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Jerarca del gobierno argentino investigado por “ocultar” dinero de Casal en España

El subsecretario general de Presidencia en Argentina, Valentín Díaz Gilligan, quien es investigado en España por “ocultar dinero” del empresario uruguayo Francisco Casal en Andorra, dijo que su relación con Casal surgió cuando GolTV propuso adquirir los derechos de televisación del fútbol argentino, lo cual no prosperó.

CASAL

El pasado jueves 16 de febrero El País de Madrid informó que Díaz Gilligan, “ocultó 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad”.

El jerarca del gobierno de Mauricio Macri dijo que el dinero no le pertenecía y que fue “accionista y director” de Line Action, una empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol, y fue por hacerle un “favor a un amigo, el empresario Francisco Paco Casal”, indicó la agencia EFE.

Acotó que “Casal tenía problemas” en Uruguay y le pidió “el favor”.

“Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, detalló.

Díaz Gilligan expresó este sábado 17, en entrevista con La Nación, que no declaró la cuenta porque “estaba saliendo de la sociedad y no había tenido ningún ingreso ni nada que registrar como ganancia”.

La relación con Casal

En una parte de la entrevista, el periodista de La Nación le pregunta a Díaz Gilligan cómo es su relación con Casal.

Ante lo cual responde: “Con el grupo empecé a trabajar en 2010 con distintas propuestas, fundamentalmente con la TV, tienen un canal en EE.UU y quisimos llevarlo a la Argentina. Por distintos motivos fue imposible llevar el canal a la Argentina, generamos este nuevo proyecto con la sociedad, cuando terminó la sociedad estaba dedicado 100% a la función pública”.

También aseguró que desde que terminó la sociedad no ha tenido tanta relación con Casal.

Dijo que por esta situación no habló directamente con Casal, pero sí “con los contadores que llevaban todos los papeles”.

En 2002 la Dirección General Impositiva denunció a Casal por presunta evasión del Impuesto a la Renta y el Patrimonio por las ventas de futbolistas, por unos 9 millones de dólares.

Con posterioridad, en el año 2011 la fiscal Dora Domenech pidió el archivo de la causa.

Dos años después el gobierno de José Mujica decidió condonar la deuda, ante la amenaza de Casal de demandar al Estado por 300 millones de dólares por “daños y perjuicios”.

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