No habrá impuesto a retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas

Este martes se puso a consideración de la Cámara de Representantes la iniciativa del gobierno por la cual se pretendía crear una prestación pecuniaria de asistencia del Servicio de retiros y pensiones de las FF.AA.

El impuesto que se pretendía aplicar era de carácter transitorio y progresivo, comprendería a aquellos militares con retiros mayores a 57.700 pesos mensuales lo que implicaba que el 80% no lo pagaría, es decir unos 40 mil beneficiarios.

Si bien la propuesta había sido aprobada en el Senado, este martes en Diputados no logró los votos necesarios ya que el Darío Pérez (Frente Amplio) votó en contra, junto con toda la oposición. El proyecto obtuvo 49 votos a favor en 99 legisladores presentes.

Al ser desechada por el Cuerpo, la iniciativa no podrá presentarse hasta la próxima Legislatura.

Debate

La diputada  del Frente Amplio Bettiana Díaz dijo que el déficit del Servicio de retiros y pensiones militares “cerró el año pasado en los 550 millones de dólares, casi un 1% del PBI”.

Remarcó que “de los casi 50 mil beneficiarios retirados y pensionistas militares solo una quinta parte, entre los que se encuentran altos oficiales, generan casi un 70% del gasto”.

También manifestó que “es de público conocimiento los privilegios de los que gozan algunos de los pasivos militares”, y por tanto el Frente Amplio entiende que el gravamen es “justo, necesario y oportuno”, porque se encuentran en una “situación de ventaja respecto al resto de la población civil”.

“Las pasividades militares, en promedio, duplican a las del BPS, entre otras cosas porque los militares se retiran con un ascenso al grado inmediato superior, lo que el cálculo de su haber de retiro se hace sobre una prestación mayor a la que percibían durante su actividad laboral”, indicó.

Agregó que “algunos jubilados tienen prestaciones muy onerosas que superan los 100 mil pesos, porque no existen topes como en el BPS”.

Además, “la edad de retiro promedio jubilatoria en las Fuerzas Armadas es de 49 años, cuando en la población civil en promedio es de 63 años”.

Díaz aseguró que el Estado transfiere “más de 8 mil dólares por año por cada pasivo militar, mientras que para la jubilación de ciudadanos de a pie se transfiere menos de 2 mil dólares”,

Añadió que el 65% del impuesto se recaudaría de los ingresos que superan los 115 mil pesos mensuales.

“El tributo es razonable, justo, sencillo, claro y consecuente con la situación que tenemos hoy en materia de cuentas públicas. Equilibrar los números en el corto plazo nos permitirá ser justos con el resto de la población en cuanto a redistribución asegurando, ante todo, la igualdad como principio en nuestra democracia”, aseguró.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, manifestó que “se confunde el concepto de retiro con el de jubilación al hablar de Caja Militar porque se trata de un servicio dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, que no tiene como objetivo la recaudación para su financiación y menos su auto sustentación”.

Indicó que los militares son “funcionarios públicos particularismos, que tiene obligaciones de carácter constitucionales y legales distintas al resto de los funcionarios públicos”.

Dijo que era “un impuesto direccionado a un conjunto de menos de 5 mil orientales, por el que se pretende recaudar 50 millones de dólares, cuando el déficit del servicio es de 550 millones de dólares y con una duración de 18 meses. Ello parecería ser inexplicable”.

Penadés también denunció que “la pasividad más alta que se paga en el Servicio, es la de un oficial del Ejército a quien se le recompuso la carrera, está vinculado al Frente Amplio, y gana 250 mil pesos”.

Aclaró que los retirados de mayores ingresos hoy pagan el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) por el que se recaudan más de 28 millones de dólares para paliar el déficit del BPS, “por lo cual este proyecto de Ley es inconstitucional”, es decir “se trata de una doble imposición sobre un mismo hecho generador”.

Dijo que la iniciativa es “inconveniente, inconstitucional, discriminatoria y no atiende el problema central”.

A su turno el colorado Conrado Rodríguez  cuestionó que el Frente Amplio tiene una “intencionalidad» clara de establecer la situación en dos ejes opuestos. “Intentan dividir a la sociedad y hablar de privilegiados, de clase dominante, equidad, igualdad y lo real es que este proyecto no apunta a la equidad ni a la igualdad”.

“Se dice poco menos que el déficit nacional se debe al déficit de la Caja Militar, pero no se habla del déficit del FONASA y del agujero negro en ANCAP”, remarcó.

Cuestionó las reparaciones de las víctimas del terrorismo de Estado, y dijo que en 2016 “se gastaron por tal concepto 60 millones de dólares”.

Desde el Partido Independiente, Iván Posada, también manifestó su rechazo al proyecto de Ley del gobierno por entender que se pretendía establecer una “doble imposición a una parte importante de los retirados militares”.

Asimismo denunció que era “notoriamente inconstitucional».

“Está fundado en las circunstancias que derivaron en un déficit fiscal a pesar del crecimiento extraordinario del país y que aumentó como consecuencia de los errores de apreciación en la Ley del Presupuesto, y el gobierno entiende que alguien tiene que pagar el plato”, lamentó.

El diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular manifestó que es equivocado contraponer la iniciativa con la justa reparación de las víctimas de la dictadura.

“Acá hay una escalada contra la jubilación que tiene un afán recaudador explícito, recaudar como se pueda y dónde sea para tapar el agujero del déficit. No votamos este impuesto ni ningún otro gravamen a la seguridad social”, remarcó.

“No soy facho”

Uno de los discursos que generó mayor atención fue el del diputado del Frente Amplio por Maldonado, Darío Pérez (Liga Federal).

El legislador ya había manifestado que no votaría la iniciativa, lo que efectivamente cumplió y con lo cual la izquierda perdió la mayoría.

Aclaró que el déficit de 500 millones de dólares “es una barbaridad, pero está presente desde antes de que asumiera el Frente Amplio”.

“Como no voy a votar este proyecto quizás alguno diga que soy facho, pero no lo soy”, aclaró.

Pérez aseguró que el proyecto “no está presente en el programa del FA, no fue considerado en el último Congreso y no fue puesto como propuesta preelectoral ante la ciudadanía”.

“Es lo mismo que darle una Aspirina a una persona que tiene un cáncer. Hace 13 años teníamos que haber empezado por la Ley Orgánica Militar y luego sí pasar a la reforma de los Servicios de retiro”, opinó.

Cuestionó: “Muchas de las jubilaciones de privilegio corresponden a militares compañeros reparados por la persecución sufrida”.

“Además, el gobierno del Frente Amplio le siguió pagando a militares que violaron los derechos humanos”, denunció el parlamentario de izquierda.

Recordó que las cátedras Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica y abogados constitucionalistas advirtieron que la iniciativa es “inconstitucional”.

“También es discriminatorio. Si esto fuera para los trabajadores de la construcción, estaríamos rodeados de mamelucos naranjas. Pero son milicos”, dijo.

Agregó que el gobierno del FA “ha tenido claras políticas antidiscriminatorias», y remarcó que “toda discriminación es injusta aunque los discriminados no sean con los que uno simpatiza”.

“Sigo teniendo hambre y sed de Justicia, pero no es con un impuesto inconstitucional que se resuelve. Sólo si respetamos la Constitución podemos exigir, a quien sea, el mismo respeto, y si actuamos con equidad y justicia podemos pedir lo mismo”, puntualizó.