Senadora nacionalista Verónica Alonso propone trabajo obligatorio en las cárceles

Alonso ​​propone establecer la obligatoriedad del trabajo para las personas privadas de libertad, recluidas en los centros penitenciarios de todo el país.

Alonso ha realizado recorridas en los diferentes centros para conocer la realidad que vive el sistema penitenciario uruguayo.

Este viernes 2 de junio Alonso y el diputado Pablo Iturralde se reunirán con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la sede ministerial con el propósito de presentarle las iniciativas legislativas.

La legisladora dijo que en la actualidad “solo los reclusos condenados” realizan jornadas laborales, según el artículo 41 del decreto-ley 14.470 del 2 de diciembre de 1975.

Alonso destaca que según informes del comisionado penitenciario para el sistema carcelario, “el índice de reincidencia penitenciario uruguayo es del 67%; casi siete de cada diez reclusos que obtienen su libertad vuelven a reincidir en el delito”.

Pero subraya que en el Centro N° 4 del COMCAR donde funciona el Polo Industrial y en el que cerca de 500 reclusos realizan tareas laborales en diferentes empresas y emprendimientos, el número de reincidencia desciende a menos del 10%, “ello es una muestra clara que el trabajo colabora positivamente en la rehabilitación”

Por lo cual, propone extender la experiencia del Polo Industrial al resto del sistema penitenciario.

Plantea que las empresas que se instalen en los centros penitenciarios y contraten mano de obra de personas privadas de libertad puedan obtener “los beneficios fiscales que surgen de la Ley de Zonas Francas, que plantea la exoneración del IRAE en el giro corriente de la empresa, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto al Patrimonio y de la Ley de Promoción de Inversiones, que dispone la deducibilidad del monto invertido en el cálculo del IRAE”.

Datos

Alonso indicó que en la actualidad la población carcelaria en Uruguay supera las 11.150 personas y crece exponencialmente desde el retorno a la democracia.

En 1985 había 1.890 personas privadas de libertad. En el año 2000 eran 4.364; y en 2010, unas 8.755 personas.

En derecho comparado, varios países tienen dispuesta la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad. Ello ocurre en Brasil, México, República Dominicana, Guatemala, EE.UU. Finlandia, Japón entre otros.

En Argentina, se establece que el trabajo constituye un “derecho y un deber del interno”.