Firme rechazo a privatización del puerto de Punta del Este

Carlos Peláez – Maldonado

El organismo estuvo integrado por los diputados Ambrosio Rodríguez (Herrerismo), que la preside, y Enrique Pérez Morad (EP) ambos de Maldonado; Yeanneth Puñales (Foro) y Artigas Barrios (EP) los dos de Rocha y Ruben Carminatti (Foro) de Río Negro. La delegación maldonadense estuvo integrada por el presidente de la Junta Departamental, Francisco Mesa (PN) y el director de Asesoría Notarial municipal, José Luis Rapetti, en representación oficial de la Intendencia, junto a los ediles Cristina Pérez (PN), Lilia Muniz (EP), María José Sosa (PC); Walter Camejo (PC), Raúl Bianchi (PC) y Ariel Fuksman (EP); el experto en temas náuticos Guillermo Rondini y los propietarios de lanchas de tráfico Diotísimo Silvera y Juan Rovetta.

La iniciativa para esta reunión fue tomada por el diputado encuentrista Pérez Morad, que ha calificado como «inaceptable» el pliego de licitaciones que la Dirección Nacional de Hidrografía puso a consideración de diferentes actores.

Durante algo más de una hora la delegación, con la única oposición del edil Bianchi, expuso los argumentos que, tanto el gobierno municipal como los operadores, residentes y turistas tienen para oponerse al proyecto de tercerización anunciado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres.

Rapetti, en representación de la Comuna, expuso los tres elementos más importantes que, a su juicio, impiden la acción ministerial: 1) las tierras donde está ubicado el puerto son de propiedad municipal; 2) con éste proyecto se lesiona la autonomía municipal porque no será la Intendencia sino la Dirección de Hidrografía la que otorgue permisos de construcción para obras en el área portuaria y 3) se modifica el destino original de la zona que debe ser cuestión de los residentes en el departamento.

Por su parte la diputada Puñales, del Partido Colorado, dijo a LA REPUBLICA que «le había impresionado la convicción expuesta por la delegación de Maldonado» y sostuvo que a su juicio «se estaba lesionando la autonomía municipal». La legisladora recordó que como representante de Rocha «hemos vivido las mismas circunstancias en torno al puerto de La Paloma».

El legislador frenteamplista Pérez Morad aseguró que «esta reunión sigue a la que tuvo como sede a la Junta Departamental y como consecuencia de la existencia de un pliego de licitación planteado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que es inaceptable». Ante las diferentes versiones proporcionadas en declaraciones por el director nacional de Hidrografía, Luis Loureiro, sobre cuál es la verdadera situación financiera de la estación portuaria, la Comisión de Turismo de Diputados convocará ahora al ministro Lucio Cáceres para tener información de primera mano.

Oposición municipal

El edil nacionalista Francisco Mesa, presidente de la Junta Departamental, dijo a LA REPUBLICA luego de la reunión que «es muy positivo que los diputados quieran informarse de la situación». Sin embargo Mesa dijo sentirse sorprendido por las noticias sobre la presunta existencia de un pliego de licitación modificado. «Cáceres había prometido informarnos al respecto, pero hasta ahora no hemos sido enterados. Le voy a pedir al ministro que nos envíe una copia para seguir conversando, porque si no tenemos un diálogo de sordos; nosotros tenemos un pliego al que le hemos realizado observaciones muy claras y él las conoce, pero Cáceres habla de otro pliego que nosotros no conocemos. Llegó el momento de hablar».

Mesa coincidió con los diputados Puñales y Pérez Morad, en el sentido de que la propuesta ministerial es violatoria de la autonomía municipal. «Debe respetarse la opinión de los departamentos en áreas que les son propias, si bien son servicios nacionales. El Ministerio tiene que escuchar y entender que desde el punto de vista edilicio no hay discusión posible, la Intendencia no puede ceder responsabilidades al respecto». A su juicio «no se trata de discutir la propiedad del puerto, sino la orientación que tendrá en el futuro. El Ministerio de Obras Públicas tiene el control sobre la extracción de materiales de la costa; la Prefectura ejerce la función policial y el municipio tiene el contralor de la propiedad. Ahora quieren hacer algo nuevo, permitiendo todo tipo de construcciones que no estarían bajo el contralor de la Intendencia. Eso es inaceptable. Punta del Este debe tener un buen puerto deportivo con todos los servicios adecuados».

En tanto, el escribano José Luis Rapetti, jerarca municipal y representante oficial de la Comuna en la delegación al ser consultado por este matutino sostuvo que «las conclusiones de la reunión son muy favorables porque el gobierno departamental, acompañado por vecinos, pudo hacer su exposición ante los diputados. Creo que logramos que se entendiera la situación que se originaría en caso de llevarse adelante el proceso de privatización».

El jerarca, que ha tenido a su cargo la investigación sobre la propiedad de las tierras donde se encuentra emplazada la terminal portuaria y en el pasado también integró la comisión contra la privatización del agua potable y saneamiento, consideró que «a nivel del gobierno departamental se ha producido una evolución de pensamiento a propósito de la política de privatizaciones. También hay en esto una cuestión muy puntual que afecta la autonomía municipal. Pero creo que todo lo que se dijo antes sobre la concesión del saneamiento sirvió para formarse una idea más cabal del riesgo que representan algunas de estas privatizaciones que se proyectan». A la vez no vaciló en calificar la privatización como «violatoria de la autonomía municipal».