Blancos piden el control de recursos públicos en la gestión de figuras asociativas de derecho privado

 

 

 

Olivera considera que el Directorio nacionalista “no puede estar ajeno al control de los recursos públicos a través de la gestión realizada bajo figuras asociativas de derecho privado”.

Por tal motivo solicitó se convoque a una sesión extraordinaria ampliada del Directorio para que concurran todos los representantes nacionalistas en las empresas públicas.

Comisión Especial en la Cámara de Representantes

Olivera solicitó el año pasado la creación de una Comisión Especial en la Cámara de Representantes, para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privado.

El parlamentario planteó tal inquietud “a la vista de que la realidad demuestra que existen ámbitos donde es evidente una total ausencia de controles, como por ejemplo el caso de ALUR S.A”

Dijo que su planteo tiene por finalidad “generar un ámbito de estudio, análisis y asesoramiento a nivel parlamentario, respecto de un espacio de actividad del Estado que ha alcanzado gran dimensión”.

“La realidad actual demuestra que la intervención del Estado en la economía y en la actividad privada se ha desarrollado mediante instrumentos de diversa naturaleza, adoptando distintas formas, ya sea a través de las diferentes personas jurídicas o a través de figuras negociales como el fideicomiso”, indicó.

“En nuestro país, dicha actividad se ha desarrollado por intermedio de personas jurídicas públicas estatales menores como son los entes autónomos y servicios descentralizados industriales y comerciales, pero también a través de sociedades de economía mixta de derecho público, de derecho privado y personas jurídicas públicas no estatales o sociedades anónimas con capital estatal y/o paraestatal”, indicó.

Por tal motivo, Olivera pretende que se cree un espacio dedicado al abordaje de los diferentes aspectos que derivan de esta actividad.

“En la actualidad se presenta una considerable proliferación de instituciones instrumentales creadas bajo la forma de personas jurídicas de derecho público no estatal, naciendo a la vida jurídica sin responder a parámetros uniformes y para desarrollar los más diversos cometidos”, indicó.

Hay 12 entes autónomos, siete servicios descentralizados y 19 gobiernos departamentales, y “se han creado al menos 38 personas públicas no estatales”.

Agregó que hay que sumar la existencia de “por lo menos 22 sociedades anónimas que poseen aporte estatal, que funcionan bajo el régimen de derecho privado, nucleando a más de 3.000 funcionarios y asumiendo la gestión de algunos servicios públicos, como ser agua potable, saneamiento, gas, telecomunicaciones, energía eléctrica, entre otras”.