Fiscalía de la Nación rechaza por “agraviantes y falsas” las acusaciones que realizó una fiscal

Días pasados la fiscal Gabriela Fossati denunció a la prensa ser víctima de persecución al ser trasladada hacia una Fiscalía que trabaja con el Código del Proceso Penal anterior.

También dijo que en la Fiscalía de Corte “si se hacen observaciones jurídicas, viene el agravio personal”, además, expresó que los fiscales “no cuentan con garantías cuando tienen que investigar algún caso cercano al poder”.

A raíz de tales afirmaciones de Fossati, este martes 27 de febrero la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el cual rechaza tales expresiones.

La Fiscalía General de la Nación aclara que “tiene como política no discutir públicamente con los funcionarios de la institución, considerando que no es conveniente ni adecuado hacerlo con personas que están sometidas a jerarquía administrativa”.

Agrega que en el caso de Fossati “se suma además, el hecho de que la referida fiscal se encuentra de licencia médica por lo que se desconoce su actual estado de salud”.

De todos modos, la Fiscalía indica que “dada la difusión mediática que han cobrado sus reclamos, se entiende necesario hacer una serie de puntualizaciones”.

En tal sentido, la Fiscalía explica que la pasada semana “se realizaron más de 60 designaciones en vía de ascenso y traslado, las que se efectivizaron sin ningún tipo de inconveniente, salvo la de la mencionada fiscal. Ésta última designación no pudo realizarse por encontrarse la referida funcionaria de licencia médica”.

“Las designaciones se realizaron por actos administrativos motivados en razones de servicio y bajo la premisa constitucional de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, manifiesta la Fiscalía.

Agrega que la designación públicamente cuestionada fue en una Fiscalía Letrada Penal de Montevideo, “de la misma categoría y materia que ocupa en la actualidad la fiscal Fossati, por lo que ésta no sufrió ningún menoscabo en sus derechos laborales”.

“La única diferencia es el régimen procesal por el que tramitan las causas: en una se aplica el viejo Código de Procedimiento Penal y en la otra el nuevo Código del Proceso Penal”, explica la Fiscalía de la Nación a cargo de Jorge Díaz.

También se indica que la afirmación de que la designación en cuestión se trató de una “sanción”, contiene “implícitamente una descalificación por la labor que desempeñan estas fiscalías, así como un menosprecio por los derechos de las personas comprendidas en la causas que allí se tramitan”.

“Sostener que se trata de una persecución por sus expresiones constituye un agravio gratuito a quienes han propiciado y defendido la libertad de expresión de los fiscales en todas las instancias posibles, incluso en el Parlamento nacional”, se expresa.

La Fiscalía General de la nación afirma que “tampoco puede afirmarse que se trata de una persecución gremial, porque no ocupa cargos de dirección en el sindicato y no representó al gremio de fiscales en ninguna de las múltiples instancias de negociación entre éste y la Fiscalía General”.

Falso y agraviante

Por otro lado, se expresa que la afirmación de Fossati de que “no existen garantías para investigar causas cercanas al poder, en un país donde fiscales, como por ejemplo Juan Gómez, solicitaron el enjuiciamiento de dirigentes políticos de primera línea, no sólo es falsa sino agraviante”.

La Fiscalía General indica que los criterios de asignación de casos utilizados por el departamento de Depuración, Priorización y Asignación “son objetivos y surgen de la Ley, las resoluciones del jerarca del servicio y de las instrucciones generales elaboradas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales del cual participa la Asociación de Fiscales. Éstos criterios son públicos y comunicados al Parlamento y al Poder Ejecutivo”.

También se expresa que a partir del 1° de noviembre “todas las denuncias por delitos de corrupción pública en Montevideo, en función del criterio de especialización, deben ser investigadas por la Fiscalía de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Enrique Rodríguez, sobre cuya idoneidad técnica y ética no pueden haber cuestionamientos”.