La Ley 16.431 obliga al Estado a confiscar la casa que Arbilla vendió a los "narcos"

Las más importantes novedades surgidas ayer, tras los vanos intentos de LA REPUBLICA por conocer detalles de las tres presuntas llamadas a las oficinas de Arbilla a la central financiera del narcolavado regional, son la afirmación del escribano Morassi de que formulará hoy una amplia declaración a LA REPUBLICA sobre los motivos que lo llevaron a convertirse en el único escribano actuante de las 5 operaciones inmobiliarias que el Cártel de Juárez realizó en nuestro país, así como la posibilidad cierta de que la casa que vendió Arbilla fuera confiscada.

«La confiscación es inevitable»

En efecto, durante la jornada de ayer en varias fuentes policiales y algunas políticas trascendió que el gobierno no tendría más remedio, una vez comprobados los extremos de rigor, que «inmovilizar, confiscar y transferir» los bienes que hayan sido adquiridos por el narcotráfico.

«La confiscación es inevitable», afirmaron nuestras fuentes. La norma que obliga al Estado uruguayo es la Ley Nº 16.431 y en especial su artículo 22. Esa ley rige en nuestro país sólo desde hace 7 años, cuando en 1993 Uruguay signó con los Estados Unidos el «Tratado de Asistencia Jurídica Mutua» para combatir las actividades de los cárteles de la droga y en especial sus prácticas de lavado ilícito de dinero. El gobierno argentino ya procedió a confiscar diversas propiedades adquiridas por las mismas personas que le compraron la casa de Punta del Este a Arbilla.

Al hacerse pública la existencia de la brillante «Operación Casablanca», que agentes encubiertos llevaron a cabo en el corazón mismo del narcolavado mexicano, detectando la compra de 5 propiedades en Uruguay, la banda decidió poner a la venta esos bienes para evitar la confiscación. Logró vender uno de los cuatro campos adquiridos en Flores y puso a la venta el chalet Holiday, padrón 40027, del Barrio Lugano de Punta del Este, que el director de Búsqueda le vendió en 550.000 dólares a los narcotraficantes escondidos en la sociedad anónima Sasur. La que fuera casa de Arbilla hoy ahora está a nombre de uno de los más buscados jefes del Cártel de Juárez, el mexicano Jaime Martínez Ayón, único titular de Sasur SA.

Ya lograron los narcos eludir a la Justicia y al Tratado Antidrogas, vendiendo uno de los campos de Flores. ¿Lograrán vender la casa de Arbilla y los tres campos restantes antes de la confiscación?

Morassi emitirá una declaración

La opinión pública no sale de su estupor ante las cinco circunstancias que fuentes policiales cercanas al inspector Rivero describieron a LA REPUBLICA y sobre las que se asentaron las sospechas y las investigaciones del otrora incorruptible director de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (D.G.R.T.I.D.), Roberto Rivero, recientemente ascendido al rango más alto como director nacional de Policía y destituido pocas semanas después de abrir esta investigación que tiene en vilo a la ciudadanía.

Poco se había podido ayer avanzar al respecto en relación con los 5 interrogantes: 1) si el 4 de octubre y el 3 de noviembre pasado se hicieron desde las oficinas de Arbilla tres llamadas telefónicas a la central financiera del narcotráfico en el Cono Sur, la ya interdicta y bloqueada «Mercado Abierto SA», entidad directriz que dirige las actividades ilícitas de la inmobiliaria de los narcotraficantes italianos Nicolás y Domingo Di Tulio, quienes hace dos años realizaron transacciones comerciales con Arbilla y con cuatro propietarios de cuatro campos en Flores por un valor superior al millón de dólares descubiertos por la operación «Casablanca» infiltrada por DEA norteamericana; 2) si Arbilla vendió a los narcotraficantes su casa de descanso en U$S 550.000, «precio muy superior a su valor real», según afirma en su informe el jefe de la Brigada Antidrogas de Maldonado, oficial Gonzalo Cossolino, y si Arbilla tuvo contacto directo o no con el narcotraficante Nicolás Di Tulio, cuya presencia fue detectada en varias ocasiones en Maldonado y otros lugares en ocasión de las compraventas de narcolavado descubiertas por la operación «Casablanca»; 3) si el escribano Javier Mario Morassi, «amigo desde hace 30 años de Arbilla», no sólo escrituró como único escribano actuante la venta de la casa del director de Búsqueda sino que también participó en las transacciones de los otros cuatro inmuebles (en la edición de ayer se informó que eran tres campos los vendidos, pero anoche pudimos verificar que la transacción incluyó cuatro campos) en el departamento de Flores; 4) si es cierto que los narcotraficantes lo eligieron al escribano Morassi como su escribano en todas las transacciones en Uruguay, lo que lo obligaba profesionalmente a defender dentro del marco de la ley a quienes lo contrataron; 5) si es cierto que los domicilios de las dos sociedades anónimas que usaron los narcotraficantes son los domicilios del propio escribano Morassi.

LA REPUBLICA avanzó ayer aunque lentamente en la dilucidación de estas preguntas. Por lo pronto ubicó finalmente al escribano Morassi quien nos aseguró que intentaría en la noche de ayer entregarnos una amplia declaración sobre todos estos interrogantes pero que si no llegaba a tiempo lo haría en el día de hoy, domingo. Al cierre de nuestra edición no habíamos obtenido esa declaración que esperamos sea recibida en la jornada de hoy para que todos los aspectos queden aclarados y la fama y el honor de este notario, amigo personal del también escribano Guillermo Stirling, activo ministro del Interior, no sean afectadas.

También intentamos localizar al director de Búsqueda, Danilo Arbilla, para profundizar sobre esas tres presuntas llamadas formuladas hace muy poco tiempo desde sus oficinas a la sede del narcolavado regional. Pese a que lo llamamos tanto a su domicilio, como a su celular, como a su nueva residencia en Punta del Este no pudimos localizarlo. De todos modos conviene recordar a nuestros lectores que Arbilla fue muy contundente y negó ayer haber tenido todo contacto directo o indirecto, personal o telefónico con los representantes del Cártel de Juárez, con los Di Tulio y con «Mercado Abierto SA».

Intentamos además averiguar los números de teléfono desde donde habían sido formuladas las llamadas y a qué números exactamente y a qué país, así como los minutos que duró la comunicación. No tuvimos éxito en la gestión.

El inspector general Rivero sigue sin quebrar su implacable silencio afirmando que hacerlo implicaría quebrar la legalidad que por ahora lo ampara. Pese a ello LA REPUBLICA está en condiciones de asegurar que la información confidencial sobre esas llamadas existe, aunque de ninguna manera podemos afirmar que se hayan producido desde las oficinas de Arbilla y hacia la central financiera del narcolavado regional.

Seguramente tendrá que intervenir en el caso el ente respectivo, Antel, a los efectos de que no haya duda alguna sobre este tema.

Amigos cercanos a Arbilla nos han hecho saber que el director de Búsqueda es el principal interesado en que todos los aspectos sean aclarados, incluidas estas presuntas llamadas cuyos detalles sólo los conoce hasta el momento el ex director nacional de Policía y las fuentes internacionales que se las proporcionaron.

En las próximas horas, esperamos, por el bien de todos los protagonistas que podrían estar siendo objeto de una infamante e injusta sospecha, que se levante la reserva sobre estas informaciones y la verdad resplandezca.

¿Los documentos que exhibió Arbilla son reservados?

El director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla, al ser entrevistado ayer en televisión por la periodista Sonia Breccia, exhibió en ejercicio legíti
mo de su derecho de defensa un documento firmado por el director nacional de Policía, inspector general Roberto Rivero, en el cual el funcionario público fundamentaba su pedido de continuar las investigaciones sobre el narcolavado de dólares en Uruguay.

El documento fue exhibido aunque no leído, salvo en pequeñas partes. Visualmente, parecía tratarse de un documento de más de diez páginas.

LA REPUBLICA intentó ayer infructuosamente obtenerlo para darlo a conocer a la opinión pública.

Nos extraña que un documento público tan celosamente guardado haya sido exhibido, aunque no difundido por un particular que es periodista y protagonista de esta noticia, mientras que al resto de los periodistas se le niega su contenido.

Arbilla tiene todo el derecho de haber obtenido ese documento confidencial del inspector Rivero y nos congratulamos como colegas por ello, pero bueno es decirle a nuestros lectores que LA REPUBLICA intentará por todos los medios también conseguirlo para ponerlo a disposición de la opinión pública.