Lista 52 del FA: «Agustín Bascou debe cesar en forma inmediata»

La Lista 52 (Grupo País) exigió la separación inmediata de Agustín Bascou del puesto de intendente de Soriano, después de que trascendiera que la intendencia de Soriano, que él conduce, compró grandes cantidades de combustibles a estaciones de servicio propiedad de su propiedad privada.

«En el Partido Nacional (…) buscan el error ajeno mientras no lo ven en sí mismos»

“Agustín Bascou debe cesar en forma inmediata a su calidad de intendente departamental de Soriano y como consecuencia el cargo debe encontrarse vacante”, piden por medio de un comunicado de prensa de la Lista 52, adscrita al Frente Amplio.

Después de que se hiciera este planteamiento, Enrique Malel, abogado e integrante de la directiva declaró al diario La República que cuando un edil o intendente realice actividades contradictorias a su función, tal como lo reconoció el directorio del Partido Nacional (al que pertenece Bascou), no es necesaria la realización de un juicio político o denuncia penal, sino que procede un «mecanismo automático» que está debidamente estipulado en la Constitución de la República. El intendente es socio de una estación de servicio a la que se compró combustibles estando él en el puesto, algo que, según Malel, le debe hacer perder el puesto en seguida. «Lo que vemos es que hay una doble ética en el Partido Nacional», criticó.

“Estamos esperando una actitud de grandeza como la tuvo en su momento el vicepresidente de la República. Seguramente que en el Partido Nacional eso no se va a dar porque ellos buscan el error ajeno mientras no lo ven en sí mismos. Por lo tanto, creemos que cuando el intendente Bascou dice que pide disculpas eso no alcanza, no es suficiente y tampoco nos convence una mera observación ante un caso que es de extrema gravedad”, agregó Malel.

“Nadie se hace cargo”

La senadora frenteamplista, Daniela Payseé, también critica que nadie «se hace cargo» de las consecuencias del caso de Agustín Bascou. En entrevista con el medio antes mencionado, la legisladora aseguró que la discusión sobre este particular va más allá de la fragmentación interna que sufre el Partido Nacional.

Sobre el planteamiento del Grupo País, Payseé recordó un caso similar ocurrido hace unos meses en Treinta y Tres, cuando el intendente suplente, Ramón Da Silva, ocupaba el cargo como empleado de UTE además de ser titular de su departamento. “Cuando él asumió la titularidad, también tenía otro cargo público, lo cual está penalizado en el artículo 291 de la Constitución. Sin embargo, cuando la Corte Electoral se expidió sobre este caso en Treinta y Tres, se declara incompetente. Por lo tanto, no hay un organismo en Uruguay que asuma la responsabilidad por este tipo de circunstancias”.

No hablo del vacío legal, porque creo que la Constitución es clara, sin embargo, los organismos no terminan otorgándose la responsabilidad. Nadie se hace cargo, no se dice quién debe interpretar la situación o cuáles son los organismos a los que se debe recurrir en estos casos. A mi juicio, en estas circunstancias debería serla Corte Electoral el organismo que dictaminara”, expuso Payseé.