Lacalle Pou propone modificar aspectos de la Ley de Inclusión financiera

Lacalle Pou propone dejar abierta la opción para que sean los beneficiarios finales quienes elijan el medio.

El parlamentario plantea derogar también otras disposiciones que establecen la “obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera, en instrumento de dinero electrónico u otros mecanismos cuando la ejecución de determinadas operaciones o negocios jurídicos superan los montos establecidos por la Ley”.

Tal es el caso de las enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles; arrendamientos, subarrendamientos y crédito de uso de inmuebles; adquisiciones de vehículos motorizados; pago de tributos; ingresos o egresos dinerarios por aportes de capital.

En su exposición de motivos, el senador expresa que todas las personas tiene “derecho a elegir libremente la forma o el mecanismo mediante el cual desean cobrar su sueldo, pagar una cuenta o realizar un negocio jurídico”.

“No somos partidarios de un sistema que obliga y por ende derriba el principio de libertad y de la autonomía de la voluntad”, expresó Lacalle Pou.

El camino no debe ser la imposición

Si lo que verdaderamente busca la Ley de Inclusión financiera es una “mayor y mejor inclusión social, entonces el camino no debe ser el de la imposición, sino el de buscar los incentivos necesarios generen en las personas una inclusión voluntaria al sistema propuesto”.

Asimismo, el legislador blanco expresa que “es cierto que es más fácil implementar un mecanismo de imposición como el que llevo adelante el Gobierno, pero alcanza solo con educar y convencer que la herramienta es buena para el país y su gente, para lograr una inclusión verdadera”.

Lacalle Pou indica que la Ley de Inclusión financiera “ha tenido enormes problemas de implementación en el interior del país y entre los sectores más vulnerables”.

Asegura que ello ha motivado sucesivas postergaciones de entrada en vigencia de algunas de sus disposiciones.

“Basta con recordar que hay más de 400 localidades en el interior que no cuentan con cajeros automáticos y mucho menos con bancos y que esa gente debe recorrer decenas o cientos de kilómetros para encontrar un punto de extracción de dinero. A esta gente no le estamos haciendo la vida más fácil, y mucho menos inclusiva”, asegura.

También indicó que “algo similar sucede con las cientos de transacciones y negocios jurídicos que se celebran día a día”.

“Ya son varias las voces de los principales agentes que intervienen en estas operaciones que no han vacilado en afirmar cuan ridículos son los montos autorizados y cuan engorroso es poner en práctica un sistema que no se aggiorna a la realidad, y que por obligatorio termina siendo perjudicial”, manifestó.