¿A quién le sirve el desmantelamiento de la Brigada Antidrogas?

Carlos Peláez

La destitución del director nacional de Policía inspector general Roberto Rivero fue anunciada por el ministro del Interior, Guillermo Stirling, el pasado jueves 1º de Junio. El jerarca mencionó «discrepancias con los criterios operativos» pero dejó a salvo el buen nombre del más alto oficial de la Policía uruguaya.

Sin embargo, en declaraciones formuladas a diferentes radios capitalinas, el ministro calificó el viernes como «terrorismo de Estado» la investigación que sobre el director de Búsqueda, Danilo Arbilla, había iniciado la Brigada Antidrogas. No explicó con claridad cómo Rivero pasó de ser un ejemplo para la fuerza policial a casi ser una escoria calificada como un terrorista de Estado.

En realidad, según indicó Brecha en su última edicion, Stirling se había enterado de esa investigación a fines de marzo, cuando en un oficio firmado por él y entregado por Rivero a la jueza Fany Canesa se solicitaba el archivo de las actuaciones judiciales iniciadas el 16 de marzo a pedido de la Brigada Antidrogas. Casi tres meses pasaron hasta que decidió destituir a un oficial con 32 años de carrera inobjetable dentro de la Policía.

La decisión del Poder Ejecutivo demuestra que a ese nivel se consideró «un exabrupto» la investigación sobre el actual vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. En consecuencia los investigadores se convirtieron en el pato de la boda.

Sin embargo, aún quedan muchas preguntas para responder. Porque más allá de que esta investigación hubiera sido un error, hay gente que por estas horas salta de alegría: ya nadie molestará a los poderosos lavadores de todos los colores.

Y eso es lo que piensan varios altos oficiales policiales con los que habló LA REPUBLICA: «El mensaje es muy claro, a los poderosos no se los puede tocar», coincidieron todos. Una de esas fuentes indicó que las jefaturas recibieron una circular donde se dan las nuevas pautas sobre el trabajo de combate al tráfico de drogas. «Básicamente se indica que la Dirección de Investigaciones, a cuyo cargo quedó el combate al narcotráfico local, debe intervenir en las operaciones al menudeo».

Sin dudas, se trata de un cambio importante en la política de represión al delito de narcotráfico, que impactará sobre todo en Punta del Este. Todos los expertos coinciden con el narcotráfico debe combatirse por sus cabezas y por sobre todo, afectar sus intereses económicos. Exactamente lo contrario a lo que hará ahora nuestro país.

Las fuentes a que accedió LA REPUBLICA indicaron que «las Direcciones de Investigaciones locales no tienen ni estructura, ni vínculos para enfrentar el tráfico a gran escala. A nivel del Mercosur, por ejemplo, que era la línea seguida por el inspector Rivero. Ahora volveremos a detener a los perejiles que fuman un porrito o tienen un gramo de coca escondido en el espejo del baño».

Ante tal razonamiento conviene preguntarse ¿a quién le sirve el desmantelamiento de la Brigada Antidrogas de Maldonado?

Todas las fuentes vinculadas al combate de ese delito, ya sean policiales o de Prefectura, coinciden con que durante el verano el tráfico de todo tipo de drogas, sobre todo marihuana, cocaína y sintéticas como el éxtasis o el ácido lisérgico (LSD) se incrementa notoriamente.

En el pasado las tareas represivas estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones pero lo resultados no mostraban la eficacia deseada, sobre todo por una sociedad acosada por mafiosos y traficantes que operaban con protección política y por lo tanto, absoluta impunidad. Tan poco eficiente que en 1996 cuando se investigó y detuvo a Omar Clavijo, sindicado como el responsable del narcotráfico local, los jueces Canesa y Homero Da Costa eligieron a un pequeño puñado de policías de su más absoluta confianza para llevar adelante una de las investigaciones más difíciles de cuántas realizaron en Maldonado. A propósito de la protección política a los traficantes, vale consignar la respuesta que la jueza Canesa, entrevistada por nuestro corresponsal en Maldonado, dio el 16 de abril pasado.

–En 1996 el juez Da Costa y usted procesaron a dos traficantes que operaban con impunidad. Después de cuatro años ¿puede decirnos si esa banda tenía protección política?

–Sus agendas revelaban importantes contactos, al igual que las escuchas telefónicas. En su momento hubo hechos muy llamativos, pero la probatoria no alcanzó para continuar las investigaciones.