Frente Amplio no derogaría abuso de funciones y propone alternativas

Ante la diferencia de posiciones a la interna del Frente Amplio, luego de que el Senado votara a favor de la derogación del de abuso de funciones, la bancada de diputados del partido instauró una comisión especial para analizar los pasos a seguir, y ver si se proponen alternativas. Entre los oficialistas de la cámara baja hay opositores a la eliminación de este delito.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, hizo expresa su convicción de que la regulación es mucho más viable y aceptable que la derogación. «“El sistema político en su conjunto, y en particular la Izquierda debe asumir su responsabilidad, buscar un camino posible, que ponga fin a esta situación y nos permita dar una respuesta clara hacia la opinión pública», afirmó, agregando que «modificar ese artículo no es hacerle una guiñada a la impunidad, sino todo lo contrario, es promover cambios que den garantías a la sociedad y al mismo tiempo se mantenga la firmeza en el combate la corrupción. Por eso creemos que el camino posible hoy es la regulación, no la derogación”.

Por su parte, el coordinador de diputados del FA, Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) declaró al periódico El Observador que «se va a formar un grupo de trabajo que va a hablar del asunto», y considera que «eso puede determinar que queda todo como está, que se modifica todo, o que no sale nada. Mil cosas pueden pasar ahí».

Oposición

Adicional a estas posiciones adversas, la Liga Federal y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) presentarán redacciones alternativas a la aprobada en el Senado.

El actual artículo 162 del Código Penal dice: «El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría».

El PVP realizó esta semana una propuesta alternativa al texto: «El funcionario público, que mediante abuso de funciones dictare o ejecutare actos arbitrarios u omisiones de igual carácter, que sean contrarios a la Constitución, las leyes o las obligaciones establecidas anteriormente, que perjudiquen financiera o moralmente o al Estado o a terceros, aun sin beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado…».

El diputado del PVP, Carlos Coitiño, afirmó a la prensa que, en la reunión de la bancada oficialista, «predominó la línea de rechazo a la derogación lisa y llana».