Proponen crear tres figuras penales tendientes a castigar delitos de corrupción privada

La propuesta se fundamenta en los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Si bien Uruguay en muchos aspectos, ya posee normas que van en el sentido que marca la Convención, por un lado de carácter preventivo y por otra parte represivo, encontramos en algunos casos carencia de normas vinculados al sector privado para cumplir con los estándares internacionales”, afirma el legislador en la exposición de motivos del proyecto.

Peña asegura que la Convención exhorta a “legislar en relación al uso indebido de poder público o de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro, pero también exhorta a legislar sobre el uso indebido de la información privilegiada, influencias y relacionamiento en el sector privado”.

En tal sentido, Uruguay “no ha adecuado la normativa de la Convención a su derecho interno en los aspectos relativos a la corrupción en la actividad privada o en materia de existencia de conflicto de intereses entre la actividad pública o privada”, dijo.

Peña afirmó que “no se puede prohibir el derecho al trabajo a un funcionario que se desempeñaba un cargo jerárquico en la función pública, pero se deben desarrollar mecanismos para evitar que estos funcionarios pasen a la actividad privada donde puedan utilizar la información privilegiada que obtuvieron en su cargo anterior. Esto debe ser penado”.

“Existen principios que el Estado tiene que preservar, y este tipo de situaciones no nos parecen adecuadas y entendemos que lindan con la ilegalidad y con posibles figuras delictivas”, dijo el legislador.

Tipificar este tipo de conductas tendría un efecto disuasivo, señaló Peña.

T​res figuras

El proyecto se compone de tres artículos.

El primero, consagra el delito de “soborno de funcionarios de organismos internacionales, que castiga la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales”.

El artículo segundo propone crear el delito de “soborno en la actividad empresarial privada”.

Se trata de delitos cometidos “en actividades económicas, financieras o comerciales”.

Uno de estos casos refiere a la “promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar”.

El otro caso de este delito refiere a la “solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, del soborno entre actores privados”.

Mientras que el tercer artículo del proyecto establece el delito de “uso o utilización indebida de información privilegiada”.

Este delito castiga a la persona que en función de su cargo “obtenga información indebida o privilegiada -que no sea de conocimiento público- y la utilice por sí o por interpósita persona inversiones, enajenaciones o adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido”.

En este caso, se considerara un agravante “cuando la información privilegiada refiera al mercado de valores y cuya naturaleza sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, cuando permita la manipulación nacional o internacional del mercado de valores a través de divulgación de información falsa, o sea utilizada por ex funcionarios del Estado cumpliendo funciones en empresas u organismos privados que tengan o tuvieron relación con el organismo en el cual desempeñaba funciones públicas”.