Lista 711 presentó propuesta para atender la situación de los deudores del BHU

La iniciativa de la 711 fue analizada en conjunto con los deudores y puesta a consideración de la bancada de legisladores del Frente Amplio.

Pero el proyecto de Ley es privativo del Poder Ejecutivo, por ello los legisladores se reunirán en el correr de los próximos días con las autoridades del BHU y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, un grupo de deudores serán recibidos por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

En tal sentido, el diputado de la Lista 711 Felipe Carballo dijo a LARED21 que la propuesta de su sector tiene como objetivo “contribuir a encontrar una solución a la problemática que padecen cerca de 20 mil familias que han tomado préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y en la actualidad se les hace cuesta arriba poder afrontar el pago de las cuotas”.

“Hoy tenemos una propuesta sobre la mesa y de existir voluntad política podemos encontrar una solución para las diferentes realidades de deudores”, remarcó el legislador.

La propuesta

La iniciativa de la 711 toma como base los acuerdos anteriores que realizó tanto el BHU, como la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) o el Ministerio de Vivienda con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para los demás deudores hipotecarios, principalmente para los que pasaron a la órbita de la ANV en el 2007, pero sus créditos originales también pertenecían al BHU.

En el momento más duro de la crisis, Economía capitalizó al BHU con “fondos frescos” y compró la cartera social “deudora”. El BHU tenía en ese momento un 60% de morosidad. Mientras que el Ministerio de Economía al comprar las mismas las dividió en varios fidecomisos: 1, 2, 3 y 4.

Con posterioridad, se formó la ANV, por fuera de la órbita bancaria, con el fin de “administrar las carteras deudoras y recuperar la mayor parte de las deudas hipotecarias”.

Su función era de “servicio de cobranza de morosos”. A medida que fueron pasando los años y muchas deudas eran “incobrables” o “técnicamente imposibles de pagar”, se comenzó a delinear una línea de regularización. La misma iba desde “quitas hasta retasaciones”, en todos los casos se consideraban planteos históricos como “las viviendas con problemas de construcción” o la “ilegitimidad de los “colgamentos 1 y 2” del primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990).

Ello quedó “expresamente escrito” en los convenios firmados por FECOVI y la ANV o FUCVAM con la ANV, en los que se quitaron la totalidad de los “colgamentos”,  multas y recargos.

Los “colgamentos” son aquellas situaciones que se generaron cuando una persona compró una casa, pagó durante 15 años, pero en algún momento no pudo pagar por un plazo determinado porque se quedó sin trabajo o por otros motivos, y luego los meses en que no pudo afrontar sus deudas se pasaron para el final de las cuotas. Además, al existir un atraso, el interés pasó del 4,5% al 7 o 7,5%.

Tanto el Frente Amplio en 2001 como el Partido Nacional en el 2011 presentaron sendos proyectos de Ley para anular dichos “colgamentos” por ser “unilaterales”.

También se plantea eliminar multas, moras y recargos por refinanciaciones generadas por atraso en los años 1999 – 2005, reconociendo que “hubo un proceso de crisis que se agravó, lo cual hizo que muchas familias se endeudaran”.

“Para los deudores que en aquellos años perdieron la calidad de buenos pagadores se les recalculará la deuda a la tasa de buen pagador (4,5%), es decir a todos aquellos que tengan refinanciación entre esos años y se les aumentó la tasa de interés se les recalculará a la tasa original como buen pagador”, plantea la 711.

Después de tales propuestas, quienes sigan teniendo deudas hipotecarias “tendrán derecho a la Ley de Subsidio habitacional como cualquier otro programa del Estado”.

Asimismo, “los deudores que quedaron con saldo para cancelar del préstamo tendrán derecho, por su simple voluntad, y por única vez, a cambiar la moneda de ajuste sin costo para el deudor».

La nueva ecuación se concretará manteniendo la misma tasa de interés y plazos ya establecidos, lo que quedará sujeto a la voluntad de las dos partes.

Aquellos beneficiarios de préstamos inmobiliarios que desarrollen una conducta de buen pagador “podrán acceder a rebajas de la tasa de interés, de acuerdo a las condiciones del mercado financiero habitacional”.

No podrán fijarse tasas superiores al promedio máximo de mercado,  los que tuvieran una situación de incumplimiento podrán tener este beneficio pero será analizado por el acreedor caso a caso.

Mientas que para los deudores que a partir del 1º de enero del 2008 y hasta la fecha de promulgada la Ley no hayan caído en morosidad, se dispone que “tendrán derecho por única vez a una quita de deuda equivalente a la diferencia de Unidades Reajustables (UR) con las Unidades Indexadas (UI) en cada una de sus cuentas, en el período comprendido, la diferencia se computará como pago excepcional o en caso de cancelar su hipoteca no generará derecho de devolución de dicho monto. Este beneficio será por única vez”.

También se propone la posibilidad de cambiar la moneda en la cual se hicieron los préstamos, es decir pasar de UR a UI. “Hoy tenemos la posibilidad de verificar que quienes pagan en UR tienen una cuota mayor que oscila entre los 5 y los 6 mil pesos de diferencia con quienes tomaron préstamos en 2007 en UI”, remarcó Carballo.

El legislador recordó que en el año 2007 se dio la posibilidad a quienes pagaban en UR que pasarán a pagar en UI, pero muchos de ellos no aceptaron porque al cambiar de moneda debían realizar nuevamente los títulos de la vivienda y pagar entre 4 y 5 mil dólares al contado.

La UR se ajusta por el Índice Medio de Salarios (IMS) mientras que la UI se indexa a la evolución de la inflación.

Debido a que los salarios han crecido por arriba de la inflación durante los últimos 13 años, el ajuste de las cuotas hipotecarias en UR creció bastante por encima de un crédito en UI.

“Tomando en cuenta tales antecedentes y pensado que no puede haber deudores A y B”, es que la Lista 711 propone para todos los deudores del BHU “establecer que las propuestas sólo serán aplicadas en los casos de “única vivienda” del deudor, es decir quedan excluidas segundas viviendas de temporada u otras”, aclaró Carballo.