Investigadora en el Senado

El debate del «caso Rivero» en la comisión de Constitución y Legislación del Senado se constituyó en los hechos en «una interpelación» de los representantes del Encuentro Progresista y del líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, al ministro del Interior, Guillermo Stirling, en una sesión en la que los senadores del Partido Nacional «balconearon» y evitaron entrometerse.

Stirling asistió a la reunión del grupo legislativo por aproximadamente tres horas y debió responder decenas de preguntas de los senadores del Encuentro Progresista, particularmente de Enrique Rubio, y de Eleuterio Fernández Huidobro, así como de Rafael Michelini.

Sin información

«Carecemos de informaciones básicas sobre toda la documentación sobre el ‘caso Rivero’, en los oficios a los Juzgados, en los memorandos, la información de organizaciones del gobierno de los Estados Unidos relativas al alcance que pudiera tener el lavado de dinero y al narcotráfico en el Uruguay», afirmó a LA REPUBLICA el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista).

El planteo de la coalición de izquierda –resuelto ayer en bancada– se formalizaría seguramente en la primera sesión del mes de julio, y en los próximos días se realizarán los contactos políticos en búsqueda de un mayor respaldo. Posteriormente el Senado podría hacer lugar a la constitución de una comisión preinvestigadora que se pronunciará sobre la conveniencia o no de la creación de la comisión investigadora, y el plenario del cuerpo, por mayoría de sus miembros, tendrá la última palabra. Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Stirling concurrió a la comisión de Constitución y Legislación del Senado a los efectos de dar explicaciones sobre los pasos que dio la cartera en este espinoso asunto, ocasión en la que reivindicó su accionar y señaló su «profunda satisfacción» porque Rivero habría presentado pruebas a nivel judicial sobre sus acusaciones (ver nota aparte).

«Debilidad» de Stirling

Según expresó Rubio, otro de los objetivos que persigue la comisión investigadora es «determinar con mayor precisión las eventuales responsabilidades políticas del ministro o de otras figuras políticas, porque una de las cuestiones que surge es que el inspector Rivero desacató al ministro en la medida en que no le entregó los elementos probatorios que ahora presumiblemente habría entregado a un Juzgado, y de ahí en más, según el ministro, Rivero modifica varias veces el tenor de sus acusaciones».

Para el legislador es necesario dar una explicación sobre ello y «esto hace necesario escuchar al propio inspector. El ministro lo habilitó y el lugar más adecuado, probablemente, sea una comisión investigadora».

Rubio consideró indispensable conocer «la situación de debilidad del ministro, porque no estaba enterado en la fase inicial y clave que corre entre los días 16 de marzo en el cual se presenta el primer oficio y el día 28 o 29 de marzo en la cual se produce la reunión de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) con el presidente de la República, Jorge Batlle». «En ese lapso interviene en esta cuestión el periodista Danilo Arbilla y el vicepresidente de la República, Luis Hierro, y se reúnen con el inspector Rivero y el ministro no es enterado. Tampoco es enterado el Presidente, y el ministro Stirling se entera por el Presidente. El ministro no estuvo enterado de cuestiones claves en el período en el cual se cambia un oficio por otro», afirmó Rubio.

El senador de la Vertiente Artiguista sostuvo que posteriormente a que Stirling se enterara de este hecho «solicita una información que no se le da, a pesar de lo cual mantiene en su cargo al inspector Rivero, decreta una investigación administrativa que termina hacia el 24 de abril, de la que se desprenden algunas sanciones pero no toma medidas de fondo. Tampoco lo hace el día en que un memorándum de Arbilla enviado, en un caso al Presidente Batlle, y en otro caso al ministro Stirling, relata los términos de una conversación telefónica en la cual, según el ministro, habría existido una ‘velada amenaza’, y ahí sí toma resoluciones».

«Al mismo tiempo elogia al funcionario que está en ese lugar, al mismo tiempo dice que es un terrorista, al mismo tiempo lo mantiene, al mismo tiempo decreta una investigación administrativa, y luego lo cesa, son demasiadas marchas y contramarchas», dijo Rubio. Para el legislador del Frente Amplio, otra de las decisiones equivocadas de Stirling es la comunicación del 24 de abril a un Juzgado pidiendo que se clausure la investigación cuando eso no es más competencia del Ministerio del Interior sino del propio Juzgado». Tampoco hay respuesta sobre qué es lo que pasa con la actividad del Cártel de Juárez en Uruguay.

Once días después

Por su parte, Michelini interrogó al ministro del Interior sobre la calificación que le merecía el primer oficio librado por Rivero –en el que se vinculaba a Arbilla como el principal representante del Cártel de Juárez en Uruguay– y respondió «grave e irresponsable». Repreguntado sobre el concepto que le merecía si el documento no hubiese incluido el nombre del director de Búsqueda, Stirling respondió que el mismo. En cuanto a las fechas en que tomó conocimiento de los hechos, Stirling dijo que lo hizo a través del presidente Batlle, once días después de que lo hiciera el vicepresidente Luis Hierro López, quien nunca le informó de los hechos en ese plazo.

«¿Cómo Hierro no llama a Stirling?», se preguntó Michelini al plantear su preocupación ante el hecho de que «ante un oficio ‘grave e irresponsable’ el ministro se enterara once días después» de que lo hiciera el vicepresidente.

Desde el oficialismo, el senador Yamandú Fau hizo una encendida defensa de Arbilla.