Comisario argentino reconoció coordinación represiva de militares argentinos y uruguayos

El proceso, que tiene como parte querellante a Abuelas de Plaza de Mayo, es por el secuestro, apropiación ilegal y cambio de identidad de Carmen Gallo Sanz, hijas de dos uruguayos desaparecidos que nació en el llamado «Pozo de Banfield», una de las cárceles ilegales que funcionaron durante el régimen militar (1976-1983).

Carmen Castro Sanz, adoptada de buena fe por un matrimonio que desconocía su origen, es hija de los uruguayos Eduardo Gallo Castro y Aída Celia Sanz, quienes integran la extensa nómina de desaparecidos, tras ser secuestrados a finales de 1977 por un comando policial que respondía las órdenes de Etchecolatz.

Ante una gran asistencia de público y periodistas, la audiencia se abrió a las 10.30, una hora y media después de lo previsto. En la sala del 1er. piso de los tribunales federales de 8 y 50 estaban por primera vez en la historia dos de los máximos represores de esta región: Jorge Antonio Bergés, en silla de ruedas y vestido con un sweater azul y un pantalón negro; y Miguel Osvaldo Etchecolatz, con traje gris, camisa blanca y un pin con la bandera argentina en la solapa.

En esta primera jornada, los jueces Nelson Jarazo, Carlos Rozansky y Ana Aparicio rechazaron una solicitud de la defensora de Bergés, Laura Inés Díaz, quien planteó que se retire la acusación de la APDH La Plata y Abuelas por la sustracción, retención y ocultación de la menor y la «nulidad absoluta» del estudio de ADN.

Durante la tarde, el Tribunal Oral Federal N° 1 tomaba declaración indagatoria a Etchecolatz, en la que el represor se defendió de las acusaciones y deslindó responsabilidades hacia el Ejército. La indagatoria terminó abruptamente cuando el ex director de Investigaciones de la Policía se cansó de responder preguntas.

Poco antes del mediodía, el juicio había sido momentáneamente suspendido por los incidentes que se sucedieron cuando un grupo de la agrupación Hijos de desaparecidos quiso ingresar a la audiencia.

Alrededor de 15 jóvenes de Hijos al grito de «Â¡Asesinos!», acompasado por bombos, irrumpieron en el edificio de los tribunales e iban a entrar en el recinto en que se lleva a cabo el juicio, pero ello fue impedido por efectivos de la Prefectura Naval y Policía Federal.

De inmediato el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata resolvió pasar a un cuarto intermedio, tras casi dos horas de desarrollo de la audiencia que había comenzado a las 11 de la mañana y mientras la defensora oficial pedía la nulidad de la acusación contra el ex médico policial Bergés.

Hasta ese momento la audiencia, donde Etchecolatz y Bergés comparecen por la presunta apropiación de una niña nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield y cuyos padres siguen desaparecidos, se había ocupado de la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

Los incidentes se acallaron pasadas las 13, luego que el camarista Leopoldo Schiffrin mediara en el conflicto y los jóvenes de Hijos, acompañados por militantes de izquierda y de la central sindical CTA, aceptaron permanecer afuera de la sede judicial de las calles 8 y 50.

Este juicio, llevado a cabo por los magistrados Ana Beatriz Aparicio, Nelson Javier Jarazo y Carlos Alberto Rozanski, tiene carácter histórico porque constituye el primer juicio oral en La Plata contra represores de la última dictadura militar (1976-83). La instancia continuará el lunes 22, con la presentación de testimonios de la fiscalía y el jueves 25 se escucharán los alegatos y el tribunal dictará sentencia.

Bergés y Etchecolatz cumplen prisión preventiva desde el 23 de abril de 2001, cuando fueron apresados por orden del juez federal platense Arnaldo Corazza. Etchecolatz fue procesado como autor mediato de la sustitución de identidad de la menor al ser superior directo de Bergés, ya que comandaba la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

Una vez restablecida la calma en la sala de audiencias de los tribunales federales, Etchecolatz, a quien otro juez procesó hoy por su responsabilidad en homicidios y secuestros, y el médico policial Jorge Bergés, el otro imputado, fueron llevados al estrado para someterse al interrogatorio de rigor.

Bergés se amparó en el derecho constitucional de no prestar declaración, pero Etchecolatz dijo que respondería «todas» las preguntas, aunque aclaró que por un problema «cerebro vascular» le fallaba la memoria.

No obstante, señaló que como director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires «respondía a órdenes» de la jefatura de esa fuerza de seguridad, por ese entonces a cargo del general Ramón Camps, ya fallecido y que llegó a jactarse de haber ordenado el fusilamiento de 5.000 presos políticos.

Etchecolatz consideró «prisioneros de guerra» a las personas detenidas en centros clandestinos durante la última dictadura. «No tuve contacto con los prisioneros de guerra que estaban detenidos en las brigadas de investigaciones y no conocí a Aida Sanz porque el personal de las Fuerzas Armadas era el único que en esa época tenía trato directo con los prisioneros de guerra», dijo

Etchecolatz, uno de los símbolos de la represión ilegal de la dictadura al igual que el ex oficial naval Alfredo Astiz, dijo no recordar el caso del matrimonio uruguayo desaparecido y de su hija nacida en una cárcel ilegal, pero dijo que «era común que actuaran oficiales militares de otros países».

Investigaciones judiciales y documentos de las fuerzas de represión permitieron probar que las dictaduras militares que mandaron en el Cono Sur americano acordaron un plan, denominado «Cóndor», para perseguir y asesinar, aun fuera de las fronteras nacionales, a sus opositores políticos.

Al respecto, y para tratar de deslindar toda responsabilidad en el caso que se le imputa, el ex comisario Etchecolatz dijo que la policía a su mando no actuaba con fuerzas de otros países, pero reconoció que «sí lo hacían oficiales militares» de los «ejércitos argentinos y uruguayos».

Mientras se realizaba ayer el juicio en La Plata, en Buenos Aires, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de otra causa, procesó, con prisión preventiva, a Etchecolatz por gravísimas violaciones a los derechos humanos. *