Encuentristas, independientes y blancos por envío de antecedentes a la Justicia

El informe del EP-FA, junto con el de los otros partidos políticos, será analizado en una sesión especial en el mes de marzo, y tanto el Partido Independiente, el Partido Nacional, a lo que se sumará el Nuevo Espacio, son partidarios de remitir a la Justicia Penal los antecedentes, lo que constituirá una mayoría significativa en el seno del plenario de la Cámara de Representantes.

En filas del Partido Nacional también se establece que el Poder Ejecutivo violó la Constitución porque conformó una asociación sin autorización parlamentaria en el caso del Banco Comercial.

En tanto, los representantes del Partido Colorado estimaron que la gestión del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Uruguay (BCU) se llevaron a cabo dentro del marco de la legalidad.

La Comisión Investigadora culminó ayer su gestión indagatoria.

En conferencia de prensa en el cuarto piso del Edificio Anexo, los legisladores encuentristas Silvana Charlone, Víctor Rossi y Raúl Sendic se refirieron al asunto.

«Estamos cerrando el trabajo de la Comisión Investigadora, y hoy (ayer) es el último día que nos fijamos de plazo para presentar los informes finales y los proyectos de resolución».

«En las vistas que se dieron en el preinforme a las personas a las cuales nosotros atribuimos presuntas irregularidades, básicamente ratificamos las conclusiones que se presentaron en el preinforme», sostuvo la legisladora del Espacio 90 Silvana Charlone.

Precisó que el proyecto de resolución fue aprobado el martes 10 en coordinación de bancada de diputados del Encuentro Progresista, por unanimidad, con el respaldo de todos los sectores.

 

Juicio político

Respecto a la eventualidad del juicio político al presidente Batlle, la parlamentaria, así como Víctor Rossi, señalaron que existe mérito para promover este instrumento, pero primero deberá percibirse cuál es la voluntad política de la Cámara de Representantes sobre este punto, para luego sí evaluar los pasos a dar en la materia.

«Lo que estamos planteando acá es que la Cámara declare  lo ponemos a consideración  que las violaciones que se realizaron a la Constitución ameritarían la realización de un juicio político. No estamos planteando directamente el mecanismo de juicio político porque eso ya trasciende lo que pueden ser las decisiones de una Comisión Investigadora, y nosotros como integrantes de la Comisión, son decisiones político partidarias, y naturalmente no pueden estar planteadas en este momento.

Simplemente planteamos que se declare y que se acepten las violaciones graves a la Constitución que ameritarían que el juicio político fuera realizado», indicó.

«Se podrá promover», acotó Rossi.

Ante el requerimiento periodístico de explicar los alcances de esta propuesta, Charlone dijo que «estamos planteando que esto (el juicio político), es pertinente. Si esto es votado por la Cámara, después evaluaremos, ya como fuerza política, qué es lo que habrá que hacer».

«En este proyecto de resolución no estamos planteando ya el mecanismo de juicio político, sino que estamos llevándolo a consideración de la Cámara», señaló.

Según Rossi, «se están estableciendo las responsabilidades. ¿Existieron violaciones? ¿Cómo se consideran las violaciones a la Constitución? A través del juicio político. La Cámara tendrá que resolver, y si esto se aprueba, se analizará a nivel político en el lugar que corresponda si se promueve o no».

 

«Permisividad»

En torno a las responsabilidades del mandatario y del Banco Central, Charlone indicó que «en todo este tema la crisis bancaria que afectó al país no se generó por el ‘corralito’ ni se generó simplemente como la consecuencia directa sin más de la corrida con Argentina. Acá, estas instituciones sobre las que operó la crisis venían funcionando en marco de permisividad, de flexibilización de las normativas, y tenían todas ellas bastantes problemas».

Expuso como ejemplo, «problemas patrimoniales que ya estaban en los informes técnicos del Banco Central. En este marco de operar la crisis sobre instituciones financieras que venían ya muy mal, y luego las medidas que se toman, ya sea de asistencia financiera por parte del Banco Central, del Poder Ejecutivo, por contrato de capitalización con el Banco Comercial, que es una asociación que hace el Estado con los bancos internacionales sin consentimiento del Parlamento y con desconocimiento, lo que implica la violación del artículo 188 de la Constitución».

«Además hubo omisión y fallaron los controles. Cuando pensamos en instituciones en las que hace nueve o diez años se venían generando situaciones de fraude o que los préstamos eran a empresas vinculadas y tenían enormes niveles, donde se incumplían permanentemente los planes de capitalización, y no se tomaban medidas, pensamos que tanto el Banco Central como el Poder Ejecutivo tienen responsabilidades, ya sea por acción o por omisión». *