TRANSPARENCIA

En Uruguay hay que crear la figura del “enriquecimiento ilícito” que hoy no existe

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Ricardo Gil Iribarne, afirmó que en muchos países existe la figura del “enriquecimiento ilícito”, porque es más fácil comprobar que una persona se enriqueció que demostrar que recibió coimas.

En diálogo con LARED21, Gil Iribarne, se refirió entre otros temas a la derogación del delito de “Abuso de funciones”, el cual -dijo- preferiría que se derogara en el marco de un fortalecimiento del combate a  la corrupción y no como un hecho aislado.

¿Su visión de la derogación del delito “Abuso de Funciones”?

El delito de abuso de funciones preferíamos que se  derogara en el marco de un fortalecimiento del combate a  la corrupción y no como un hecho aislado.

-Como Junta fuimos al Senado y planteamos, por un lado que el delito como está debe ser modificado, es excesivamente amplio y se presta para cualquier cosa, por tanto, es imprescindible modificarlo. También planteamos que la simple  derogación tampoco nos convencía. Lo necesario es contemplar en el nuevo texto, cuáles serían los hechos punibles que no están contemplados en otros delitos ya existentes. Nos pareció adecuado revisar si hay actos delictivos que no están contemplados y que hay que redactar nuevos artículos que los contemplarán. En la Comisión también planteamos, que hubiéramos preferido que esto se discutiera en el marco de un fortalecimiento del sistema de combate a la corrupción y no como un hecho aislado, donde se deroga un delito y donde la percepción del ciudadano es que se debilita el mecanismo de combate a la corrupción. Nosotros estamos intentando que se fortalezca el mecanismo y hay varias iniciativas en  discusión, por eso nos parecía mucho mejor que esta derogación (abuso de funciones) no quedara como un hecho aislado, sino como un mecanismo de fortalecimiento del sistema.

¿Qué mecanismos existen en el país para combatir la corrupción?

-Tenemos mecanismos de prevención, tenemos mecanismos represivos pero también tenemos fortalezas institucionales que vienen de más atrás, desde la estabilidad institucional, la profesionalidad del Poder Judicial y del Ministerio Público y los valores predominantes en la sociedad. En el plano represivo, hay juzgados especializados, una buena legislación, una actuación independiente de los poderes políticos e independencia de los tres Poderes.

¿Cuáles son las debilidades?

La corrupción es un problema grave en el mundo y Uruguay no está a salvo.

-El problema es todo lo que tenemos como lo articulamos para que funcione bien y el ciudadano tenga la confianza de que los corruptos, que los hay como en todos lados, les resulte difícil robar. Tenemos que repensar la articulación entre los distintos organismos. Por ejemplo, el sistema de las “declaraciones juradas” las tenemos que modificar con carácter de urgente  para que las fortalezas que tenemos no nos terminen debilitando. La corrupción es un problema grave en todo el mundo, Uruguay no está a salvo.

Cuando usted dice el sistema de “declaraciones juradas” hay que cambiarlo de forma urgente. ¿Hacia dónde dirigir esa modificación?

La Junta de Transparencia no tiene técnicos para analizar las “declaraciones juradas” de los gobernantes.

-En el país, hay unos 46 mil funcionarios que tienen la obligación de declarar su patrimonio, su activo, su pasivo y sus ingresos. Lo hacen en sobre cerrado y solo se abre en circunstancias especiales y es cuando la justicia lo pide o cuando algún organismo, que podría ser la JUTEP, con alguna razón fundada, decide abrirlo, pero ocurre muy pocas veces. Además, si llegamos a abrir una declaración, tampoco tenemos herramientas para controlar lo que dice el ciudadano. No tenemos acceso a los registros, tampoco a la información bancaria, entonces la declaración no es cotejada con nada, si pasa el tiempo y surge que un funcionario se enriqueció de una manera descomunal, no tenemos indicios, ni potestades para investigar. Para cambiar estas falencias, hay una propuesta que se discute en Diputados. Nosotros entendemos que tiene aspectos positivos, incluso nosotros hicimos algunas propuestas. Lo positivo es ampliar la cantidad de declaraciones juradas que se publican hoy día, ya que solo se publican las del Presidente y Vicepresidente de la República. El proyecto plantea la posibilidad de abrir un 5% al azar. A nosotros nos parece bien. Lo que decimos, hay que abrir algunas no tan al azar, y abrir lo que corresponde a la parte superior de la pirámide de funcionarios, porque al azar puede ser que se abra la de los funcionarios de menor responsabilidad. Nosotros decimos donde haya mayor riesgo ahí abrimos un número importante de declaraciones juradas.  Después, el proyecto dice “los técnicos de la JUTEP” las examinarán, y nosotros decimos  “hoy no tenemos técnicos”, aunque es relativamente fácil modificar esta realidad, tampoco tenemos potestades legales. Sin estas potestades, abrir una declaración es un “acto simbólico”. En muchos países, existe la figura del “enriquecimiento ilícito”, sin embargo, en nuestro país no existe, y hay una parte importante de profesionales que no están de acuerdo que exista, sin embargo entiendo que sería muy positivo que se creara. Un funcionario público que en un periodo crece su patrimonio de forma significativa, tiene que estar dispuesto a comparecer ante un juez para explicar porque, si lo justifica todo bien pero sino está ocultando como se enriqueció. El “enriquecimiento ilícito” es una herramienta considerada como positiva por la Comisión Interamericana contra la corrupción, Es más sencillo demostrar el enriquecimiento que probar cuando una persona recibió una coima. Hoy día en nuestro país, se controlan “mal” 46 mil declaraciones. Preferimos controlar bien menos declaraciones. Veamos donde está el mayor riesgo, y está en las coimas grandes, la afectación grande del patrimonio público, la conjunción de intereses con las empresas privadas. Todo no se puede controlar, por eso hay que ir a lo más grave. Hay que transparentar más, publicando más declaraciones y hacer  que un número limitado de ellas sean analizadas, apuntar donde existen mayores riesgos. Nuestra idea es crear un portal, donde los ciudadanos puedan hacer denuncias de corrupción y la idea es instrumentarlo para este año.

¿Dónde se podrán hacer  denuncias anónimas?

-Nuestra idea es crear un sistema a disposición de la ciudadanía para recibir denuncias. Hoy si se quiere hacer una denuncia no se sabe dónde ir. La idea es crear un portal, donde cualquier ciudadano pueda decir “conozco tal situación y la quiero denunciar”, y a la vez pueda elegir si lo hará de manera anónima o dando su nombre, y luego también pueda hacer un seguimiento de la denuncia y se le informe que ha sucedido con su denuncia. La JUTEP podría ser el primer filtro para definir si se trata de un caso de corrupción o de otra cosa y hacia donde se debe enviar, si a un Juzgado o a la Fiscalía.  El sistema servirá si es imparcial, serio, sólido, reservado.

¿Conoce algún país que lo haya instrumentado así?

-En Paraguay lo instrumentaron, pero aún no está en funcionamiento. Nos pareció muy interesante, aunque aún no está a funcionamiento pleno.  Nosotros todavía no lo discutimos. Nosotros no queremos ser investigadores, ni policías. Nos parece que por el volumen de lo que se denuncia, consideramos sin ningún afán de protagonismo, que nosotros podríamos ser el primer filtro.

¿Al financiamiento de los Partidos Políticos les falta transparencia?

-Creo que transparentar el financiamiento, es lo mejor que se puede hacer en el país. En Uruguay no hay elementos para sospechar de “manejos turbios” en el financiamiento de las campañas, sin embargo, se hace necesario dotar de recursos a los organismos que deben controlar. En la última ley de Partidos, el control de los recursos que se vuelcan en las campañas, lo debe hacer la Corte Electoral, pero todos sabemos que no tiene recursos para esa tarea.

¿El mecanismo se puede calificar como perverso?

-Sí es perverso. Por un lado hay cuestiones que faltan y otras que si están no se cumplen por falta de recursos.

¿Habrá interés en los Partidos en darle los recursos a la Corte?

-No tengo derecho a dudar y lo bueno es sentir que la ciudadanía en este tema como en los de corrupción, nos está pidiendo más, nos pide resultados. Tener estructuras para combatir la corrupción no alcanza, hay que tener resultados. Si todo está hecho para quedar bien y no hay resultado no sirve. El mensaje tiene que ser “tenemos que evitar que nos pase lo que le pasa a otros”.

Siempre se habla del sector público, ¿qué pasa con la corrupción privada que nunca se menciona?

-Hay dos zonas. Los delitos tipificados en el país, implican también al sector privado siempre y cuando haya actuado un funcionario público, es decir, tiene que haber un funcionario público para que haya corrupción, y cuando hablamos de corrupción, siempre se refiere al público y no nos podemos olvidar que muchas veces es el privado el que paga la coima. Las experiencias regionales nos permiten ver que los Partidos Políticos fueron permeables pero hubo un accionar grosero y planificado de los privados para garantizarse el enriquecimiento. El sector privado, también debe ser parte de la lucha contra la corrupción. Cada vez más, se le va a exigir a los Estados y a las empresas privadas, que tomen medidas contra la corrupción. Ahora, cuando es solo entre privados, cuando hay de por medio coimas en Uruguay, no sería corrupción porque no están implicados funcionarios públicos. En el caso FIFA los procesamientos fueron por “estafa” y no por corrupción. Creo que Uruguay debería modificar esta situación, es decir cuando hablamos de corrupción no solo se trata de funcionarios públicos.

¿Qué opina de la figura que se utiliza en Brasil la “delación premiada”?

-En nuestro país existe la figura del “colaborador”. Es un miembro de la organización, que aporta información a cambio de algún beneficio y es un “arma complicada”, creo que es bueno tenerla pero requiere un uso cuidadoso y serio por parte de las autoridades que la aplican. En nuestro país se usa desde 2009 y se hace con todas las garantías. Lo peligroso es reconocer que quien colabora con la justicia es un “delincuente” que obtiene un beneficio. La delación no puede ser el único elemento de juicio, porque quien te proporciona la información está buscando algún beneficio. El sistema tiene que obligarte a acumular otros indicios, filtrar lo que esa persona declara y a manejar de forma adecuada cual es el premio que recibe, es decir, cuanto beneficio le das a partir de lo que dice. Aquí se aplicó de forma adecuada, lo que pasó en Brasil es la cantidad de “delaciones premiadas” que había y de qué manera hay mucho “haciendo fila” para dar información. A la causa le permite avanzar mucho pero tira mucha información que se debe filtrar.

En Brasil el empresario Joesly Batista no estuvo ni 24 horas preso y ahora aduciendo problemas de seguridad, se fue a vivir a EEUU con su familia. Recordemos que Batista  con sus declaraciones comprometió al Presidente de la República (Michel Temer) y “hundió” al  senador Aecio Neves. ¿Cómo ve esta situación, un empresario que pagó coimas, se enriqueció en forma ilícita y está en libertad?

-Son los riesgos que hay que asumir. En lo personal, esta situación no anula la conveniencia de la herramienta. El manejo tiene que ser muy serio y controlado. Entiendo que se nos plantea una cuestión ética. Este tipo de herramientas sirve para los “delitos de cuello blanco”, el delincuente común no tiene este beneficio, entonces es “embromado” “el tipo es un delincuente y se lo deja en libertad. Este tipo de delitos son muy difíciles de probar.

Misión de la JUTEP

Ser el órgano autónomo encargado de identificar los riesgos de corrupción a nivel del estado y desarrollar actividades orientadas a prevenir la implantación o extensión de ese fenómeno en la administración pública nacional. Actuar como perito auxiliar, a solicitud de la justicia penal, en los delitos contra la economía o la hacienda pública y desempeñarse como organismo asesor de la administración en lo que se refiere a las normas de conducta del funcionario público. Participar activamente en los ámbitos generados por las convenciones y convenios internacionales contra la corrupción suscritos por el país.

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