Juárez» serían, según la Oficina de Investigaciones de la Aduana de los Estados Unidos –la DEA se especializa en particular en capturar embarques de droga, US CUSTOMS SERVICE actúa más sobre el lavado del producto económico de la venta de droga– (con Jaime Martínez Ayon como Presidente), propiedad de Jorge Iñíguez Martínez (como veremos ex oficial de Policía mexicano, encabeza las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Juárez) y de Jaime Martínez Ayon (quien representa al anterior en Argentina), y de la cual Nicolás Di Tullio sería «el Director de esta compañía instalada en Montevideo» y , vinculada esta última a Mercado Abierto, casa bancaria argentina en la que Iñíguez y Martínez Ayon lavaban dinero en la cuenta de Nicolás Di Tullio, agente inmobiliario, quien utilizaba el dinero proveniente del narcotráfico para comprar campos y viviendas lujosas (según documentación complementaria enviada por US CUSTOMS SERVICE, Mercado Abierto es un holding argentino que presenta como representante en Montevideo al Estudio Elenberg y asociados, Juncal 1327 piso 12, Esc. 1204. El contacto ofrecido es Jorge Gulfraind. Jorge Gulfraind es el director de Financiera Biesatur S.A. en 1996 y 1997, siéndolo Guillermo Blanch en 1998 y Oscar Ernesto Moreno en 1999. Permanece hoy como contacto de Mercado Abierto en Uruguay, sin embargo, Jorge Gulfraind de Elenberg y asociados).

En el marco de estos pedidos de información de casos que se encuentran ahora en investigación judicial, tanto en Argentina como en Estados Unidos, la DGRTID recibió información verbal adicional sobre las pistas y los objetivos de la investigación, como es usual en estos casos. La Operación Casablanca es la operación antilavado de dinero proveniente del tráfico de drogas más importante del continente en los últimos años (el lavado de 63 millones de dólares, de los cuales 11 millones en Argentina y 1 millón en Uruguay), como se explicará de inmediato, y uno de los problemas centrales que está afrontando la Operación Casablanca es que los narcolavadores están vendiendo sus propiedades a toda prisa, de tal manera que, por ejemplo, en Argentina se ha podido incautar sólo un 10% del dinero lavado.

A pedido, además, de la DGRTID ambas agencias –la Gendarmería Argentina y US CUSTOMS SERVICE– ampliaron la información por escrito sobre ambos casos, según se describirá de inmediato. De la información suministrada surge con claridad el por qué, posteriormente, el 14 de febrero de 2000 el fiscal norteamericano Alejandro N. Mayorkas presenta una demanda ante la Corte Federal de Los Angeles contra la compañía argentina Mercado Abierto o sus derivadas (Mercado Abierto es un holding en el que están incluidas M.A. Bank –compañía offshore–, M.A. Casa de Cambio, con licencia en Argentina), congela los fondos de la misma e implica a su principal Aldo Ducler, a Jorge Iñíguez, a Jaime Martínez Ayon y a Nicolás Di Tullio en una operación de narcolavado. Ya antes, en diciembre de 1999, el Juez Federal argentino Rodolfo Canícoba Corral (Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 6), atiende una denuncia al respecto de parte del Gobierno de México contra los mismos sujetos por infracción a la Ley 23.737, artículo 25 (lavado de dinero).

La DGRTID pudo establecer de inmediato, a través de información confidencial confirmada, que en efecto, en setiembre de 1997 la sociedad –comprada ese mes en una oficina jurídica montevideana que vende sociedades anónimas– habí
a adquirido una casa en el Barrio Lugano en Punta del Este, ubicada en el padrón 40027, Chalet «Holiday». De acuerdo a información confiable originada en la DGI, se le expresa a la DGRTID que la empresa Sasur S.A. pasa a ser presidida durante ese mes de setiembre por Nicolás Di Tullio, actuando como vicepresidente Mirta Beatriz Llera -ciudadana argentina, DI 6141754, de quien, según la información complementaria de Gendarmería remitida a la DGRTID, se registran permanentes ingresos al Uruguay en compañía de Nicolás Di Tullio (en el mismo vehículo, casi siempre a solas con Nicolás Di Tullio, a veces acompañados ambos también por Raúl Oscar Marinone, DI 13231273, de profesión Veterinario contratado por Di Tullio en la administración de los campos argentinos comprados por Di Tullio para los mexicanos, particularmente en la Estancia Rincón Grande S.A.)–, quien queda como única directora desde octubre de 1997 hasta marzo de 1999 en que pasa a ser único director de la empresa Jaime Martínez Ayon. La DGRTID comprueba que la finca sigue en poder de Mirtha Beatriz Llera quien posee sistema de alarma y ante urgencias es responsable la Inmobiliaria Punta del Este.

Asimismo, la DGRTID pudo establecer de inmediato la compra por parte de –sociedad anónima uruguaya presidida por Raúl Oscar Marinone– de cuatro predios de campo en el Dpto. de Flores. Informaciones confidenciales confirmadas expresan que las operaciones se realizaron ante la presencia física del Sr. Nicolás Di Tullio. En tres de ellos se completó el 35% del precio de venta y en uno de ellos sólo se entregó una seña de U$S 50.000. Totalizaban en torno a 4.000 hás., pagando un precio de U$S 650 a U$S 700 la há. Los campos vendidos fueron las propiedades en la cuarta sección del Departamento de Flores, paraje «Las bolas», de Etchegoymberry Hnos., de A. Pastore, de P. Bialade y de los Hnos. Máspoli, habiéndose depositado en este último caso una mera seña de cincuenta mil dólares. Los tres primeros campos son linderos y el restante traslindero. La inversión superó los quinientos mil dólares. El intermediario que actuó en la compra de campos es el señor Eduardo Gutiérrez Larre. Ningún caso se escrituró sino que se hicieron compromisos de compraventas o boleto de reserva. El primero de los campos mencionados (padrones 42, 56 y 4.057 del Departamento de Flores por un total de 1159 hectáreas) ya fue a su vez vendido –a U$S 200 menos la há.– habiéndose comprado el 6 de octubre de 1998 y vendido en un año después.

En todas las operaciones actuó como escribano Javier Mario Morassi Olondriz. Tanto Sasur S.A. como Idafal S.A. tienen domicilio en el escritorio de dicho escribano en la calle Zabala 1312, aunque en el momento de la compra por parte de Sasur S.A. del inmueble sito en el padrón 40027, la dirección de Sasur era Gorlero 942, Punta del Este.

A fines de febrero de 2000 e inicio de marzo nuestra Agencia posee información ampliatoria de fuentes abiertas (Prensa Argentina) y Agencias extranjeras vinculadas en base al artículo 29 literal G de la Ley 14.294, la que se detalla en títulos siguientes.

III. Información complementaria de Gendarmería Argentina

Informe por escrito de carácter reservado.

1) Nicolás Antonio Di Tullio

«de profesión broker inmobiliario, con antecedentes negativos en su actividad laboral (quiebras de empresas)»

Prohibiciones de salir del país.

31/7/1991 Quiebra «Dunas Verdes», Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17, Capital.

28/8/1991 Misma causa.

12/3/1992 Quiebra «Creal S.A.», Compañía financiera, Juzg. Civil y Comercial Nº 2, B. Blanca.

18/3/1998 Quiebra, Expediente 18804, Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17, Capital.

28/5/1998 Misma causa.

2) Algunos de los últimos antecedentes migratorios de Nicolás Antonio Di Tullio.

18/7/1998 12.10 hs. Entrada Paso Unzué con Mirta Beatriz y Mario Llera

13/8/1998 15.10 hs. Salida Paso Unzué con Mirta Beatriz Llera

6/10/1998 19.19 hs. Entrada Paso Unzué con Mirta Beatriz Llera y Raúl Marinone.

28/4/1999 13.16 hs. Salida Paso Unzué solo.

3) Raúl Oscar Marinone.

«Nicolás Antonio Di Tullio empleó a Raúl Oscar Marinone a fines de 1997 para emplear sus conocimientos agropecuarios para realizar compras de campos en la Provincia de Buenos Aires. Argentino, de profesión Veterinario, trabajó en la Estancia Rincón Grande como empleado de los mexicanos, junto a Di Tullio realizó la búsqueda de las propiedades inmuebles que fueron adquiridas por los mexicanos».

4) «Nicolás Antonio Di Tullio y Domingo Nicolás Gabriel Di Tullio siempre se dedicaron a la actividad inmobiliaria, pero su reputación en este ambiente es muy mala a razón de haber realizado permanentemente defraudaciones y estafas».

IV. Información complementaria de US CUSTOM SERVICE

US CUSTOM SERVICE remitió a la DGRTID del Uruguay información complementaria al pedido de información que la primera realizara a la segunda el 9 de febrero de 2000 requiriendo datos sobre lavado de dinero en Uruguay de parte del Cártel de Juárez. Sobre fin de febrero la DGRTID estuvo en posesión de nueva información muy valiosa. En efecto, la agencia norteamericana envió los informes 2, 8, 9, 10, 11 y 12 de las actividades en junio de 1999 del agente especial senior (USCS) Stephen M. Perino (con status de «designación combinada» de DEA) en Buenos Aires, quien estuvo acompañado en su misión por la examinadora especial senior, Debra Bonosconi, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los EEUU.

El 18 de mayo del año anterior, 1998, US CUSTOM SERVICE había ejecutado órdenes de incautación de los fondos de las cuentas en el Citibank de Nueva York de empresas vinculadas a la firma «Mercado Abierto» de Buenos Aires. En efecto, se incautaron U$S 1.596.110 de la cuenta de M.A. Bank en Citibank y U$S 234.598 de la cuenta M.A. Casa de Cambio en el mismo Citibank de Nueva York. Ese dinero estaba pronto para ser enviado a la Argentina, donde M.A. Bank o M.A. Casa de Cambio, a través de Mercado Abierto –un holding que agrupa una decena de firmas– se los iba a remitir a Nicolás Di Tullio, quien estaba a cargo del lavado de ese dinero perteneciente al Cártel de Juárez.

En mayo de 1997, los agentes de la Operación Encubierta Casablanca –agentes infiltrados en el Cártel de Juárez– recibieron instrucciones de hacia dónde transferir el dinero blanqueado producto del narcotráfico del Cártel de Juárez.

En mayo de 1998, la Operación Encubierta Casablanca tenía ya detectado cómo era el proceso de lavado en Argentina. Ya Di Tullio había recibido de la cuenta del Citibank de Nueva York de M.A. Casa de Cambio U$S 3.983.650 y de la cuenta del Citibank de Nueva York de M.A. Bank U$S 7.768.649. Es decir, un total de U$S 11.752.229 lavados. Es entonces que incauta los fondos de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York, respectivamente U$S 1.596.110 de la cuenta de M.A. Bank en City Bank y U$S 234.598 de la cuenta M.A. Casa de Cambio en el mismo Citibank de Nueva York. Es decir, un total de U$S 1.830.708 incautados. Los responsables del grupo Mercado Abierto en las múltiples empresas del grupo financiero, y el destinatario final del dinero, el agente inmobiliario Nicolás Di Tullio sabían desde mayo de 1998 que estaban siendo acusados por agencias del gobierno norteamericano de lavar dinero del Cártel de Juárez en Argentina. Ya en setiembre de 1997 habían empezado a comprar en Uruguay –residencia en Punta del Este– pero en octubre de 1998, seis meses después de congeladas sus cuentas en EEUU realizaban inversiones en campos en Uruguay.

Los informes en poder de la DGRTID de Uruguay tienen el siguiente contenido:

Informe Nº
2: descripción por parte del agente especial senior Perino de las actividades de lavado en Argentina.

Informe Nº 8: reunión el 23 de junio de 1999 de Perino y la examinadora especial senior de la Reserva de los EEUU, Debra Bonosconi, con autoridades del Banco Central argentino para analizar la operativa del lavado.

Informes Nº 9 y 10: reunión el 23 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con 3 abogados y el Presidente, el Vicepresidente, Director y Contador del grupo Mercado Abierto.

Informes Nº 11: reunión el 24 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con 3 abogados y el Presidente, el Vicepresidente, Director y Contador del grupo Mercado Abierto.

Informe Nº 12: reunión el 25 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con Nicolás Di Tullio, sus dos abogados y dos abogados de Mercado Abierto.

De todos ellos se registran en este informe tan solo algunos datos que parecen de interés para la pesquisa.

a) La está dirigida por la Unidad Especial de Aplicación de Leyes sobre Drogas y Crimen Organizado (OCDETG). La Unidad está integrada por agentes de USCS (Customs), del Servicio de Impuestos Internos y de la DEA. Los agentes se infiltran y convencen a los «mexicanos» del Cártel de Juárez de que ellos son confiables para colocar los fondos en los bancos y hacerlos llegar a los destinatarios de otros países donde lavar el dinero mediante compra de activos inmobiliarios. Dos de los agentes encubiertos en esta Operación participaron ya en la Operación «Polar Cap», que entre 1989 y 1990 destruyera la organización de Raúl Vivas en Uruguay. También aquella organización operaba –en su caso para el Cártel de Medellín– compras inmobiliarias en Argentina y en Uruguay, mediante sociedades anónimas que disfrazaban el origen de los fondos.

b) Cártel de Juárez. Caído Amado Carrillo-Fuentes, su mano derecha Juan José Alvarez Tostado toma su lugar. Víctor Manuel Alcalá Navarro, «compadre» del anterior, es uno de sus principales lugartenientes. Alcalá Navarro empieza a introducir a los agentes encubiertos en el sistema de lavado de dinero y le va presentando a los funcionarios bancarios mexicanos corruptos, que se prestan a trabajar en el lavado de dinero. A través de los agentes encubiertos, entre febrero de 1997 y marzo de 1998 la Operación Encubierta Casablanca lavó U$S 63.717.000. Alcalá Navarro decía a los agentes encubiertos a quién se debía mandar el dinero y a dónde.

c) El circuito del dinero lavado es el siguiente.

Cártel de Juárez (Juan José Alvarez-Tostado, jefe, Cdor. Manuel Alcalá Navarro, hombre de confianza, disponen el destino final de los fondos producto del narcotráfico) Funcionarios bancarios de bancos mexicanos (colaboran en el maquillaje de las sumas recaudadas).

Agentes Encubiertos de OCDETF trabajando en la «Operación Encubierta

Casablanca»

Cuentas de M.A. Bank y de M.A. Casa de

Cambios en el Citibank de Nueva York.

Cuentas de M.A. Bank y de M.A. Casa de Cambios en Buenos Aires, en el Holding Mercado Abierto.

Retiro por Nicolás Di Tullio del dinero.

Adquisición de propiedades inmobiliarias suntuosas o rurales en Argentina y en Uruguay a nombre de sociedades que pertenecen al ex agente policial mexicano que pasara a trabajar para el Cártel de Juárez, Jorge Iñíguez y al administrador de las propiedades de Iñíguez, Jaime Martínez Ayon.

d) , llegadas a Argentina a través de las cuentas de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York y retiradas en Buenos Aires por Di Tullio:

Desde la Cuenta de M.A.

Casa de Cambios en Citibank (NY) a Nicolás Di Tullio

e) El Presidente de Mercado Abierto es Miguel Iribarne, con 14 años en el Ministerio de Economía terminó siendo subsecretario de Economía en 1982 (gobierno militar). Aldo Ducler es Director y accionista de Mercado Abierto, fue secretario de Hacienda del Ministro de Economía Jorge Wehbe en 1982.

En los años 90 se acercó al peronismo y participó, incluso, en los equipos técnicos de Palito Ortega. M. A. Bank es un banco ofsshore sin licencia en Argentina, el cual –según declaran los Directores de Mercado Abierto (holding)– escapa a los controles del Banco Central argentino (no hay por qué enviar listados de los movimientos de más de U$S 10.000 a los registros oficiales de control del lavado de dinero) y a la oficina fiscal argentina (los clientes, declaran los Directores de Mercado Abierto son, en general, gente que evade impuestos). Aldo Ducler conoce a Nicolás Di Tullio hace más de 20 años. Jorge Iñíguez y Jaime Martínez Ayon –representantes en Argentina del Cártel de Juárez– quieren que Mercado Abierto realice las operaciones para ellos.

Ducler los convence que el testaferro debe ser Nicolás Di Tullio, un inmobiliario desprestigiado pero con experiencia financiera. En las declaraciones de Di Tullio ante el agente especial senior Perino y ante la examinadora especial senior Bonosconi, éstos asientan en su informe que cuando le preguntan a Di Tullio por qué figura él en la cuenta que recibe el dinero mexicano y no Jorge Iñíguez «Nicolás Di Tullio se agitó visiblemente en este punto hablando rápido y poniéndose nervioso», al tiempo que sus abogados intervenían para «crear confusión». Parte de sus recibos Nicolás Di Tullio los extiende a nombre de Euro America Finance N.V. El Presidente de Mercado Abierto explica que Euro America es una compañía en el exterior creada para que Di Tullio no tenga que pagar impuestos. A su turno, Di Tullio explica que Euro America es una firma comercial iniciada por Jorge Iñíguez y Jaime Martínez Ayon. Euro America Finance es una firma registrada en Curaçao, Antillas Holandesas y Nicolás Di Tullio es director.

Los otros dos directores son Martínez Ayon y Jorge Iñíguez. Di Fulio dice que los estados de cuenta mensuales de M. A. Bank se los da a Jorge Iñíguez y a Jaime Martínez Ayon. Los U$S 5.000.000 con que se abrió la cuenta en M. A. Bank pertenecían a Jorge Iñíguez, dice Di Tullio. El, agrega, recibía instrucciones de Jorge Iñíguez y Jaime Martínez Ayon. Nicolás Di Tullio declara que conoce a Jorge Iñíguez en enero de 1997. Empiezan a comprar campos en mayo. Tres campos por cinco millones de dólares, llamados Estancia Rincón Grande S.A. Luego El Estribo, 2.000 hectáreas, U$S 1.500.000. En febrero de 1998, 700 hectáreas más por U$S 650.000. En la misma fecha, cuatro campos en Coronel Dorrego, en que se pagaron U$S 2.000.000 de un total de U$S 5.000.000. En enero de 1998 había comprado un campo en San Juan de 4.000 hectáreas por U$S 1.400.000. En febrero de ese año, compró residencia en Bahía Blanca, residencia en mar del Plata y apartamento en Buenos Aires.

Las oficinas administrativas de M. A. Bank, declaran sus propietarios, con todos los registros están en Montevideo. Las oficinas de Euro America también están en Montevideo. Los títulos de garantía de sus inversiones, Di Tullio los tendría depositados en M. A. Bank en Montevideo.

V. Información de la prensa argentina

Investigación por narcodólares: los nexos en el país del dinero lavado por narcos mexicanos.

La política quedó en la mira

La denuncia de la policía mexicana no descarta que el dinero ilegal haya financiado la actividad de los políticos argentinos.

La delegación de la Fiscalía General de México, que denunció una supuesta operación de lavado de dólares en la Argentina, informó también a las autoridades oficiales sobre la posibilidad de que aquel dinero –o parte del mismo– haya ingresado al sistema político. Los extranjeros hicieron menci