Frente Amplio solicita asesoramiento a JUTEP por irregularidades en cobro de tributos en Treinta y Tres

Los ediles de la coalición de izquierda recuerdan que “luego de haber solicitado una Comisión Investigadora, y la intervención del Tribunal de Cuentas por irregularidades en el cobro de tributos en la Intendencia de Treinta y Tres, donde hay tres funcionarias procesadas, y no hacerse lugar a ello, no queda margen para otra acción que pedir el asesoramiento de la JUTEP”.

En 2016 se constataron irregularidades en el cobro de tributos departamentales en Treinta y Tres, lo que derivó en una denuncia penal por “fraude”.

A raíz de ello se solicitó el procesamiento con prisión de tres funcionarias, las cuales volvieron a desempeñarse en la Intendencia, pero en otra área.

Se registraron diferentes episodios en los cuales podría estar en juego la “responsabilidad de varios funcionarios de la administración que aparentemente cometieron actos de corrupción, que podrían determinar su responsabilidad penal”, indican los ediles

Petitorio a la JUTEP

A continuación el texto íntegro del petitorio del Frente Amplio a la JUTEP:

“Bancada Frente Amplio Treinta y Tres, 11 de diciembre de 2017

Sr. Presidente de la JUTEP, Cr. Ricardo Gil Iribarne, Presente.

La Junta Departamental de Treinta y Tres solicita el asesoramiento de ese organismo, al amparo de lo establecido en la ley 19.340, Convención Interamericana contra la corrupción, ratificada por nuestro país, artículo 4 de la ley 17.060, decreto 30/2003 y3 54/99 respecto de los hechos sucedidos en la Intendencia departamental de Treinta y Tres, en mérito a las siguientes consideraciones:

Hechos

1) Como es de público conocimiento se registraron diferentes episodios en los cuales podría estar en juego la responsabilidad de varios funcionarios de la administración que aparentemente cometieron actos de corrupción, que podrían determinar su responsabilidad penal.

2) Los comparecientes a la luz de los hechos mencionados y atento a sus facultades de contralor del órgano de la administración departamental solicitaron en el seno del deliberativo departamental con fecha 15 de noviembre de 2017 que se conformara una Comisión Investigadora a los efectos de determinar lo sucedido y así valorar la actuación de las jerarquías correspondientes en los episodios explicitados a la luz de los principios de probidad, transparencia y ética pública.

Dicha moción no fue aceptada por la mayoría de los ediles del Partido Nacional -partido del gobierno departamental- quienes de esa forma determinan en los hechos, un claro velo a los efectos de ver el proceder de los funcionarios públicos implicados y con responsabilidades directas en el control y supervisión de las áreas involucradas .

3) El material que cuentan los ediles comparecientes respecto de los hechos investigados son la investigación administrativa realizada por la Intendencia

Bancada Frente Amplio actuaciones llevadas a cabo en Comisión Fiscal de la Junta Departamental, informe de la auditoría interna conformada por resolución del Intendente 1292/2016, decreto11/2015, de la información relevada en los mismos, los comparecientes entienden que hay actuaciones que corresponden a distintas jerarquías que no se corresponderían con la gestión transparente de la función pública como asimismo podría haber hechos que tendrían la apariencia de delitos, para lo cual se solicita el asesoramiento de la JUTEP a los efectos de que haga una valoración de la misma y asesore en tal sentido.

4) A raíz de hechos denunciados policialmente que conllevaron a la realización de actuaciones penales que determinaron el procesamiento de tres funcionarias, se realizó una auditoría interna en el área de tributos por las funcionarias Cra. Florencia García y la Ec. Cecilia Ois, la cual tomó según su propio informe un período acotado en el tiempo y a cuenta de otras investigaciones que hasta la fecha no los comparecientes desconocen.

A pesar de que dicha auditoria fue limitada en sus actuaciones , la misma relevó y reveló información que se podría inducir que la magnitud de los hechos y responsabilidades van más allá de las actuaciones y responsabilidades de las tres funcionarias en cuestión.

Del informe realizado por las auditoras se constata que a raíz de prácticas irregulares la administración perdió importantes sumas de dinero de recaudar, causándose un daño económico a la administración.

Además de realizarse muchas de las acciones con apariencia de legalidad tales como: exoneraciones de tributos sin la existencia de documentación que respalde tal acción lo que contaminan sin duda la transparencia de la acción, convenios otorgando amnistías fueras de plazo, prescripciones de tributos en contravención con las normas que regulan la materia tributaria, dado que dichos tributos no habían prescripto por un reconocimiento de la deuda anterior por el propio contribuyente.

Muchas de estas acciones que fueron detectadas por las auditoras a través del sistema informático cuando solicitaron la documentación que respaldaba tales acciones al director de tributos, éste no las proporcionó, lo que aumentan las sospechas de actos de corrupción que la normativa aplicable en la materia entienden correspondiente denunciar.

Todo esto sumado al hecho que en forma sorprendente tanto el director de Tributos como la directora de Hacienda declinaron cualquier tipo de responsabilidad en la larga lista de hechos irregulares constatados por las auditoras, a pesar de ser los jerarcas».