Si es gobierno, el EP impulsará acciones civiles contra los responsables por la crisis financiera

La sesión de la rama baja parlamentaria se suspendió próximo a la hora 22.30 a raíz del lamentable deceso del diputado Angel Fachinetti, quien se encontraba ejerciendo la suplencia de Nahum Bergstein (Foro Batllista).

El legislador de 72 años de edad se retiró momentáneamente de la sesión a la hora 22.00 y se dirigió al despacho de su sector partidario donde sufrió un infarto mientras se desarrollaba la sesión parlamentaria. A pesar de que la asistencia médica trató de reanimarlo por más de media hora, todo fue inútil. Por lo cual, la Cámara de Representantes resolvió, luego de un cuarto intermedio, levantar la sesión y realizar un minuto de silencio.

La Cámara de Diputados fue convocada para analizar los informes finales de la Comisión Investigadora sobre el sistema financiero. La sesión comenzó a la hora 15 y se analizaron los cuatro informes, -uno por cada partido con representación parlamentaria-, tres de los cuales coinciden en remitir los antecedentes a la Justicia, ellos son los informes del Encuentro Progresista – Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido Nacional.

El Partido Colorado entiende que las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar la crisis del sistema financiero «se tomaron respetando el ordenamiento constitucional y legal vigente».

A raíz de que la sesión quedó trunca por el fallecimiento del legislador forista, no se pasó a la votación de los informes. Sin embargo, ninguno de los proyectos de resolución de los sectores políticos contaría con los votos suficientes como para resultar aprobado.

De todas maneras se maneja la posibilidad de que, en una nueva sesión aún sin fecha definida, se apruebe una moción, propuesta por el Partido Independiente, y que contaría con el respaldo del EPFA, el Partido Nacional, el Nuevo Espacio a través de la cual se pretende declarar que el ex Ministerio de Economía y Finanzas, Alberto Bensión es «políticamente responsable de los errores cometidos en la estrategia frente a la crisis del sistema financiero».

Asimismo en la moción, que no se pudo poner a consideración del plenario, se expresa que el ex directorio del BCU «de acuerdo al ejercicio de las competencias que les confiere la carta orgánica de la autoridad monetaria, han incurrido en responsabilidad administrativa».

A través de la moción se asegura que esa responsabilidad se debe a «fallas en los controles, a las excepciones otorgadas por el Banco Caja Obrera en el proceso de su venta al Banco Montevideo, a las tolerancias y excepciones otorgadas al Banco de Crédito, a las asistencias financieras conferidas a los bancos Comercial y Montevideo y al margen del marco legal previsto en la carta orgánica del BCU». Asimismo, se incluye remitir a la Justicia las actuaciones y antecedentes de la actuación de la Comisión, y exhortar al Poder Ejecutivo la preparación de iniciativas referidas al establecimiento de la supervisión global consolidada, y de un seguro de depósitos.

Se requiere la posibilidad de lograr «mayores seguridades en las modalidades de auditoría externa de las instituciones financieras, y la adecuación de la legislación penal referida a los delitos cometidos en relación con el sistema financiero.

En la moción se propone enviar a las comisiones de Hacienda y Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de ambas cámaras, «recomendaciones de reformas legislativas» en cuento al alcance del secreto bancario.

Responsabilidad patrimonial

La diputada Silvana Charlone (Espacio 90) señaló que el sistema financiero «estaba enfermo, desde antes de la crisis en Argentina, porque hubo fraudes, irregularidades, insuficiencias patrimoniales que sólo pudieron funcionar por las fallas de control y por la permisividad del BCU, que en función de excepciones a las normas generales, mantuvo abiertas instituciones que no podrían haber estado abiertas en un sistema sano y solvente».

Charlone sostuvo que los ex directores del BCU son «solidariamente responsables por las decisiones tomadas». «Además, también cabría exigir responsabilidad patrimonial de quienes, sin marco jurídico, comprometieron preciosos recursos del Estado. Esto no es algo que vaya a encarar naturalmente esta administración, será sin duda un tema del próximo gobierno, si el gobierno que asume comparte estas conclusiones», resaltó la legisladora.

Por su parte, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) cuestionó severamente al presidente del Banco Central del Uruguay, César Rodríguez Batlle, al punto de tildarlo de «incapaz», por entender que no podía estar en desconocimiento de que el patrimonio del Banco Comercial, cuando fue asistido, era negativo.

Definió al BCU como una institución financiera «pintada al óleo». Por otro lado, señaló que existen «apellidos que se han repetido dentro del sistema financiero en situaciones que condujeron a graves crisis del sistema».

Por su parte, el diputado Gabriel Pais (Batllismo, Lista 15) señaló que con el anuncio referido a que se le podría iniciar juicio a los jerarcas de la administración pública -entre ellos el presidente, Jorge Batlle, el ex ministro Bensión y los ex directores del Banco Central del Uruguay-, «teóricamente podría ser que se reconsidere que no se cumpla la ley y, entonces, los ahorristas de menos de 100 mil de dólares no cobrarán nada». A lo cual, Bayardi respondió que en la hipótesis de que el EPFA fuera gobierno «cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes», y aseguró que «de existir cualquier daño sobre el Estado hará recaer la responsabilidad sobre quien corresponda y no se entrará en contradicción con el marco legal». *