Hubo espionaje militar a partidos políticos, afirman diputados

El 2 de octubrre de 2015, la Justicia allanó la casa del fallecido coronel Elmar Catiglioni, por orden de la jueza penal Beatriz Larrieu, encontrando unas 60 cajas con documentos sobre la dictadura uruguaya. El procedimiento se realizó en el marco de la causa que investiga el asesinato de Fernando Miranda, un escribano y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), y padre del actual presidente del Frent Amplio, Javier Miranda. Fernando fue secuestrado en dictadura el 30 de noviembre de 1975.

El diputado frenteamplista, Gerardo Núñez, del PCU, contó que hay cientos de casos de seguimiento y espionaje a militantes del FA en los «archivos Berrutti», así llamados en referencia a la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, quien estuvo en el puesto entre 2005 y 2008.

Berrutti ordenó una investigación de contrainteligencia en 2007, la cual encontró que Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organizo de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y los guardó en su casa, según publicó en su momento el postal informativo Sudestada.

El Material encontrado en el domicilio del coronel Castiglioni era parte de lo extraviado del archivo de inteligencia militar encontrado durante la gestión ministerial de Berrutti, consignó el semanario Brecha. Toda la información resultante de las investigaciones forman parte de la denuncia y ocasionó que se creada la comisión investigadora, para revisar y escrutar toda la documentación.

Espionaje

En los documentos hay supuestas pruebas de espionaje a todos los partidos políticos, pero principalmente a militantes y líderes del Frente Amplio, así como a organizaciones vinculadas a la izquierda, como el PIT-CNT o la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), además de que revela intercambios de información entre las Fuerzas Armadas y la Policía.

«El avance principal es que se confirma la existencia de espionaje militar sobre partidos políticos y organizaciones sociales hasta el 2001″, explicó a El Observador el diputado Núñez.

El parlamentario está convencido de que hay elementos sustentables para proceder hacia la Justicia con una denuncia concreta. «Hay muchos elementos violatorios de la Constitución y de las leyes, lo que ya es merito por sí solo para un pasaje a la Justicia», señaló, pero para él lo principal es enviar una «fuerte señal» a la sociedad y a quienes realizan este tipo de actividades ilícitas.

«Hay que derrotar un escenario de impunidad que no sabemos si todavía se sigue dando», dijo.

La investigadora ya escuchó a cinco ex ministros del Interior y a cuatro de Defensa. Este lunes declaran Daniel Borrelli, titular de Interior del Gobierno de José Batlle, y a José Bayardi, de la misma cartera pero del primer mandato de Tabaré Vázquez.

Hasta ahora, todos los ex ministros han negado conocer la existencia de este tipo de actividades ilícitas, aunque algunos admitieron que habían personas a su cargo que realizaban tareas a sus espaldas aunque sin conocer el cometido de estas.