"Si no atenta contra los DDHH que venga el padre eterno y lo diga"

Al comparecer ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, el ministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán se refirió en términos muy críticos a algunos aspectos de la gestión del Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez. En particular, cuestionó a dos organismos que funcionaron en la órbita de la Fiscalía de Corte y que el propio ministro ordenó inspeccionar en las últimas horas: la Unidad de Fortalecimiento Institucional y Centro de Apoyo. El secretario de Estado dijo que no existe en los antecedentes una norma de creación de ambos organismos y afirmó que sus atribuciones «atentan contra los derechos humanos», según la versión taquigráfica de la sesión a la que tuvo acceso LA REPUBLICA.. El Centro de Apoyo, señaló el ministro, «es una institución no creada por ley ni por decreto» y que responde a las ordenes de un funcionario que no tiene rango de Fiscal, ni de Fiscal Adjunto ni Secretario Letrado, que tampoco es Letrado ni abogado, pero dirige un equipo de abogados y responde jerárquicamente al Fiscal de Corte. Todo el sistema, agregó Guzmán, reposa sobre la base de que la investigación y la tipificación las realiza el Juez de Instrucción. Sin embargo, dijo, «en un documento que será papel de trabajo interno queda anotado que el señor Ferrucho Pascucho, detenido por la Seccional 5°, está primariamente incurso en un delito tipificado y eso queda anotado antes de que el señor Ferrucho Pascucho haya podido visitar el Centro de Investigación Criminal donde funciona el Juzgado de Turno». «No hay ninguna manera de aceptar o justificar una pretipificación de esta índole, formulada desde una oficina interna y comunicada a Fiscales que tienen independencia técnica», afirmó. Guzmán manifestó que «ni en la Constitución ni en el Pacto de San José de Costa Rica ni en ningún lado se podría justificar una pretipificación antes de haber tenido el detenido su minuto ante la Justicia» y , por tanto, «en esa manera de trabajar nosotros vemos una violación legal concreta de la condición del derecho humano de cada uno de los detenidos».

Además, acotó Guzmán, el Centro de Apoyo cumple una función de registración de cada una de las novedades por las cuales van los detenidos a los Juzgados, que abarca incluso a los menores, a los cuales se identifica, no solo con iniciales, sino también con nombre completo. «Si esto no atenta contra los derechos humanos, tratándose de una organización que -insistimos- a nuestro juicio carece de base legal, si esto no atenta contra los derechos humanos, que venga el Padre eterno y nos lo diga». *