"Corremos el riesgo de que el Poder Judicial entre en una situación de verdadero colapso"

–¿Cuáles son sus principales metas a cumplir durante este año en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia?

–Hemos manifestado nuestra constante preocupación por una mayor eficiencia del servicio. Eso implica necesariamente que los procesos sean más rápidos. Hemos logrado significativos avances en materia civil. En lo que atañe a la competencia de la Corte en los recursos de casación y de inconstitucionalidad estamos también registrando una aceleración y un acotamiento sensible de los plazos. Ese es uno de los desafíos que hemos trazado. Hace muchos años que se habla de años de los expedientes en la Corte, pensamos que en poco tiempo se va a poder hablar de meses (…) Tenemos algunos otros cometidos que nos ha asignado la ley, entre ellos la creación de juzgados de violencia doméstica, que van a entrar en funciones cuatro en este año, lo cual también es un esfuerzo económico importante, que vamos a hacer con recursos muy menguados, que además los mismos recursos van a destinarse al pago de la cuota mutual de los funcionarios, lo que nos plantea un delicado problema de prioridades que vamos a tratar de solucionar lo mas rápidamente posible. Dentro del proceso penal también estamos abocados a lograr las vías para que se acelere, lo que creo se está produciendo en los últimos tiempos.

Hay un factor importante a señalar: es notable el incremento de la demanda, o sea del número de expedientes iniciados en los órganos jurisdiccionales en todas las instancias y eso no ha determinado un enlentecimiento de los casos sino todo lo contrario, una aceleración. Esto es muy significativo porque marca el sentido de responsabilidad y contracción al trabajo de los magistrados uruguayos (…). En lo que atañe a las relaciones del Poder Judicial con la comunidad, estamos tratando de crear un vehículo de comunicación eficiente. Si cometemos errores vamos a asumirlos y tratar de corregirlos, aceptamos la crítica constructiva, pero trataremos de confrontar y revertir la información errónea.

–A través de la División de Comunicación la Corte ha hecho aclaraciones sobre diferentes temas, una de las últimas referidas al vicepresidente Luis Hierro que cuestionó supuestos excesos en la independencia de los jueces. ¿Es entonces una política de los actuales ministros de la Corte intentar informar y formar a la opinión pública sobre temas que hacen al Poder Judicial?

–Es exactamente así, informar y formar, que debe ser también la labor de los medios de comunicación y en ese sentido queremos lograr un vínculo de permanente diálogo y contacto con los medios de comunicación, para cumplir esa doble función. Porque también una visión deformada de la realidad del Poder Judicial crea un sentimiento de desánimo, de frustración, que no contribuye a consolidar el Estado de Derecho. Porque de alguna manera, si la población no confía en la Justicia falla en uno de los pilares básicos y entonces las consecuencias pueden ser imprevisibles.

–¿Qué posición tiene sobre la necesidad planteada por ministros y ex ministros de la Corte de aumentar el número de integrantes de la Corporación?

–Yo soy firmemente partidario de esa solución, que es la solución mayoritaria en el Derecho comparado. Lamentablemente creo que en la propia Suprema Corte de Justicia no existe acuerdo sobre el punto.

–Está en curso un sumario dispuesto por la Corte al juez de Carmelo Carlos Colmenero, sobre el que ya adelantó no va a hacer comentarios. ¿Pero cuál es su tesitura en lo que refiere a las posibles ilegalidades u omisiones cometidas por funcionario del Ministerio del Interior y de la Fiscalía de Corte?

–Respecto a esas situaciones están en curso sumarios o investigaciones administrativas. Estamos esperando las conclusiones a las que ellos arriben.

–El Poder Ejecutivo en más de una ocasión retuvo exhortos de la justicia argentina referidos fundamentalmente a militares que violaron los derechos humanos en la pasada dictadura. ¿Eso es legal, la Corporación puede tomar alguna medida para que esos exhortos lleguen a su destinatario, que es el Poder Judicial?

–Ese es un tema que está precisamente en estudio de la Suprema Corte de Justicia en este momento. Por lo tanto no puedo adelantar opinión sobre el punto porque estaría prejuzgando. Pero está en estudio y la Corte se va a pronunciar en lo inmediato, yo diría en poco tiempo.

–¿Por requerimiento de alguna parte o porque la propia Corte se lo planteó?

— Por requerimiento de una parte.

–El ciudadano vasco Jesús Lariz Iriondo fue trasladado a Argentina sin su consentimiento, sin notificar a su abogado, luego que la Justicia uruguaya rechazó su extradición y con una causa judicial pendiente. ¿Este traslado no tuvo para la Corte irregularidades?

–Lo que yo recuerdo es que hubo un decreto de expulsión de ese ciudadano. Ese decreto de expulsión tiene validez jurídica, creo no fue impugnado y tiene aplicabilidad inmediata.

–¿Qué opinión le merece la situación planteada por el sumario con separación del cargo iniciado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez?

–Solamente una reflexión: lamentablemente en nuestro país se confunden roles, se confunden instituciones. A pesar de que se les denomina magistrados del ministerio público y que se les denomina fiscal de Corte no integran el Poder Judicial, eso es bueno que se aclare permanentemente. El fiscal de Corte no integra el Poder Judicial y nosotros no hacemos pronunciamiento alguno sobre el curso del sumario que le ha sido instruido.

–¿La Corte está al tanto del funcionamiento del Centro de Apoyo a los fiscales, hizo alguna evaluación del mismo?

–No, estamos a la espera del resultado del sumario.

–El MEC inició un nuevo sumario al fiscal de Corte, en este caso por presuntas órdenes que impartió a funcionarios policiales sin la debida autorización de los jueces de las causas. ¿La Corte va a analizar este tema, va a esperar el resultado del sumario?

–La Corte adoptó como postura en este punto no emitir declaraciones ni opiniones que pudieran interferir en el curso del sumario que está llevando a cabo el MEC.

–¿Se regularizó el correspondiente envío de dinero desde el Ministerio de Economía o sigue el retraso registrado tiempo atrás?

–Estamos en curso de conversaciones con el Ministerio de Economía, en una situación de aclaraciones que nos permitan aventar la grave preocupación que tenemos respecto del monto de los cupos financieros que se nos asignan de ahora hasta fin de año. Debemos ser optimistas en el sentido de que nuestras aspiraciones van a ser contempladas, porque de lo contrario corremos riesgo de que el Poder Judicial entre en una situación de verdadero colapso, si los cupos financieros no coinciden exactamente con las partidas presupuestales que nos fueron asignadas en la ley de Rendición de Cuentas.

–¿De cuánto dinero son esos retrasos?

–Desde el comienzo del año tenemos un desfasaje de 8 millones 350 mil pesos. Es una cifra muy importante que según nos informaron nos pondríamos al día en los meses de abril a junio. Esperamos realmente con preocupación que esto sea efectivo. Tenemos que definir este tema en los próximos días porque la situación es difícil, nosotros lo sabemos, pero también reclamamos que las partidas presupuestales asignadas al Poder Judicial se entreguen efectivamente y que no se nos lleve a una situación donde los servicios no puedan ser adecuadamente prestados. *