Diputado Darío Pérez no votaría reforma jubilatoria de militares y el proyecto podría naufragar

El Ministerio de Economía y Finanzas calcula que la Caja Militar tiene un déficit de unos 400 millones de dólares anuales.

Con el impuesto se presente recaudar 40 millones de dólares al año. Las Fuerzas Armadas tienen 27 mil efectivos en actividad, 35 mil retirados y 15 mil pensionistas.

Desde el Frente Amplio, el diputado Darío Pérez si bien prefirió no pronunciarse ante la prensa sobre la postura que adoptará en el Plenario, porque aseguró que primero hablará con sus compañeros de bancada, de todos modos cuestionó la iniciativa.

Inconstitucional

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador manifestó: “Así como en un momento se me llenó el vaso y dije voy a votar todas las investigadoras que vengan por delante, que fue a partir de ASSE, porque no me daban libertad de acción; después de haber votado, lamentablemente, inconstitucionalidades, no votaré más leyes inconstitucionales”.

Agregó que el proyecto de reforma de la Caja Militar “viola claramente el artículo 67 de la Constitución de la República”.

El mismo establece que “las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, y desocupación forzosa y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente”.

También dispone que “la pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales”.

“Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la administración central. Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: A)  Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados; y B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”, establece la Carta Magna.

Por otro lado, Pérez cuestionó que “el Ministerio de Economía pretende decir que sabe más que la cátedra de derecho constitucional de la Universidad de la República o de la Católica, cuando grandes profesores dicen que esto es inconstitucional”.

“¡Por favor, vamos a empezar a respetar!”, sentenció el legislador.