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Junta de Transparencia determinó que Sendic no incrementó su patrimonio con tarjeta corporativa de Ancap

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) concluyó que “si bien las omisiones e irregularidades”, en las que incurrió el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic en el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP, “se verificaron en un número importante de adquisiciones, en todos los casos se trata de montos reducidos por lo que se entiende no implicaron un incremento significativo del patrimonio”.

SendicLa JUTEP difundió este martes 20 de septiembre su informe sobre el uso que Sendic dio a la tarjeta corporativa de ANCAP mientras se desempeñó como presidente del ente autónomo.

Se trata de un informe de 18 páginas que lleva la firma de los tres integrantes de la JUTEP: Ricardo Gil, presidente; Daniel Borrelli, vicepresidente y Matilde Rodríguez, vocal.

En la resolución se indica que  “si bien las omisiones e irregularidades se verificaron en un número importante de adquisiciones, en todos los casos se trata de montos reducidos por lo que se entiende no implicaron un incremento significativo del patrimonio”.

También determinó que “queda claro que algunas de las explicaciones son insuficientes, pero aun cuando se las considerara satisfactorias, se trata de 11 usos de la tarjeta, manteniéndose 35 sin explicación”.

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Según expresa el informe publicado en la página web de JUTEP, en el día ayer 19 de septiembre el abogado del el Ex-vicepresidente mantuvo una reunión con dos miembros del Directorio de JUTEP en la que aportó importante información:

“Vale destacar que en el período solicitado, quien suscribe integró en calidad de Presidente, el Directorio de la empresa ANCAP, razón por la cual el otorgamiento de esa tarjeta de carácter corporativa, implicaba de por sí, la utilización de la misma con fines funcionales a dicha empresa, habiendo sido todos y cada uno de los gastos realizados, precisamente en atención a las funciones que desarrollé en dicho Ente.

La utilización de las tarjetas corporativas, carecía de una reglamentación que regule su práctica habitual, razón por la cual quien suscribe, fue quien propuso al Directorio, -y este así lo aprobó- una reglamentación que permitiera establecer reglas mínimas y controles respecto a la utilización de la misma.

Así fue que, a instancias del compareciente, se redactó la Resolución interna N° 322 de marzo de 2011, que fue aprobada, como dijimos, por unanimidad del Directorio que integré, conjuntamente con miembros del gobierno de la época y de la oposición al mismo (léase Partido Nacional y Partido Colorado).

La utilización de la tarjeta corporativa abarcaba tanto el ámbito nacional como el internacional, para la realización de compras relacionadas a la función y representación de los Directores, adquisición de presentes relacionados con la actividad, extensión del viático tanto dentro como fuera del país en caso de que no fuera suficiente y pago de gastos relativos a la investidura.

Cada Director es responsable por si, por cada uno de los gastos en que incurriera.

El procedimiento que se estableció permite que el resumen mensual de gastos de cada tarjeta llegara directamente al Área de Relaciones Institucionales de la Empresa, de allí se traslada al Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas y luego al Área Económico Financiera que observa en definitiva la pertinencia del informe y consulta al Director, antes de ingresarlo al SAP para el pago.

En el detalle que esa Junta ha solicitado podré identificar algunos de los rubros donde se realizaron las compras, no pudiendo identificar otros por el solo transcurso del tiempo (más de siete años) y la cantidad de viajes emprendidos en razón de mi cargo, tanto a nivel nacional como en el exterior.

(…)

En este aspecto corresponde manifestar que las compras efectuadas con la tarjeta corporativa siempre fueron realizadas con el respaldo del motivo y basándose en razones estrictamente funcionales al cargo que desempeñé, siendo de mi absoluta responsabilidad la utilización de la tarjeta, destacando que JAMÁS dicho instrumento fue utilizado por otra persona distinta al compareciente y JAMÁS con la misma se adquirió bienes de uso personal que no estuvieran relacionados con la representatividad asumida.

En las distintas oportunidades que fue utilizada la referida tarjeta y en atención al extracto de compras que me solicitaren, logro identificar ciertos rubros y productos, en virtud de ser los más destacados, tanto por sus montos como por su lugar de compra, a saber:

Devoto Supermercado S 2.346 -Hay dos compras relacionadas a reuniones gerenciales Apple, Madrid -España – USS 828,31-Teléfono Celular
NH -Electrodomésticos -USS 33,00 -Jarra Calentadora –Ancap
Librería Papacito – S 450 -Libro obsequio -Ancap
Book Shop – $ 520 -Libro obsequio Ancap
Daigy Namal – USS 693,7l-Cena Restaurant-Israel
América Ropería- $1.090- Vestimenta obsequio delegación extranjera

Las compras en joyería corresponden básicamente a presentes que se adquirieron para visitas o reconocimientos. (A modo de ejemplo: Mate, bombilla, cuchillo, souvenirs representativos de Uruguay, Artigas, monumento a la Carreta, etc.).

Asimismo en el caso de las devoluciones, estas corresponden a los casos en los que por razones de necesidad se utilizó la tarjeta para cubrir gastos que entendí que debía asumir personalmente.

En varias oportunidades, por motivo de los costos del país de destino, el viaje se hacía solo con una parte de viáticos en efectivo y se indicaba el pago de gastos con la tarjeta corporativa. Tal es el caso de Angola o Rusia por ejemplo, que son países que se ubican entre los más caros por la tabla de valores que manejaba entonces la Cancillería.

En función de lo expresado, entiendo que las compras efectuadas con la tarjeta bancaria de la que fui titular, son las que puedo identificar del extracto solicitado. Todas ellas siguieron los trámites de contralor indicados en la normativa antes referida, no habiendo sido observado por los controles internos existentes NINGUNO de los gastos realizados por el suscrito en el período solicitado en este informe”.

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Las conclusiones

He aquí el texto íntegro del capítulo “Conclusiones” de la JUTEP:

  1. Conclusiones

7.1. En primer lugar, corresponde expedirse sobre los procedimientos aprobados por el Directorio de ANCAP (Resolución N° 322/3/2011 del 24/junio/2011) y la forma en que efectivamente fueron implementados.

7.2. Aunque pueda parecer innecesario, debe recordarse, como punto de partida, que el Estado es un mero administrador de los bienes de la comunidad. Por vía del presupuesto se asignan fondos a los diferentes organismos públicos destinados a posibilitar el cumplimiento de las funciones y cometidos que les son asignados para atender y satisfacer las necesidades colectivas de las que el Estado se ha hecho cargo.

7.3. Así lo determina el Art. 13 del TOCAF y lo reafirma su Art. 16 al establecer que los créditos no podrán destinarse a finalidad u objeto que no sean los enunciados en la asignación respectiva.

7.4. Como contrapartida, surge la obligación de rendir cuentas, lo que implica estar en condiciones de informar cómo y en qué gasta el dinero de la comunidad, lo que supone mecanismos efectivos de supervisión y control (Arts. 132 y 137 del TOCAF) y también la asignación de responsabilidades para el adecuado cumplimiento (Arts. 138 y 139 del TOCAF).

7.5. Hay una obligación de rendir cuentas (monto y destino) por parte del funcionario, pero a su vez la institución que entrega los fondos es la responsable de exigir que se realice en tiempo y forma una rendición documentada.

7.6. Los gastos personales de sus funcionarios nada tiene que ver con el cumplimiento de los cometidos de ninguna institución pública. Parece algo obvio, pero por las dudas la normativa vigente en el país se ha encargado de remarcarlo expresamente en numerosas disposiciones, algunas genéricas (Art. 34 del Decreto 30/2003) y otras específicas (Arts. 33 y 36 del mismo decreto sobre prohibición de comunicaciones telefónicas y uso de celulares, y prohibición de uso indebido de bienes públicos, respectivamente).

7.7. Todas las obligaciones mencionadas anteriormente son independientes del medio de pago que se utilice. Cuando una Institución entrega fondos a un funcionario para un fin específico, puede hacerlo en efectivo, con cheque, puede darle una tarjeta de crédito corporativa o puede reintegrarle al funcionario lo gastado; lo importante no es el medio de pago, sino el uso que el funcionario hizo de los fondos y el control que sobre él se realiza a partir de una rendición de cuentas documentada.

7.8. La tarjeta corporativa es, en ese sentido, una herramienta financiera usada por las instituciones para realizar, gestionar y controlar los gastos de forma cómoda y sencilla. Es una herramienta que aporta trazabilidad y en ningún caso debería convertirse en una excusa para diluir los controles.

7.9. Sin embargo, esto último es lo que entendemos sucedió en ANCAP y el punto de partida es el Numeral 4.5 del Procedimiento aprobado en 2011, por el que se establece que cada usuario de tarjeta corporativa “es responsable personal por los gastos incurridos en el uso de las mismas y no del cuerpo (Directorio)”. Esta afirmación es reiterada en las respuestas recibidas del organismo y en especial en su nota del 24/julio/2017 en tanto allí se indicaba que en “en la norma a que nos venimos refiriendo, no está prevista una instancia o control referido a la naturaleza del gasto (personal o institucional), recayendo ello en el responsable de su uso”. Afirmar que el uso de los fondos públicos es una responsabilidad personal del funcionario y que la institución no ejerce la obligación de control implica, a entender de este Directorio, el desconocimiento de disposiciones claras de la normativa vigente. Y el efecto de esa falta de control se evidencia en las dificultades que han surgido para analizar adecuadamente la totalidad de los gastos realizados mediante las tarjetas corporativas, y las eventuales responsabilidades por su mala utilización.

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7.10. Pero además ha quedado en evidencia que los procedimientos establecidos por la Resolución N° 322/3/2011 del Directorio de ANCAP no fueron implementados adecuadamente:

  • No se verificaba que, tal como estaba previsto (Numeral 4.6 del Procedimiento), los Directores presentaran mensualmente los comprobantes de los gastos efectuados con las tarjetas de crédito corporativas. La realidad es que algunos lo hacían, otros no y otros no se sabe. Y sin esos comprobantes no hay posibilidades reales de controlar que el uso de las tarjetas se ajuste a los cometidos específicamente previstos.
  • Como consecuencia de lo anterior, no se evidencia en las respuestas recibidas de ANCAP con qué información contaba Relaciones Institucionales y Comunidad para “verificar que los gastos no estuvieran duplicados a través de sumas entregadas por concepto de viáticos”.
  • Tampoco se cumplía en forma regular con el envío al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas del informe previsto en el Numeral 4.8 del Procedimiento. La razón que se invoca es que “los estados de cuenta no llegaban a los Directores ni con la asiduidad ni con el tiempo suficiente para que éstos los remitieran debidamente analizados, con los vouchers correspondientes y las copias de las facturas de compra”. Cabe preguntarse si esta situación no era superable teniendo en cuenta que la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas en materia de gastos y pagos, es preceptiva y de rango constitucional (Art. 211, Literal B de la Constitución de la Junta de Transparencia y Ética Pública 15 República), y que por otro lado se reconoce que “a la Gerencia Económica Financiera siempre le han llegado los estados de cuenta, en tiempo y forma”. También en este caso la realidad es que la intervención en algunos casos se realizó, en otros no, y en otros no se sabe.
  • Si bien el Procedimiento aprobado preveía la conservación de todos los registros por un período no menor a 20 (veinte) años, las dificultades para obtener la información requerida por esta Junta evidencian importantes debilidades en este tema.

7.11. En resumen, en opinión de este Directorio a las debilidades del Procedimiento definido se agrega el incumplimiento de disposiciones generales vigentes y las propias del organismo, sin que se evidencie la búsqueda de acciones correctivas ni haya constancia de que los actores responsables se opusieran o por lo menos informaran acerca de esos incumplimientos.

7.12. A ello se agrega que, según informa el Directorio de ANCAP, los incumplimientos tampoco aparecen detectados por los organismos de contralor ni por el Auditor externo (KPMG).

7.13. Más allá de los aspectos institucionales, el conjunto de la situación afecta de manera significativa la necesaria transparencia en la gestión de una de las principales empresas públicas del país. Las conclusiones de la investigación administrativa dispuesta por el Directorio actual y el análisis de las debilidades detectadas deberían constituirse en insumos que posibiliten la revisión del nuevo “Procedimiento para el uso y administración de tarjetas corporativas de Directorio” aprobado por Resolución (D) No. 732/7/2017 del pasado 13/julio/2017 y su adecuada implementación.

7.14. El segundo aspecto a encarar en este dictamen es el referente a la utilización de las tarjetas corporativas asignadas a quienes integraron el Directorio en el período analizado.

7.15. El análisis efectuado abarcó inicialmente a todos los Directores pero por las razones expuestas en el Numeral 4, quedó circunscrita al entonces Presidente del organismo, Sr. Raúl Sendic.

7.16. Como se señaló, en su caso se verificó la existencia de 46 compras efectuadas en comercios que, en principio, no aparecían directamente relacionados con los cometidos institucionales. La no presentación por parte del Sr, Sendic de los comprobantes de los gastos (especialmente establecida en el Numeral 4.6 del Procedimiento aprobado bajo su Presidencia) no permitió determinar el tipo y destino de la compra ni, por tanto, si el uso de la tarjeta se ajustaba a los conceptos expresamente previstos.

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7.17. En su respuesta a la consulta efectuada, el Sr. Sendic desarrolla tres argumentos tendientes a explicar la situación. a) Que fue a instancias suyas que se aprobó la Resolución 322 de marzo de 2011 que establece la reglamentación, hasta entonces inexistente, para la utilización de las tarjetas. Es sin duda una afirmación exacta, pero ha quedado claramente demostrado que siendo la autoridad máxima del organismo e impulsor del procedimiento, no cumplió con disposiciones incluidas en el mismo (especialmente el mencionado Numeral 4.6) y con la obligación que tiene todo funcionario público de rendir cuenta documentada del uso de los fondos públicos (Art.132 del TOCAF, Art.34 Inciso 2° del Decreto N° 30/003). Ha quedado demostrado, asimismo, que otros Directores cumplieron cabalmente con esas disposiciones, mientras el Sr. Sendic no menciona ni justifica, en la respuesta, su propio incumplimiento. Por el contrario, afirma que todas las compras efectuadas con la tarjeta “siguieron los trámites de contralor indicados en la normativa”, lo que por lo ya expuesto, no se ajusta a la verdad. b) Que si bien por el tiempo transcurrido no puede identificar todas las compras sobre las que se lo consulta, sí está en condiciones de hacerlo en algunos casos, aportando en su respuesta información adicional. Analizada esa información, corresponde señalar: · Supermercado Devoto. Son dos compras ($ 2.364 y $2.035) que informa están relacionadas con reuniones gerenciales. En tanto en su respuesta afirma que jamás la tarjeta fue utilizada “por otra persona distinta al compareciente”, las dos compras señaladas habrían sido realizadas personalmente por el Presidente del Directorio. · Apple (Madrid, U$S 828,31) y NH Electrodomésticos (Montevideo, U$$ 33) correspondientes a un celular y una jarra calentadora, respectivamente. Aun suponiendo que ambos quedaran en poder de ANCAP, el procedimiento vigente para uso de las tarjetas corporativas no incluía la compra de bienes de uso. Podría señalarse que la compra de un celular en Madrid respondió a un imprevisto, pero no aparece ninguna explicación razonable para la compra de una jarra calentadora en Montevideo. ·Papacito (Montevideo, $ 450), Book Shop (Montevideo, $ 520) y Gold Joyas (Montevideo, $ 4.200, $ 2.400 y $ 2.400), informa que se trata de adquisiciones de obsequios, sin indicar destino. · Daigy Namal (Tel Aviv, U$S 693,71), informa que se trata de una cena en un restaurante, sin indicar motivo ni asistentes. Se incluyó en el pedido de información ya que no se había podido determinar tipo de comercio. · América Ropería (La Paloma, $ 1.090), corresponde a “vestimenta obsequio delegación extranjera”. No se brindan detalles (tipo de artículo, destinatario, motivo del obsequio) pero ANCAP informó que en la fecha de esta compra (3/enero/2011) el Sr. Sendic se encontraba en uso de licencia y que no se dispone de información sobre la realización de algún evento con participación institucional en el Departamento de Rocha en esa semana. Queda claro que algunas de esas explicaciones son insuficientes, pero aun cuando se las considerara satisfactorias, se trata de 11 usos de la tarjeta, manteniéndose 35 sin explicación: 14 en tiendas de ropa (1 en Uruguay, 13 en el exterior), 7 en free shops (6 en Uruguay, 1 en el exterior), 6 en zapaterías (todas en el exterior), 3 en tiendas deportivas (exterior), 1 en supermercado (Uruguay), 1 en mueblería (Uruguay), 1 en casa de tecnología (exterior), 1 en tienda de souvenirs (exterior) y 1 en librería (exterior). Cabe agregar que la única devolución realizada por el Sr. Sendic en el período, según la información remitida por ANCAP, fue de U$S 130 (Recibo N° 1400137120, 8/junio/2012) y no pudo ser relacionado con ninguna de las compras del período. c) Que las compras efectuadas con la tarjeta corporativa “siempre fueron realizadas con Junta de Transparencia y Ética Pública 17 el respaldo del motivo” y que “jamás con la misma se adquirió bienes de uso personal que no estuvieran relacionados con la representatividad asumida”. No hay ningún elemento que respalde la primera afirmación: no solamente no presentó los comprobantes respaldatorios de los gastos sino que, a diferencia de lo hecho por otros Directores (alguno de ellos de manera muy prolija, como ya se señaló) en ningún caso se ubicó algún comentario, comprobante o anotación aportado por el Sr. Sendic referente al motivo de la compra realizada. De igual manera, el incumplimiento de la normativa general sobre rendiciones de cuentas, la ausencia de los comprobantes de los gastos cuya entrega estaba especialmente prevista en el Numeral 4.6 del Procedimiento vigente en ANCAP y la renuncia al control derivada del Numeral 4.5 de dicho Procedimiento determinan la imposibilidad de respaldar la afirmación en cuanto a que todos los bienes adquiridos mediante la tarjeta corporativa estuvieron relacionados con el rol institucional del entonces Presidente del organismo. En todo caso en su nota resultan incongruentes las afirmaciones respecto a que con la tarjeta corporativa jamás “se adquirió bienes de uso personal que no estuvieran relacionados con la representatividad asumida” y la posterior sobre que “en el caso de las devoluciones, estas corresponden a los casos en los que por razones de necesidad se utilizó la tarjeta para cubrir gastos que entendí que debía asumir personalmente”.

7.18. Las omisiones e irregularidades constatadas en el uso de la tarjeta corporativa por parte del Sr. Raúl Sendic no pueden justificarse por la falta de controles evidenciada en ANCAP. Por el contrario, su responsabilidad es mayor en tanto máxima autoridad del organismo y promotor del Procedimiento de uso de esos medios de ´pago en el organismo que Presidía.

7.19. Este Directorio considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del Sr, Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a Probidad (Arts.20 y 22 de la Ley N° 17.060 y Art. 11 del Decreto N° 30/003), Rectitud (Art.21 de la Ley N° 17.060), Legalidad (Art. 14 del Decreto N° 30/003), Implicancias (Art. 17 del Decreto N° 30/003), Buena Administración Financiera (Art. 23 del Decreto N° 30/003), Rendición de Cuentas (Art. 132 del TOCAF y Art. 34 Inciso 2 del Decreto N° 30/003) y Prohibición de Uso Indebido de Fondos (Art. 34 Inciso 1 del Decreto N° 30/003).

7.20. De acuerdo con el Art. 137 del TOCAF, más allá de otras eventuales responsabilidades, se trata de faltas administrativas que, de acuerdo con lo previsto en ese mismo artículo se graduarán conforme a la jerarquía del infractor y a su nivel de responsabilidad en la materia. No corresponde a este Directorio definir el tipo de falta ni establecer la sanción correspondiente en caso de mantenerse en la función pública.

7.21. Corresponde señalar que si bien las omisiones e irregularidades se verificaron en un número importante de adquisiciones, en todos los casos se trata de montos reducidos por lo que se entiende no implicaron un incremento significativo del patrimonio del Sr. Sendic. En ese sentido, si bien este Directorio tiene la opción legal de proceder por razones fundadas a la apertura de las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Sendic ante la JUTEP en virtud de la Ley N° 17.060, ha resuelto no hacer uso de esa opción. Se trata de un procedimiento relativamente complejo en lo formal y cuyo efecto está absolutamente limitado por la total imposibilidad de verificar el patrimonio declarado en tanto la JUTEP no tiene potestades ni recursos para acceder a las bases de información imprescindibles para dicha verificación (registros de bienes muebles e inmuebles, información financiera, etc.).

  1. Resoluciones y comunicaciones

8.1. Todas las actuaciones fueron aprobadas por unanimidad por el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

8.2. En virtud de los cometidos del organismo y la especial importancia asignada a la transparencia y la participación ciudadana en estos temas, se emitirá un comunicado público que paralelamente se hará llegar, con los antecedentes correspondientes, al Directorio de ANCAP, Tribunal de Cuentas de la República, Fiscalía General de la Nación (Art. 11 del Decreto 354/999) y Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Educación y Cultura, Art.1 de la ley N° 19.340).

Cr. Ricardo Gil. Presidente.

Dr. Daniel Borrelli. Vicepresidente.

Matilde Rodríguez. Vocal.

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