ARMAS    

Bonomi calificó declaraciones del senador Javier García de irresponsables y atrevidas

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que el uso de las palabras “contrabando e ilegalidad” por parte el senador nacionalista Javier García, para referirse a la importación de 750.000 proyectiles al Uruguay es “improcedente, una irresponsabilidad y un atrevimiento”.

bonomiBonomi explicó ante el Parlamento que una parte de los 750.000 proyectiles importados fue autorizada por el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional y otra fue retenida por ser material de uso vedado.

De todos modos, el secretario de Estado aseguró que se tramitó una autorización especial ante Presidencia de la República y hasta que la misma no fue emitida los proyectiles no fueron utilizados.

Dijo que la Policía corría el riesgo de quedarse sin armamento para enfrentar a la delincuencia.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció este martes 31 de octubre ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores convocado por el parlamentario nacionalista Javier García (Todos).

García citó a Bonomi por el ingreso “ilegal y de contrabando” al país de 750.000 municiones por parte del Ministerio del Interior “sin autorización” del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a lo que surge de la respuesta de los respectivos pedidos de informes oportunamente solicitados por parte del legislador.

En tal sentido Bonomi cuestionó que decir que la introducción de las armas fue de “contrabando o ilegal” es “improcedente, una irresponsabilidad y un atrevimiento”.

Actuación de la Justicia Penal

Por su parte, García  habló de una “montaña de mentiras y tergiversaciones por parte del ministro del Interior”.

“No se trata de un tema banal, sino de más de nueve toneladas de municiones que estaban prohibidas por la Ley nacional y las convenciones internacionales”, cuestionó el legislador blanco.

Por ello, informó que el analizará todos los extremos para ver si procede o no la actuación de la Justicia penal, porque “una parte del Estado, el Servicio de Material y Armamento, considera que se puede haber tipificado un delito penal”.

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